El juez interrogar¨¢ al funcionario que denunci¨® la trama del 1% del PP de Aguirre

EL PA?S revel¨® este mes que el actual Ejecutivo ha detectado casi 200 contratos solo en la Consejer¨ªa de Transportes con la cl¨¢usula que obligaba a los concesionarios a dedicar un 1% del montante total a publicidad. El juez investiga ya 16 acuerdos de ese departamento (por 74,65 millones de euros), y 34 m¨¢s del de Sanidad, por si se emplearon para compensar a las compa?¨ªas que trabajaban gratis en las campa?as electorales del PP, adem¨¢s de para nutrir la supuesta caja b de la formaci¨®n.

El nuevo testigo es Francisco Javier B. M., que en 2013 acudi¨® en su condici¨®n de secretario y representante de la Junta de Personal de Funcionarios (¨®rgano con funciones similares a las de un comit¨¦ de empresa) a una reuni¨®n en la Consejer¨ªa de Transportes para denunciar la supuesta existencia en este departamento, al menos desde 2009, de "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras", en referencia al 1% reservado para publicidad que ahora se investiga en el caso P¨²nica. Entonces, el ejecutivo madrile?o estaba presidido por Ignacio Gonz¨¢lez y el consejero de Transportes era Pablo Cavero. En aquel encuentro, que estuvo precedido de dos cartas de los funcionarios detallando las supuestas irregularidades dirigidas precisamente a Cavero, no particip¨® este, sino el entonces n¨²mero dos de su consejer¨ªa, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Tras su celebraci¨®n, el gobierno madrile?o no tom¨® ninguna medida.

Ahora, sin embargo, aquella denuncia se ha convertido en una nueva l¨ªnea de investigaci¨®n para el juez y Anticorrupci¨®n en su b¨²squeda de nuevos indicios sobre la trama del 1%. De hecho, la existencia de la reuni¨®n y las cartas precedentes no se hab¨ªa conocido hasta que las revel¨® eldiario.es el pasado 23 de septiembre, cinco a?os despu¨¦s de las primeras detenciones del caso P¨²nica. Tras publicarse, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitieron a la Audiencia Nacional un oficio en el que daban cuenta de la existencia de las misivas y mostraban sus convencimiento de que su contenido "permit¨ªa conocer que funcionarios de la Comunidad de Madrid alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez de la corrupci¨®n del 1% en los contratos p¨²blicos". Los agentes inclu¨ªan en este documento policial el nombre de uno de los firmantes de dicho escrito, Enrique ?.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s, la Fiscal¨ªa presentaba ante el juez el escrito en el que solicitaba que se citase a declarar como testigo a este funcionario "a los efectos de aportar prueba en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la pieza de financiaci¨®n il¨ªcita del PP de la Comunidad de Madrid". Anticorrupci¨®n recordaba que "la investigaci¨®n ha revelado que, como una forma de desviar dinero de las arcas p¨²blicas de determinadas consejer¨ªas de la Comunidad de Madrid, como Transportes y Sanidad, los pliegos de los contratos licitados desde las mismas inclu¨ªan una cl¨¢usula que reservaba hasta el 1% del importe del contrato para pago de publicidad o informaci¨®n de la obra a cargo del adjudicatario. Dicha publicidad -continuaba la fiscal¨ªa- era facturada por ciertas empresas del c¨ªrculo de confianza del PP de Madrid que, o bien no prestaban la publicidad o la sobrevaloraban".

El magistrado finalmente tom¨® declaraci¨®n a Enrique ?. el pasado 11 de noviembre. En la misma, este funcionario detall¨® que ¨¦l no particip¨® en aquel encuentro con el n¨²mero dos de la Consejer¨ªa de Transporte, y facilit¨® el nombre de su compa?ero Francisco Javier B. M., al que el juez tomar¨¢ declaraci¨®n el pr¨®ximo 21 de enero, seg¨²n una providencia del pasado 17 de diciembre a la que ha tenido acceso EL PA?S.

Seg¨²n un informe de la UCO del pasado marzo, la supuesta trama del 1% se decidi¨® en una reuni¨®n celebrada a comienzos de 2004 en la que supuestamente participaron Esperanza Aguirre y algunos de los miembros de su gobierno, entre ellos Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. En dicho encuentro, presuntamente se acord¨® indicar a las empresas que resultaran beneficiadas con contratos p¨²blicos que el 1% destinado a campa?as de publicidad para dar a conocer las obras fueran adjudicadas a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado, imputado en la causa.

El objetivo era pagar al empresario los actos de campa?a que organizaba para el PP de Madrid. Cuando Aguirre fue preguntada por esta reuni¨®n en su declaraci¨®n como imputada del pasado octubre, rest¨® importancia a la misma y lo redujo a un breve encuentro fuera de su despacho. La expresidenta madrile?a insisti¨® entonces en que se hab¨ªa enterado "por el sumario" de la trama del 1% madrile?o.