El gobierno a trav¨¦s de los jueces

Se ha dicho a veces que una de las consecuencias m¨¢s graves de la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es la politizaci¨®n de la justicia. Como si una fuera la consecuencia de la otra. Ahora empezamos a ver que no es exactamente as¨ª. Que no estamos solo ante un proceso de politizaci¨®n de la justicia sino ante una estrategia consciente y deliberada, emprendida hace tiempo por el principal partido de la derecha, el PP, de utilizar la administraci¨®n judicial para garantizar que podr¨¢ ganar en los tribunales las batallas que pierda en el ¨¢mbito parlamentario o, en su defecto, para torpedear la labor de gobierno del adversario pol¨ªtico. No es el gobierno de los jueces, sino a trav¨¦s de los jueces. As¨ª lo viene practicando el PP desde hace tiempo y ahora, tanto Pablo Casado como Santiago Abascal anuncian sin disimulo que recurrir¨¢n a los tribunales para torpedear al nuevo Gobierno e incluso amenazan con demandar a Pedro S¨¢nchez por prevaricaci¨®n y alta traici¨®n.

Pero esa forma de proceder no tendr¨ªa ning¨²n ¨¦xito sin la aquiescencia y colaboraci¨®n de decenas de jueces sobre los que pesa la sospecha de que act¨²an movidos m¨¢s por la voluntad de defender determinados criterios y objetivos partidistas que por el deseo de aplicar la ley e impartir justicia. La propia administraci¨®n de los tiempos judiciales, tan lentos para los proceso ordinarios, parece con frecuencia estar al servicio de la oportunidad pol¨ªtica, como ha ocurrido ahora con la sorprendente decisi¨®n de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitaci¨®n del presidente Quim Torra, cuyo contenido fue adelantado, no por casualidad, por Pablo Casado a pocas horas del debate de investidura.

Resulta del todo an¨®malo que un ¨®rgano meramente administrativo, y por tanto, no judicial, se atribuya la potestad de interpretar y aplicar la ley electoral de tal manera que su decisi¨®n implique el cese del presidente de la Generalitat, pasando por encima de la potestad del Parlamento catal¨¢n y conculcando derechos tan fundamentales como el de defensa o el de presunci¨®n de inocencia.

La sentencia que inhabilita a Torra no es firme, y podr¨ªa darse el caso de que una vez cesado, un tribunal de casaci¨®n revocara la resoluci¨®n de la Junta Electoral. Estar¨ªamos ante una situaci¨®n de hechos judiciales consumados de efectos irreversibles. Y no ser¨ªa la primera vez. Ya ocurri¨® con la acusaci¨®n por rebeli¨®n que permiti¨® mantener en prisi¨®n preventiva y privar de sus derechos pol¨ªticos a los l¨ªderes independentistas procesados. Y volvi¨® a ocurrir cuando el Tribunal Supremo decidi¨® presentar ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea una cuesti¨®n prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras y, sin esperar su respuesta, continuar con el proceso, de manera que ahora, ante una resoluci¨®n que reconoce la inmunidad del eurodiputado, pueda decir que la sentencia ya no es aplicable porque entretanto ha sido condenado.

La resoluci¨®n de la Junta Electoral sobre la inhabilitaci¨®n del Presidente Torra es el ¨²ltimo ejemplo de un largo rosario de resoluciones, sentencias y actuaciones judiciales controvertidas que, todas juntas, explican la quiebra de la confianza en la Administraci¨®n de Justicia. Estamos ante el escenario de un poder judicial que corre el riesgo de dejar de ser respetado porque ya no es percibido como el garante del imperio de la ley. ?Cu¨¢ntas m¨¢s controversias jur¨ªdicas puede admitir nuestro sistema judicial sin que se derrumbe su legitimaci¨®n social? Son ya demasiadas, y el hecho de que cualquier decisi¨®n jur¨ªdica pueda ser objeto de discusi¨®n porque la aplicaci¨®n de la ley est¨¢ sujeta a un margen de interpretaci¨®n no deber¨ªa ser coartada para un uso perverso del debate jur¨ªdico. El resultado es un clima de confusi¨®n que alimenta una idea peligrosa para la democracia: la de que ni siquiera la Justicia es confiable.

Hemos llegado a esta situaci¨®n porque el sistema de gobierno de la Administraci¨®n de Justicia ha permitido que los partidos mayoritarios hayan tenido la potestad de decidir la composici¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, y a trav¨¦s de este, de ¨®rganos jurisdiccionales tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o la Junta Electoral Central, todos ellos protagonistas hoy del devenir pol¨ªtico. El PP se ha preocupado de asegurar la presencia de jueces afines en cada uno de estos ¨®rganos y no ha dudado en maniobrar para mantener las posiciones alcanzadas, como cuando alter¨® la composici¨®n del Tribunal Constitucional para conseguir una mayor¨ªa favorable a sus tesis sobre el Estatut de Catalu?a. El alto tribunal no se ha recuperado de esa maniobra. La misma degradaci¨®n amenaza ahora a toda la c¨²pula judicial. La ¨²nica forma de que pueda recuperar la confianza es una reforma en profundidad del sistema de elecci¨®n y gobierno de los jueces.