Sin tiempo para investigar ¡®P¨²nica¡¯
A cuatro meses para que termine la instrucci¨®n, Anticorrupci¨®n insta a la Comunidad y sus organismos a que proporcionen ¡°urgentemente¡± informaci¨®n
A finales de enero, el grupo de inform¨¢tica forense de la Guardia Civil comunic¨® al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n un avance tecnol¨®gico que pod¨ªa dar un nuevo impulso al caso P¨²nica. Tras casi cuatro a?os sin poder acceder a un tel¨¦fono Iphone y una Blackberry incautados al empresario Javier L¨®pez Madrid, investigado por la trama de corrupci¨®n, un programa inform¨¢tico de ¨²ltima generaci¨®n hab¨ªa permitido acceder al primero de estos dispositivos.
Ha sido, sin embargo, un ¨¦xito agridulce por dos razones. Primera, porque el tiempo para concluir la investigaci¨®n se agota. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 limita desde entonces a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas como son los casos de corrupci¨®n. Al caso P¨²nica le quedan, de hecho, tan solo cuatro meses para concluirse. Y segunda, porque cada avance tecnol¨®gico cuenta para no dejar cabos sueltos, accediendo, por ejemplo, a los secretos que pueden guardar m¨®viles como los de L¨®pez Madrid o el expresidente Ignacio Gonz¨¢lez, tambi¨¦n investigado en el caso P¨²nica, adem¨¢s de estar imputado en Lezo. En su caso, la Guardia Civil a¨²n no ha conseguido desbloquear un m¨®vil que le intervino en 2017, cuando fue detenido por este ¨²ltimo caso. Y no es cosa menor. En marzo del a?o pasado, s¨ª hab¨ªa conseguido acceder a un dispositivo inform¨¢tico del mismo exdirigente del PP y localiz¨® informaci¨®n relevante. Se tard¨® dos a?os.
?Qu¨¦ pasa ahora con los m¨®viles de la P¨²nica? ¡°[Pedimos] que no se proceda a la devoluci¨®n de los terminales telef¨®nicos, permaneciendo a disposici¨®n al objeto de realizar sobre ellos las ulteriores actuaciones que puedan resultar necesarias para el esclarecimiento de los hechos¡±, solicitaban recientemente en un oficio los investigadores de la Guardia Civil. La petici¨®n refleja que el tiempo corre en contra de los investigadores y a favor de los investigados en el caso P¨²nica,como muestran numerosas diligencias enviadas a la Comunidad de Madrid, sus organismos adscritos, y empresas, desde que arranc¨® este a?o.
¡°Teniendo en cuenta que la instrucci¨®n de la causa est¨¢ en el ¨²ltimo plazo (¡) debe aportar la documentaci¨®n requerida de forma urgente¡±, se lee en uno de los ¨²ltimos escritos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n incorporados a un sumario que acumula cerca de 280 tomos y tiene ya m¨¢s de 200 investigados repartidos en 11 piezas separadas. Entre los imputados, tres expresidentes regionales ¡ªIgnacio Gonz¨¢lez, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes¡ª, y entre las piezas, una dedicada en exclusiva a la presunta financiaci¨®n ilegal del PP regional. Por ello, el juez intent¨® que fuera m¨¢s tiempo, y en 2018 acord¨® que la instrucci¨®n se alargara hasta el 30 de marzo de 2022. Sin embargo, la Audiencia Nacional redujo esa pr¨®rroga y marc¨® junio de 2020 como fecha tope.
Roces entre juez y fiscales
Los plazos est¨¢n provocando roces sin precedentes entre el juez y los fiscales. ¡°El auto es contundente¡±, celebraba en enero el abogado defensor de Francisco Granados, exconsejero regional, exsenador y presunto cabecilla de la trama, que pidi¨® y consigui¨® entonces que se suspendiera la declaraci¨®n de una testigo-perito porque el juez acaba de denegar una petici¨®n de la Fiscal¨ªa para requerir al Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la red de corrupci¨®n, documentos previos a 2004, cuando se aprob¨® el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana del municipio. El magistrado consider¨® que cualquier delito cometido entonces ya estar¨ªa prescrito. Esta decisi¨®n amenaza con enterrar una parte de la causa. ¡°La denegaci¨®n de las diligencias causa indefensi¨®n al Ministerio Fiscal (¡) Adem¨¢s, valorando que estamos en el plazo m¨¢ximo de instrucci¨®n de la causa, y que el mismo est¨¢ pr¨®ximo a concluir, el dictado de este Auto motiva la interposici¨®n de un recurso cuya preparaci¨®n, y resoluci¨®n por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucci¨®n que es extremadamente compleja¡±, respondieron airadas las fiscales en un escrito en el que el t¨¦rmino ¡°URGENTE¡± se cita as¨ª, en may¨²sculas y subrayado.
A la vez, defensas y acusaciones tambi¨¦n meten presi¨®n en el caso P¨²nica. Las primeras bombardean con escritos para que sobresean la causa para sus clientes. Las segundas aspiran a que aumente la n¨®mina de imputados. Lo intent¨® IU con el PP por el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para sufragar sus gastos electorales. Por ahora, sin ¨¦xito. La Fiscal¨ªa rechaz¨® su propuesta: ¡°Consideramos que es prematuro realizar una valoraci¨®n de la participaci¨®n del propio PP que justifique su llamada a la causa¡±. Tanta es la complejidad de la investigaci¨®n, y tan pesada la carga de trabajo, que un tercer fiscal acaba de incorporarse a la investigaci¨®n.
Mientras el reloj corre, se acumulan las dificultades. En las ¨²ltimas semanas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y algunos de sus organismos han informado al juez que no encuentran los expedientes de algunas adjudicaciones que se les hab¨ªan reclamado. No es la primera vez. En 2017, el ejecutivo madrile?o ya admiti¨® que hab¨ªa ¡°traspapelado¡± otra documentaci¨®n que le reclamaba la Audiencia Nacional o reconoc¨ªa haber borrado el contenido de correos oficiales, entre ellos el de Granados. Incluso se han denunciado cuatro robos en Ayuntamientos salpicados por la trama.
Las fechas claves de un caso complejo
En diciembre de 2012 las autoridades helv¨¦ticas iniciaron la Operation Parcelle tras detectas maniobras de blanqueo de dinero en varias cuentas bancarias. Justo 14 meses despu¨¦s, informaban a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola de que entre los titulares de estos dep¨®sitos aparec¨ªan el constructor David Marjaliza y Francisco Granados.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inici¨® entonces una investigaci¨®n que desemboc¨® en junio de 2014 con la presentaci¨®n de una querella en la Audiencia Nacional contra Granados y Marjaliza, entre otros. En octubre de ese mismo a?o, la Guardia Civil tuvo que precipitar las detenciones tras detectar un chivatazo. En esa primera fase fueron arrestadas medio centenar de personas.
Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-Le¨®n son los epicentros de una trama tan compleja que lleg¨® a contar con 16 piezas separadas, ahora reducidas a 11. S¨®lo se ha celebrado un juicio, el del chivatazo, en el que Granados fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel. El Tribunal Supremo confirm¨® la pena en marzo de 2019.
En septiembre de 2019, el juez firm¨® un auto en el que imputaba a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid.
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