Los juzgados suspenden siete desahucios cada d¨ªa en Barcelona

Los juzgados de Barcelona se ven forzados, cada vez con m¨¢s frecuencia, a posponer los desahucios que ellos mismos ordenan. El a?o pasado dictaron 2.560 suspensiones, lo que supone una media de siete cada d¨ªa. La dificultad de los servicios sociales para dar alternativas a las familias vulnerables, la poca presencia policial y, sobre todo, la presi¨®n ciudadana a pie de calle explican una pr¨¢ctica cada vez m¨¢s frecuente. La oposici¨®n activa ha sido protagonizada, en ocasiones, por trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona, lo que ha provocado las quejas de los jueces y un enfrentamiento abierto con Ada Colau.

Los datos a los que ha accedido EL PA?S se?alan que las 2.560 suspensiones dictadas en 2019 ¡ªen ocasiones, el caso de un mismo propietario o inquilino da lugar a m¨¢s de una suspensi¨®n¡ª representan el 53% del total de 4.770 lanzamientos se?alados. El porcentaje es similar al del a?o anterior (55%) y evidencia la dificultad de los juzgados civiles para cumplir sus resoluciones.

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En casi la mitad de las suspensiones, la causa tiene que ver con la oposici¨®n activa que las plataformas de vecinos y afectados ejercen sobre la comitiva judicial. Si esa resistencia no es desactivada por la polic¨ªa el desahucio no puede cumplirse y queda suspendido. En otros casos, seg¨²n denuncian los operadores jur¨ªdicos, la falta de respuesta de los servicios sociales, que tardan demasiado tiempo en dar respuesta a casos de vulnerabilidad, obliga tambi¨¦n a aplazar las ejecuciones. Con la consecuencia l¨®gica de que los propietarios ven c¨®mo los procesos judiciales se eternizan.

Los activistas y las entidades a favor del derecho a la vivienda aplauden el aumento de suspensiones y lo ven como un triunfo. Los propietarios, en el otro lado de la trinchera, muestran su descontento y ven vulnerados sus derechos. Y entre ambos quedan los jueces que, aunque dicen ¡°empatizar¡± con las personas forzadas a abandonar su hogar, recuerdan que su misi¨®n es que se cumplan las leyes, que deben ser ¡°imparciales y neutrales¡± y a?aden que han de tutelar, tambi¨¦n, los derechos de quien demanda un desahucio.

Hace siete a?os, en el peor momento de la crisis econ¨®mica y con un alarmante aumento de los lanzamientos, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona y otros entes firmaron un protocolo orientado en dos direcciones. Por un lado, proteger a las comitivas judiciales ante el ¡°aumento de la peligrosidad¡± de los lanzamientos (con ¡°exhibici¨®n de armas¡± a los funcionarios, ¡°amenazas¡± y hasta ¡°intentos de suicidio¡±). Por el otro, ayudar a las familias: pactaron que los juzgados informen de las situaciones de riesgo a los servicios sociales, que tienen 10 d¨ªas para remitir un informe y buscar alternativas.

Las actas de las reuniones entre las dos partes desde 2015, a las que ha accedido este diario, muestran un descontento creciente con la llegada al Consistorio de Ada Colau. Ese conflicto ha estallado p¨²blicamente esta semana. Tras las cr¨ªticas de los jueces por la oposici¨®n activa en algunos desahucios por parte de trabajadores municipales del SIPHO (Servicio de Intervenci¨®n en la P¨¦rdida de la Vivienda y Ocupaci¨®n), la alcaldesa ha salido en su defensa y ha afirmado que seguir¨¢n actuando de la misma forma.

En las reuniones de seguimiento del protocolo, el Ayuntamiento se queja de forma recurrente de que conoce los casos vulnerables demasiado tarde, cuando el proceso est¨¢ ya en la ¨²ltima fase. Un alto cargo del Ayuntamiento se?ala, por ejemplo, que en muchos casos se ven obligados a actuar ¡°a ciegas¡±. La otra parte lo niega. Los secretarios judiciales denuncian que los servicios sociales no responden a tiempo. Los procuradores subrayan que los propietarios ¡°no entienden¡± que tengan que esperar tanto tiempo, a veces un a?o, para recuperar sus fincas.

Reproches cruzados

El conflicto se hizo m¨¢s evidente en la reuni¨®n de febrero de 2019. El presidente del TSJC, Jes¨²s Barrientos, hizo aflorar las denuncias de funcionarios sobre ciertos comentarios en Twitter de concejales que ¡°instan a parar los lanzamientos y la actuaci¨®n de la comisi¨®n judicial¡±. Barrientos reproch¨® que el Ayuntamiento ¡°inste¡± suspensiones provocadas por plataformas y asociaciones vecinales. Los jueces constataron que, en algunos casos, los trabajadores del SIPHO, que depende del Ayuntamiento, pusieron obst¨¢culos al desalojo. Un alto cargo municipal replic¨® que es ¡°err¨®neo¡± vincular al SIPHO con movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La realidad de las suspensiones pone en alerta a los propietarios. La responsable de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, opina que aumentan sobre todo por ¡°la presi¨®n social y de las plataformas¡±. ¡°Tambi¨¦n hay presi¨®n de los medios de comunicaci¨®n, que apoyan casos que no siempre est¨¢n contrastados ni responden a situaciones de vulnerabilidad¡±.

El aumento de suspensiones es un hecho que celebra el Sindicato de Inquilinos. ¡°Lo vivimos felizmente. Nos da m¨¢s tiempo para negociar con la propiedad o para conseguir recursos habitacionales alternativos, como un piso de la mesa de emergencia o de la bolsa de alquiler¡±. Las mismas fuentes se?alan que, ante un lanzamiento, el sindicato se re¨²ne con la comitiva judicial, que decide si se ejecuta.

En la misma l¨ªnea, Josep Babot, del grupo impulsor de la ILP contra la emergencia habitacional, cree que hay m¨¢s suspensiones porque ¡°hay muchos m¨¢s grupos de vivienda y se ha producido un empoderamiento¡±, y anima a que haya m¨¢s porque a¨²n se ejecutan muchos desahucios ¡°sin alternativa viable¡±.

El gerente de la C¨¢mara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ?scar Gorgues, atribuye las suspensiones a la ¡°enorme presi¨®n¡± de las plataformas y su ¡°fuerza en redes sociales para explotar casos medi¨¢ticos¡±. ¡°Para un propietario¡±, dice, ¡°supone una gran indefensi¨®n y un perjuicio econ¨®mico enorme: viene de no cobrar rentas, de un viacrucis judicial, de asumir costes¡­ la justicia no es r¨¢pida y el d¨ªa que llega el momento le dicen que no¡±. Gorgues asegura que cuando se trata de un peque?o propietario la situaci¨®n es ¡°tremenda¡±. ¡°No tiene sentido que los propietarios carguen con la falta de un parque p¨²blico de vivienda¡±, considera. Sobre la SIPHO, conviene que ¡°es mucho m¨¢s activista y contundente a la hora de gestionar los casos que los servicios sociales, que llevan a?os diciendo que no quieren ir a los desahucios¡±.