El Parlamento chileno aprueba la ley que aumenta el poder de la polic¨ªa en medio de una crisis de seguridad

El Parlamento chileno ha aprobado este mi¨¦rcoles por una amplia mayor¨ªa un proyecto de ley llamado Na¨ªn-Retamal, por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que le otorga m¨¢s herramientas a las polic¨ªas frente a los delincuentes en medio de la crisis de seguridad que marca la agenda p¨²blica. La iniciativa eleva las penas a quienes cometan delitos contra las polic¨ªas y establece la leg¨ªtima defensa privilegiada de los agentes de seguridad y los militares ¨Cla presunci¨®n de uso justificado de su arma de servicio¨C cuando su integridad f¨ªsica o la de un tercero est¨¦ gravemente en riesgo. El proyecto de ley cont¨® con los votos de la izquierda tradicional y la derecha, mientras que gran parte de la coalici¨®n de origen del presidente Gabriel Boric le dio la espalda al art¨ªculo m¨¢s controversial: el que consagra en el C¨®digo Penal la leg¨ªtima defensa privilegiada para funcionarios policiales y de orden p¨²blico.

Los dos bloques que conforman el Gobierno de Gabriel Boric -Apruebo Dignidad (AD) y Socialismo Democr¨¢tico (SD)- mostraron su fractura en la votaci¨®n. La mayor¨ªa de los congresistas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que forman la coalici¨®n original del presidente chileno, rechazaron el proyecto de ley. Mientras, los partidos de la izquierda moderada, las fuerzas que alguna vez conformaron la Concertaci¨®n (1990-2010), votaron a favor, como quer¨ªa el Ejecutivo. En el tercer tr¨¢mite legislativo, votado este mi¨¦rcoles, la derecha apoy¨® la iniciativa y los representantes del Partido Republicano, de extrema derecha, la rechaz¨®.

Uno de los puntos que mayor fricci¨®n gener¨® fue el de la defensa personal de los agentes de Carabineros, la Polic¨ªa de Investigaciones, PDI, y Gendarmer¨ªa cuando realicen funciones de orden p¨²blico y seguridad p¨²blica interior. La ministra del Interior, Carolina Toh¨¢, que lider¨® la negociaci¨®n por parte del Ejecutivo, logr¨® junto a su equipo que se eliminara la indicaci¨®n que avalaba la leg¨ªtima defensa privilegiada cuando se quisiera impedir un delito grave. Cedieron ante la oposici¨®n, sin embargo, en la propuesta de enmarcar el estatuto en el C¨®digo Penal y no en el C¨®digo de Justicia Militar, donde ya existe el principio de la leg¨ªtima defensa para casos extremos.

¡°Acordamos dejar fuera algunas ideas francamente aberrantes que se intentaron meter en este proyecto como, por ejemplo, que los mandos no tuvieran responsabilidad de sus subordinados salvo que les ordenaran expl¨ªcitamente cometer delitos¡±, sostuvo esta tarde la ministra Toh¨¢. Tambi¨¦n reiter¨® la necesidad de apoyo que requieren las fuerzas de seguridad, lo que debe ir ¡°acompa?ado de exigencias y l¨ªmites¡±. ¡°En el proyecto de hoy podemos dar algunos pasos, pero son totalmente insuficientes¡±, a?adi¨®. Est¨¢ previsto que el Gobierno presente en los pr¨®ximos d¨ªas un proyecto para fijar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en los procedimientos policiales.

El presidente Boric hab¨ªa emplazado en la v¨ªspera a los legisladores a votar ¡°con un alto sentido de responsabilidad¡±, escuchando a los expertos y organizaciones que hab¨ªan llamado la atenci¨®n ¡°sobre los efectos nocivos¡± que podr¨ªa generar el proyecto de ley. El mandatario se refer¨ªa, entre otros, a representantes de la Organizaci¨®n de Naciones Unidas, ONU, que alertaron sobre posibles espacios para violaciones de derechos humanos o impunidad, adem¨¢s de obst¨¢culos en el acceso a la justicia para las v¨ªctimas de eventuales abusos.

M¨¢s de un centenar de profesionales del derecho penal y de la criminolog¨ªa tambi¨¦n mostraron sus reparos a trav¨¦s de una carta, en la que daban cuenta del riesgo de aumentar la confusi¨®n en el uso de la fuerza policial y afectar los derechos de las personas y la responsabilidad en el ejercicio de la funci¨®n p¨²blica. El Grupo Puebla, a su vez, public¨® que ¡°la seguridad de las personas no puede hacerse a costa de violar los derechos humanos de las mismas¡±.

Tras una marat¨®nica jornada de negociaciones el martes en el Senado, la oposici¨®n atenu¨® la redacci¨®n del proyecto de ley presentado por Renovaci¨®n Nacional, partido de centroderecha. Eliminaron la causal de leg¨ªtima defensa frente a ataques sin armas de dos o m¨¢s personas, adem¨¢s del ya mencionado para impedir un delito grave.

La discusi¨®n sobre la iniciativa se hizo contra reloj y no estuvo exenta de tensiones. El Gobierno le puso suma urgencia para su votaci¨®n tras el asesinato de una carabinera a finales de marzo, la segunda funcionaria muerta a tiros del mes. Su caso gener¨® conmoci¨®n e indignaci¨®n en la ciudadan¨ªa que urge a la clase pol¨ªtica controlar la delincuencia. La apuesta original de la Administraci¨®n de Boric era aprobar el proyecto en la C¨¢mara de Diputados para luego modificarla en el Senado. Pero este lunes en la Comisi¨®n de Seguridad Ciudadana del Senado, la ministra Toh¨¢ y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se levantaron de la mesa de negociaci¨®n tras un portazo de la derecha a discutir sus indicaciones. Finalmente, ambas partes cedieron en algunos puntos.

Los conflictos por el proyecto de ley no solo se vieron entre oficialismo y oposici¨®n. Tambi¨¦n le supuso un rifirrafe interno al Gobierno de Boric. Primero, el Ejecutivo le pidi¨® a los parlamentarios de sus dos coaliciones que aprobaran la iniciativa en la C¨¢mara de Diputados, donde solo cont¨® con los votos de la centroizquierda y la derecha. Despu¨¦s de su aprobaci¨®n en esa instancia, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, calific¨® la ampliaci¨®n del margen para la leg¨ªtima defensa de las polic¨ªas de promover ¡°el gatillo f¨¢cil¡±. Sus cr¨ªticas al texto molestaron a los socialistas, que apoyaron la iniciativa siguiendo las propias ¨®rdenes del Ejecutivo.

Tras una intensa semana de negociaciones, el proyecto ya est¨¢ en condiciones de convertirse en ley de la Rep¨²blica una vez que lo firme el presidente Boric.