La tortuosa v¨ªa chilena al cambio constitucional

El disenso constitucional en Chile se arrastra desde hace mucho tiempo: con claridad desde 1980 (a?o en el que la actual Constituci¨®n fue redactada y, un a?o m¨¢s tarde, plebiscitada de modo fraudulento) y, a decir verdad, desde el golpe de Estado de 1973, momento en el cual la Constituci¨®n fue defenestrada por la fuerza (aunque, ir¨®nicamente, tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet justificaron su actuaci¨®n en nombre de la Constituci¨®n de 1925, para entonces vigente).

Sea cual sea la fecha de origen del disenso, la Constituci¨®n de 1980 ha sido siempre un problema: jam¨¢s ha gozado de adhesi¨®n ni menos de legitimidad (salvo si se entiende por legitimidad ese apego conductual a las normas constitucionales por inercia y facticidad). Pero de patriotismo constitucional a la Habermas o de orgullo, nada.

En su segundo mandato, entre 2014 y 2018, la presidenta Michelle Bachelet ensay¨® un proceso de cambio constitucional mediante consultas ciudadanas: m¨¢s de 200.000 personas se involucraron en cabildos y encuentros auto convocados, un bello ejercicio deliberativo gatillado desde arriba que no tuvo consecuencias (salvo la propuesta de borrador de nueva Constituci¨®n que la presidenta Bachelet ingres¨®, como un gesto de compromiso personal, al Congreso finalizando su mandato).

Pocos a?os m¨¢s tarde, al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011-2012, las reivindicaciones del movimiento escalaron hasta llegar a un reclamo por una nueva Constituci¨®n, pero dicho reclamo no tuvo eco pol¨ªtico en la derecha que gobernaba en aquel entonces. Las cosas cambiaron dr¨¢sticamente con ocasi¨®n del estallido social de octubre de 2019, un fen¨®meno de masiva protesta social que llev¨® al mundo pol¨ªtico a concordar en un itinerario de cambio constitucional, entendido como v¨ªa de salida de la crisis. En dicho acuerdo, concurrieron todos los partidos, salvo el Partido Comunista y Convergencia Social (el partido del hoy presidente Gabriel Boric, quien fue sancionado por adherir a t¨ªtulo personal a dicho acuerdo).

Ese itinerario se iniciaba con un plebiscito de entrada en octubre de 2020, el que arroj¨® un categ¨®rico 78,28% de aprobaci¨®n al cambio de Constituci¨®n (consignemos que la mitad del electorado no concurri¨® a votar) y un similar apoyo a una convenci¨®n constitucional. Tras ese plebiscito, en mayo de 2021 tuvo lugar la elecci¨®n de convencionales, cuya funci¨®n ser¨ªa redactar un nuevo texto: vot¨® tan solo el 43% de los electores, eligiendo a un gran contingente de convencionales independientes provenientes de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Dada la elevada abstenci¨®n de esta elecci¨®n, varios intelectuales y acad¨¦micos alertaron sobre los riesgos de sobre-interpretaci¨®n de los resultados, en un contexto de cr¨ªtica feroz de los convencionales independientes al imperio derrotado de los partidos (de all¨ª la importancia del eslogan el pueblo unido avanza sin partidos).

Al cabo de un a?o de trabajo y de un sinn¨²mero de performances que se mov¨ªan entre lo identitario y formas exc¨¦ntricas de charivari, el pueblo de Chile rechaz¨® de modo categ¨®rico la propuesta de Constituci¨®n (61,89%-38,11%), con una masiva participaci¨®n (85,7%) derivada de la implementaci¨®n del voto obligatorio. El resultado fue indiscutible, aplastante.

Tras la derrota del texto de nueva Constituci¨®n, el Congreso tom¨® el control de lo que era cada vez m¨¢s un problema y aprob¨® un alambicado proceso de fabricaci¨®n constitucional, el que consta de tres ¨®rganos. El primero es una comisi¨®n experta, conformada por 24 miembros de confianza de los partidos con representaci¨®n parlamentaria (22 juristas, un soci¨®logo y una periodista), cuya misi¨®n es generar una propuesta de nueva Constituci¨®n a ser discutida por 50 consejeros constitucionales (quienes ser¨¢n elegidos al sufragio universal el pr¨®ximo 7 de mayo). Se suma a estos dos ¨®rganos un comit¨¦ t¨¦cnico de admisibilidad, cuyos integrantes (14) tiene como funci¨®n resguardar el respeto de 12 bases constitucionales que fueron concordadas por los partidos con representaci¨®n parlamentaria.

Como es f¨¢cil advertir, se trata de un proceso absolutamente encapsulado, con escasas posibilidades de desbordar los acuerdos previos, aun cuando los 50 consejeros constitucionales elegidos por sufragio universal pueden reivindicar el poder constituyente originario, en la medida en que solo ellos provienen de la voluntad del pueblo para redactar una nueva Constituci¨®n. Este ¨²ltimo punto pone en potencial tensi¨®n el poder constituyente originario con los acuerdos que fueron alcanzados por quienes encarnan el poder constituyente derivado (el Congreso). Desde un punto de vista tanto l¨®gico como doctrinario, el poder constituyente originario no debiese experimentar restricciones a su desempe?o. De all¨ª la importancia de conocer a quienes ser¨¢n los consejeros constitucionales electos el pr¨®ximo 7 de mayo y cu¨¢nta afinidad ellos sostendr¨¢n con la propuesta de texto constitucional emanada de los expertos.

En todos los casos, lo que caracteriza el proceso de cambio constitucional chileno es su v¨ªa tortuosa. Esta v¨ªa describe un problema de fondo: ?c¨®mo llegar a una norma com¨²n en la que quepan todos? ?C¨®mo dejar atr¨¢s la Constituci¨®n pinochetista de 1980 (la que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos en la ¨²ltima ronda de reformas de 2005, cuyo error fue probablemente no haber llevado aquel texto reformado a un plebiscito ratificatorio)? Probablemente, la nueva Constituci¨®n ser¨¢ corta, minimalista: es esa posibilidad que sobresale de la primera fase de la comisi¨®n experta, cuyos integrantes decidieron generar textos preliminares a trav¨¦s de la regla de la unanimidad en las cuatro comisiones que organizan su desempe?o. Esta es una regla original e inteligente, pero que prefigura un texto excesivamente minimalista, en la medida en que en la segunda fase de indicaciones (las que ser¨¢n aprobadas mediante tres quintos de sus miembros) la unanimidad de origen puede ser alterada por mayor¨ªas sustanciales.

Falta aun mucho para que esta original f¨¢brica constitucional concluya. Sin embargo, dada la l¨®gica de encapsulamiento que la caracteriza, existe el riesgo de que los chilenos la rechacen precisamente porque el texto que saldr¨¢ de esa f¨¢brica se parezca m¨¢s a un producto de lujo que a un bien industrial. Puede ser. Pero tambi¨¦n puede ser que el texto propuesto concite apoyo en el plebiscito de salida, en la medida en que la inmensa mayor¨ªa de los partidos y todo su elenco de senadores y diputados lo respalden. De ser as¨ª, se verificar¨ªa la iron¨ªa de la izquierda y la derecha unidas jam¨¢s ser¨¢n vencidas.