Los informes de la Contralor¨ªa de Chile sobre el ¡®caso Convenios¡¯ que complican al Gobierno de Boric

El caso Convenios, la trama de corrupci¨®n que estall¨® en Chile a mediados de junio sobre el traspaso de dineros p¨²blicos a fundaciones privadas a lo largo del pa¨ªs, que ha impactado sobre todo al oficialismo del presidente Gabriel Boric, ha intensificado esta semana sus coletazos pol¨ªticos tras los contundentes informes realizados por la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica. El contralor Jorge Bermudez alert¨® este jueves en el Congreso sobre la evidente debilidad institucional y alta discrecionalidad en la asignaci¨®n de recursos por parte de los organismos regionales, junto con irregularidades en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. La oposici¨®n ha redoblado su presi¨®n para que el presidente Gabriel Boric remueva al responsable de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, un hist¨®rico socialista blindado por su partido y el Gobierno.

Berm¨²dez expuso ante la comisi¨®n investigadora de la C¨¢mara de Diputados encargada de reunir informaci¨®n sobre las transferencias realizadas desde enero de 2021 a junio de 2023. El periodo de investigaci¨®n apunta a la gesti¨®n de la Administraci¨®n actual y la ¨²ltima etapa de la anterior, del presidente Sebasti¨¢n Pi?era. La auditor¨ªa a 15 secretar¨ªas regionales del Ministerio Vivienda que realizaron millonarias transferencias a organizaciones sin fines de lucro arrojaron que existe una falta de procedimiento para la selecci¨®n de entidades que ejecutan el programa de asentamientos precarios. ¡°Por lo general, no existe ese procedimiento de selecci¨®n y de aqu¨ª uno podr¨ªa decir que se derivan todos los problemas¡±, plante¨® el contralor en su comparecencia.

La falta de antecedentes que fundamenten los fondos de la transferencia fue una de las observaciones que plante¨® Bermudez: ¡°Pagar caro no es ilegal y no va a ser ilegal nunca mientras no existan elementos que permitan determinar c¨®mo se llegan a los precios¡±. El contralor a?adi¨® que, por regla general, tampoco hay garant¨ªas para el cumplimiento de los convenios, a pesar de las grandes sumas de dinero que se transfieren ni existencia de planes de trabajo. ¡°Si la transferencia se hace una sola vez y al comienzo, no tiene mucho sentido establecer puntos de control porque es muy dif¨ªcil poder exigir algo si ya est¨¢ todo pagado¡±, apunt¨® ante los congresistas. S¨ª enfatiz¨® en que en solo dos regiones ¨CAntofagasta y O¡¯Higgins¨C detectaron personas contratadas por fundaciones y que trabajan en una secretar¨ªa regional ministerial (Seremi) de Vivienda o en el Servicio de Vivienda y Urbanizaci¨®n (Serviu).

Sobre los propios convenios entre los gobiernos regionales y las fundaciones -sobre todo ligadas al oficialismo-, el contralor apunt¨® que no estaba ¡°bien fundamentado¡± por qu¨¦ se contrataba a cierta organizaci¨®n, por qu¨¦ se le transfer¨ªa y cu¨¢l era su experticia. Existe una falta de concordancia entre el objeto de la fundaci¨®n y las actividades que se le encargan. ¡°Por un lado, porque hay un problema con el objeto social y por otro, por una eventual falta al principio de probidad, porque hab¨ªa alg¨²n tipo de conflicto de intereses que no fue atendido¡±, se?al¨® Bermudez. En tres regiones se dividieron los montos de los convenios para evitar las fiscalizaciones, por ejemplo, de la Contralor¨ªa.

Algunos de los antecedentes se remitieron a Fiscal¨ªa y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que hay hechos que podr¨ªan constituir delitos. En otros casos se abrir¨¢n sumarios administrativos a cargo de la propia Contralor¨ªa. ¡°Estamos frente a un sistema d¨¦bil de asignaci¨®n de recursos p¨²blicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacci¨®n de las necesidades p¨²blicas, pues carece de una regulaci¨®n m¨ªnima que permita una selecci¨®n adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad¡±, remarc¨® Bermudez, quien descart¨® calificar el mecanismo como un ¡°modus operandi¡±.

La trama de corrupci¨®n estall¨® el 16 de junio en Antofagasta, en el norte de Chile, cuando se supo de un traspaso por unos 530.000 d¨®lares de la Seremi de Vivienda de la regi¨®n norte?a a la Fundaci¨®n Democracia Viva, ligada al partido Revoluci¨®n Democr¨¢tica (RD), que forma parte del Frente Amplio, el conglomerado del presidente Boric. Quien dirig¨ªa la fundaci¨®n era Daniel Andrade, ahora exnovio de la diputada oficialista por Antofagasta Catalina P¨¦rez. El que encabezaba el organismo que otorg¨® los fondos era Carlos Contreras, exjefe de Gabinete de P¨¦rez. El esc¨¢ndalo ensombreci¨® la promesa de probidad de la nueva izquierda del pa¨ªs sudamericano.

Uno de los puntos m¨¢s criticados al Gobierno de Boric es que en la ley de presupuesto de este a?o ¨Ccomo record¨® hace una semanas el contralor¨C elimin¨® los requisitos de antig¨¹edad o experticia de las fundaciones en el apartado de las transferencias de los fondos regionales. La derecha ha salido en masa a pedir la renuncia de Montes, el ministro de Vivienda. La bancada de los diputados de la UDI, de la derecha hist¨®rica, tambi¨¦n exigen la salida de la directora de Presupuestos, Javiera Mart¨ªnez, y del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), quien esta semana dijo en el Congreso que se enter¨® ¡°a trav¨¦s de un rumor¡± del caso Democracia Viva el 7 de junio, nueve d¨ªas antes de que estallara en la prensa y en La Moneda. Crispi asegur¨® que le entreg¨® los antecedentes a la subsecretar¨ªa de Vivienda, liderada entonces por Tatiana Rojas, que fue removida del cargo tras el esc¨¢ndalo, y que no se lo comunicaron al presidente Boric.

El ministro Montes, en el ojo del hurac¨¢n, descart¨® este viernes su renuncia: ¡°A m¨ª como ministro me corresponde la orientaci¨®n pol¨ªtica del Programa de Asentamientos Precarios y en general del ministerio. Hab¨ªa un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que ven¨ªa, lo que podr¨ªamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia¡±. Esta trama le cost¨® el cargo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que en agosto dej¨® La Moneda, pese a su cercan¨ªa hist¨®rica con el mandatario.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, defendi¨® que existen casos que no est¨¢n solamente circunscritos en un sector pol¨ªtico. ¡°Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que es una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y para evitar que se d¨¦, hay que cerrar las brechas institucionales y es lo que estamos haciendo tanto en la Ley de Presupuesto, en las modificaciones hechas en el Ministerio de Vivienda y lo que estamos haciendo en la agenda legislativa, que se ha nutrido de los resultados y sugerencias de la comisi¨®n Jaraquemada¡±, plante¨® la ministra, en alusi¨®n a la comisi¨®n para la probidad y transparencia creada por el mandatario tras el esc¨¢ndalo.