Boric, tras el allanamiento policial a su Ministerio de Vivienda: ¡°Cuando tenemos noticias duras hay que dar la cara¡±

El allanamiento a la sede del ministerio de Vivienda del Gobierno de Gabriel Boric, en el marco de la trama del caso Convenios, ha provocado la reacci¨®n del propio presidente, que en una actividad en el municipio capitalino Quinta Normal, asegur¨® este jueves que la diligencia policial y de la Fiscal¨ªa en las oficinas de la cartera ¡°fue instruida a prop¨®sito de una denuncia del mismo ministro Carlos Montes¡±. Es un claro gesto de respaldo de Boric al ministro socialista, un hist¨®rico de la izquierda, que la oposici¨®n de derecha pide remover por sus responsabilidades pol¨ªticas en la trama que investiga los traspasos de dinero del Estado, principalmente desde este ministerio, a fundaciones privadas afines del oficialismo, sobre todo del Frente Amplio, la coalici¨®n original de Boric.

El presidente dijo que esta acci¨®n ¡°da cuenta de que en Chile no hay instituciones por sobre la ley¡±. Y reiter¨® lo del caiga quien caiga que ha dicho en otras oportunidades a ra¨ªz de este caso, que da?¨® la promesa de probidad de la nueva generaci¨®n de izquierda chilena. ¡°Donde haya personas que hayan tratado beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los m¨¢s necesitados, esas personas van a ser investigadas, perseguidas, condenadas. Por eso se realiza este allanamiento que ¨Ccomo dije¨C es a instancia de una denuncia que present¨® el mismo ministro Montes¡±.

De acuerdo a Boric, ¡°el Gobierno es el primer interesado de que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde¡±. ¡°Tenemos buenas noticias y, cuando tenemos noticias duras, hay que dar la cara y hacerse cargo de los problemas del pa¨ªs. Y en eso estamos¡±, dijo el mandatario. Lo dice en alusi¨®n a un asunto que ha pedido en las ¨²ltimas semanas: que la opini¨®n p¨²blica se concentre en las buenas noticias de Chile y no solo en asuntos negativos, como la crisis de delincuencia.

De acuerdo al medio Ex-Ante, sin embargo, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo R¨ªos, inici¨® una investigaci¨®n de oficio en agosto, antes que el ministerio realizara una denuncia, como dijo el presidente Boric y otros de sus ministros, durante la jornada.

Fueron 12 los funcionarios de la polic¨ªa chilena y de la Fiscal¨ªa que han allanado este jueves las oficinas del ministerio en el marco de la investigaci¨®n sobre traspasos de recursos p¨²blicos a fundaciones privadas, principalmente ligadas al oficialismo. El Caso Convenios revent¨® en junio a partir de las irregularidades detectadas en la fundaci¨®n Democracia Viva, que involucraba a una diputada del Frente Amplio (Catalina P¨¦rez), el que era su novio y un asesor cercano. Desde entonces, sin embargo, han aparecido nuevas aristas en diferentes regiones del pa¨ªs. El allanamiento de hoy tiene relaci¨®n a una hebra del caso Convenios investigada por la Fiscal¨ªa de Tarapac¨¢, en la zona norte de Chile, ¡°con el objeto de incautar todos los antecedentes f¨ªsicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano¡±, inform¨® el Ministerio P¨²blico.

La acci¨®n ha sido llevada adelante por la Brigada Anticorrupci¨®n de Polic¨ªa de Investigaciones, PDI, en las dependencias centrales del ministerio, ubicadas en la principal avenida de Santiago, la Alameda. Aunque ha sucedido antes, en Chile no parece frecuente para la opini¨®n p¨²blica que la polic¨ªa allane oficinas de la primera l¨ªnea de un Gobierno en el marco de investigaciones por corrupci¨®n. Montes, el ministro, es un dirigente hist¨®rico del Partido Socialista y en el marco del caso Convenios esta formaci¨®n pol¨ªtica lo ha intentado salvar en todos los momentos complejos, porque ha sido en este ministerio donde se ha centrado principalmente la trama. Mientras el oficialismo y el propio Montes defienden que no estaban al tanto de las irregularidades investigadas por la Fiscal¨ªa ¨Cque afectan sobre todo a la nueva generaci¨®n de izquierda del Frente Amplio, la coalici¨®n de Boric¨C, la derecha opositora pide que asuma sus responsabilidades pol¨ªticas.

En agosto pasado, por la fuerte presi¨®n en medio del caso Convenios, renunci¨® al Gabinete el principal aliado pol¨ªtico del presidente, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La oposici¨®n presion¨® por su salida en calidad de l¨ªder de Revoluci¨®n Democr¨¢tica, el partido del Frente Amplio donde se concentra el caso de corrupci¨®n.

Es el contexto en que Boric ha salido a respaldar a su ministro. Lo mismo hizo poco antes la portavoz del Gobierno, la militante comunista Camila Vallejo, que junto al propio Montes ofreci¨® una rueda de prensa en el ministerio. Vallejo dijo que el allanamiento fue fruto de una denuncia que el ministro interpuso en contra de un funcionario ¡°del Gobierno anterior¡± que renunci¨® al Gobierno en mayo de 2022, dos meses despu¨¦s de que asumi¨® la actual Administraci¨®n. El ministerio de Vivienda, dijo Vallejo, ha enfrentado el caso Convenios a trav¨¦s de diferentes medidas, como mejoras institucionales, cinco denuncias y querellas y, adem¨¢s, el establecimiento de responsabilidades pol¨ªticas y administrativas. ¡°Nuestro Gobierno empujar¨¢ todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupci¨®n en nuestro pa¨ªs¡±, asegur¨® la ministra portavoz del Ejecutivo.

La prensa local, sin embargo, ha informado que el funcionario aludido por Vallejo ¨Cel arquitecto Aldo Bastidas¨C trabaja en el ministerio de Vivienda desde el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), es decir, estuvo en su cargo por cinco administraciones, incluida la de Boric. Desde el Gobierno informan que, luego de su salida, se enteraron que, en paralelo a sus funciones, era jefe t¨¦cnico de la fundaci¨®n En Red Social, una de las dos investigadas en esta hebra de la trama.

La Fiscal¨ªa de Tarapac¨¢ investiga traspasos por 1.800 millones de pesos [poco m¨¢s de 2 millones de d¨®lares] desde la Secretar¨ªa Regional del Ministerio de Vivienda (SEREMI) a las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano. Ese dinero fue traspasado desde el Estado a las fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, es decir, para ayudar a la gente que vive en barriadas informales y pobres.