La izquierda chilena impide multar a quienes no voten a pesar del sistema obligatorio

El Congreso chileno nuevamente se ha enfrascado en un debate sobre la obligatoriedad del voto. A solo tres meses de las elecciones municipales, un term¨®metro clave para medir las fuerzas de cada sector antes de las presidenciales de 2025, un grupo de parlamentarios del oficialismo del Gobierno de Gabriel Boric han votado en contra de multar a quienes no acudan a las urnas. La oposici¨®n, que en el pasado se mostr¨® a favor del voto voluntario, ha sido cr¨ªtica con la postura de gran parte de la izquierda, a la que acusa de hacer un c¨¢lculo electoral para cambiar las reglas y desincentivar la participaci¨®n, cuyas cifras m¨¢s bajas se registran en los sectores de bajos ingresos. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, calific¨® el proyecto de ley que establece sanciones econ¨®micas a quienes no voten de ¡°antipobre¡±. La Administraci¨®n de izquierdas, por su parte, se comprometi¨® a enviar un veto para restablecer las multas.

La crisis de participaci¨®n electoral impuls¨® a que Chile, con un padr¨®n electoral de 15 millones, restableciera el voto obligatorio a fines de 2022. Cuando se discuti¨® en el Congreso, el entonces diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric celebr¨® la reforma al sistema ¡°como una manera de enfrentar la espiral de abstenci¨®n que silencia la voz de los m¨¢s j¨®venes y de los m¨¢s pobres¡±. Ahora, el diputado Winter, una de las principales figuras del FA en el Congreso y cercano al mandatario, plante¨® en la C¨¢mara: ¡°?Qui¨¦nes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensi¨®n¡±. En los debates anteriores, Winter defendi¨® el voto voluntario, a diferencia de la mayor¨ªa de su sector.

Durante una d¨¦cada (2012-2022) el pa¨ªs sudamericano funcion¨® bajo el sistema de inscripci¨®n autom¨¢tica y sufragio voluntario, profundizando la falta de implicancia de la ciudadan¨ªa en los procesos electorales. En junio de 2021, por ejemplo, en las primeras elecciones democr¨¢ticas de gobernadores regionales, solo particip¨® el 19,6% de los convocados, y en las elecciones municipales de 2016 apenas el 36%. El Consejo para la Transparencia ha explicado que en un pa¨ªs desigual como Chile, el tipo de mecanismos voluntarios profundiza las inequidades, porque quienes se restan mayormente de votar son las personas de los estratos bajos y se produce un sesgo en favor de las que tienen m¨¢s recursos.

Para poner fin a la tendencia de baja participaci¨®n, el Parlamento chileno, por amplia mayor¨ªa, aprob¨® en 2021 una reforma constitucional que restableci¨® la obligatoriedad del sufragio en todas las elecciones y plebiscitos a partir de 2022. La normativa estableci¨® que una ley org¨¢nica constitucional fijar¨ªa las multas por el incumplimiento del deber.

Ahora, en el marco del debate del proyecto de ley que fija en dos d¨ªas la celebraci¨®n de las elecciones municipales y regionales de octubre, el Congreso tuvo que votar la sanci¨®n que se le aplicar¨ªa a quienes no ejercieran su derecho a voto. Tanto en el Senado como en la C¨¢mara de Diputados y Diputadas, la abstenci¨®n o rechazo de un grupo de parlamentarios oficialistas impidi¨® alcanzar el qu¨®rum necesario para aprobar la sanci¨®n de entre 30.000 a 130.000 pesos chilenos (33 a 143 d¨®lares) a quienes no voten.

Otro punto de discordia ha sido que los extranjeros habilitados para sufragar paguen la multa si no votan. La Constituci¨®n chilena concede el derecho a voto a extranjeros ¡°avecindados en Chile por m¨¢s de cinco a?os¡±, sin estar nacionalizados. El art¨ªculo 14 se?ala que ¡°podr¨¢n ejercer¡± el derecho, planteado como opci¨®n, no como obligaci¨®n. El ministro de la Secretar¨ªa General de la Presidencia (Segpres), ?lvaro Elizalde, confirm¨® que el Ejecutivo presentar¨¢ un veto presidencial aditivo para reponer multas por no sufragar: ¡°Se ha planteado que esa sanci¨®n se aplique a las ciudadanas y ciudadanos del pa¨ªs¡±, asegur¨®. El que diga ¡°ciudadanos¡± y no ¡°electores¡± excluye a los extranjeros con m¨¢s de cinco a?os de residencia. Los parlamentarios de oposici¨®n rechazan el cambio y abogan porque la situaci¨®n de los migrantes sea objeto de otra ley.

El rechazo a las sanciones provoc¨® un alud de cr¨ªticas en la oposici¨®n y parte de la centroizquierda. ¡°Una obligaci¨®n sin sanci¨®n no es obligaci¨®n¡±, dijo el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, un partido de la centroizquierda af¨ªn al Gobierno de Boric, pero que no forma parte del oficialismo. El senador Juan Antonio Coloma, de la Uni¨®n Dem¨®crata Independiente, de la derecha tradicional, sostuvo: ¡°Yo no s¨¦ por qu¨¦ temen respecto a que la gente vote. Da la impresi¨®n de que no es todo lo que se hab¨ªa planteado de que era un deber ciudadano. Resulta que ahora no es un deber ciudadano porque est¨¢n estableciendo un voto obligatorio sin sanci¨®n. Eso es kafkiano¡±.

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