La reforma al sistema de nombramientos de jueces, una conversaci¨®n de 27 a?os

El actual sistema de nombramientos de los ministros de los tribunales superiores del pa¨ªs fue establecido en 1997, mediante la ley N¡ã 19.541. En dicha norma se acord¨® la promoci¨®n de los integrantes de la Corte Suprema con la participaci¨®n de los tres poderes del Estado, adem¨¢s de la integraci¨®n al m¨¢ximo tribunal de abogados externos o ajenos al Poder Judicial. Todo esto en el marco del proceso de transici¨®n a la democracia.

Desde esta gran reforma han transcurrido 27 a?os, y nuevamente el pa¨ªs se encuentra en la necesidad de nuevas reformas en este ¨¢mbito. Pero, la encrucijada actual estriba en que no s¨®lo es necesario cambiar el sistema de nombramientos, sino que se requiere de una reforma general al gobierno judicial, que aparte a los jueces de las llamadas ¡®funciones no jurisdiccionales¡¯, relativas a la administraci¨®n del Poder Judicial, lo que incluye no solo los nombramientos, sino que tambi¨¦n las funciones disciplinarias y de formaci¨®n de jueces, entre otras.

En el contexto de los recientes cuestionamientos por la nominaci¨®n de jueces, cabe preguntarse si es reciente esta inquietud de reformar el sistema de nombramientos y separar las funciones no jurisdiccionales del Poder judicial.

La realidad es que no. Desde 1991 podemos identificar intentos de separar las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial, a trav¨¦s de distintos proyectos de ley, pronunciamientos de la propia Corte Suprema, y propuestas de organizaciones de juezas y jueces, y acad¨¦micos.

En efecto, no podemos sino recordar el proyecto de reforma constitucional del 9 de abril de 1991, iniciado en mensaje del ex Presidente Patricio Aylwin, con el que buscaba crear un Consejo Nacional de la Justicia, ¨®rgano aut¨®nomo que formular¨ªa la pol¨ªtica judicial, participar¨ªa en la designaci¨®n de los ministros de la Corte Suprema, velar¨ªa por la independencia del Poder Judicial y ejercer¨ªa las llamadas funciones no jurisdiccionales.

Adem¨¢s ¨Cinforma la Biblioteca del Congreso Nacional¨C existen actualmente 27 iniciativas que buscan modificar o complementar el sistema de nombramientos de ministros u jueces del Poder Judicial, los que han sido presentados, en su mayor¨ªa, a partir del a?o 2000.

Y en la actualidad hemos conocido la reciente propuesta del m¨¢ximo tribunal para reformar el sistema de nombramientos.

En rigor, esta propuesta de la Corte Suprema no es novedosa, puesto que ¨Cal menos desde 2014¨C, este tribunal viene haciendo hincapi¨¦ en la separaci¨®n que debe existir entre el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional, que son las propias de la administraci¨®n de Justicia, respecto de las no jurisdiccionales, las cuales pueden entenderse como auxiliares. As¨ª la Corte reitera su propuesta de crear un ¨®rgano aut¨®nomo constitucional que tenga a su cargo el ejercicio de estas funciones, con una integraci¨®n mayoritaria de jueces.

Adem¨¢s, la Corte Suprema, durante los procesos constitucionales, propuso la creaci¨®n de un Consejo Nacional de la Judicatura o ¡®Gobierno Judicial¡¯, en el mismo sentido de lo propuesto ahora en julio. Adem¨¢s, la Corte se?al¨® ahora que dicho Consejo deb¨ªa tener una composici¨®n mixta, formada, en su mayor¨ªa, por jueces, e integrada, adem¨¢s, por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, acad¨¦micos y expertos.

De tal modo, en las propuestas constitucionales tambi¨¦n hubo un af¨¢n de reformar en profundidad el sistema de nombramientos. As¨ª, en el proceso constituyente de 2022, la Convenci¨®n Constitucional propuso la creaci¨®n de un Consejo de la Justicia para hacerse cargo de las funciones no jurisdiccionales; y en 2023 el Consejo Constitucional propuso la creaci¨®n de ¨®rganos dotados de autonom¨ªa legal encargados, separadamente, de las funciones no jurisdiccionales, aunque no se lleg¨® a resoluci¨®n del problema espec¨ªfico de los nombramientos de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, que son los elementos fundantes del sistema de nombramiento actual.

Tambi¨¦n, durante 2022, la Asociaci¨®n de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, propuso la creaci¨®n de un ¨®rgano aut¨®nomo, de rango constitucional, integrado mayoritariamente por jueces, cuyas funciones digan relaci¨®n con el nombramiento y remoci¨®n de juezas y jueces, el control de responsabilidad disciplinaria, y la formaci¨®n y capacitaci¨®n de los miembros del Poder Judicial.

Si desde 1991 han existido reiterados intentos por reformar el sistema judicial, y al menos desde 2014 hay acuerdo en la Corte Suprema de separar las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial, mediante la creaci¨®n de ¨®rganos aut¨®nomos que deben desempe?ar esta tarea, lo que ya es un diagn¨®stico y f¨®rmula de correcci¨®n com¨²n ?Qu¨¦ ha pasado? ?Por qu¨¦ el sistema pol¨ªtico no ha dado el ¡®vamos¡¯ a una reforma tan necesaria para nuestra democracia?

Lamentablemente, el letargo de nuestro sistema pol¨ªtico no se hace cargo de las necesidades de nuestras propias instituciones.

En efecto, la institucionalidad fruto de los acuerdos de la transici¨®n en los a?os 90, lenta pero sostenidamente, ha hecho crisis. Los ¨®rganos encargados de analizar, evaluar y reformar nuestras instituciones; el Presidente de la Rep¨²blica y el Congreso Nacional, no han sido capaces de procesar sus diferencias, ni han podido acordar una reforma, en este y -lamentablemente- en otros importantes aspectos. Esto, con el riesgo de un deterioro progresivo cada vez m¨¢s r¨¢pido, lo cual es una amenaza a las instituciones fundamentes de nuestra democracia, como lo son las del Poder Judicial.

Es as¨ª que la reforma del gobierno judicial que la Corte Suprema ha planteado debe ser una absoluta prioridad para el pa¨ªs, dado el debido cuidado de nuestras instituciones.

Ahora es la hora de que el sistema pol¨ªtico escuche la propuesta de la Corte y se haga cargo de cerrar de una vez por todas esta larga conversaci¨®n sobre el sistema de nombramientos. Algo urgente e impostergable, aunque implique algunas renuncias de prerrogativas o potestades, en aras de la salud de uno de los poderes p¨²blicos sin el cual el pa¨ªs se dirigir¨ªa al despe?adero.

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