Hermosilla y el fr¨¢gil Poder Judicial
Si sobre el tercero imparcial que debe ser el juez ¡ªo el fiscal, que desde la objetividad debe representar el inter¨¦s social en las causas¡ª pesan sospechas fundadas de estar respondiendo a intereses que no son los que justifican su existencia, entonces se le viene la noche
Las huellas de Luis Hermosilla solo parecen multiplicarse en m¨¢s y m¨¢s relaciones pol¨ªticas y jur¨ªdicas, y lo revelan como un articulador central de cierta ¨¦lite ¡ªaunque cuesta creer que sea el ¨²nico¡ª. Con esto, aparece una preocupaci¨®n m¨¢s sist¨¦mica, ya no solo respecto a figuras individuales que rompen la ley, sino respecto a cu¨¢n libres est¨¢n nuestras instituciones de formas de corrupci¨®n que pens¨¢bamos ajenas a nuestro pa¨ªs. Entre ellas, las sospechas fundadas de una injerencia indebida de abogados y operadores en las designaciones de autoridades del Poder Judicial y de la Fiscal¨ªa son particularmente graves, pues tocan la m¨¦dula de la confianza que sostiene ese conjunto de instituciones.
Los datos disponibles sugieren un panorama desalentador. Seg¨²n la ¨²ltima encuesta Cadem, apenas el 10% de los encuestados tiene una evaluaci¨®n positiva del Poder Judicial, mientras que un abrumador 77% considera que no garantiza la igualdad ante la ley. La situaci¨®n se agrava al observar que todos los atributos del sistema de justicia en Chile son valorados negativamente. La confianza en tribunales alcanza solo un 18%, mientras que apenas un 24% considera que sus procedimientos son claros y transparentes. La eficiencia asimismo es percibida de modo positivo por s¨®lo el 26% de los encuestados. En cuanto a su modernidad e imparcialidad, ambos aspectos obtienen un magro 33% de aprobaci¨®n. Finalmente, solo un 36% cree que el Poder Judicial es completamente aut¨®nomo.
Con esto, se suma a la baja aprobaci¨®n de varias de nuestras instituciones. Tal como el Congreso, los partidos e incluso la Presidencia de la Rep¨²blica, el Poder Judicial cae en desgracia para la ciudadan¨ªa, y con ello termina de consolidarse una sorda crisis de legitimidad de la que este ¨²ltimo parec¨ªa alejado, o al menos no se hab¨ªa puesto el foco en ¨¦l.
El Poder Judicial, no lo olvidemos, es un poder el Estado y cumple una de las funciones m¨¢s centrales en el andamiaje del poder: tomar para s¨ª la soluci¨®n de ciertos conflictos relevantes jur¨ªdicamente y resolverlos. Si sobre el tercero imparcial que debe ser el juez ¡ªo el fiscal, que desde la objetividad debe representar el inter¨¦s social en las causas¡ª pesan sospechas fundadas de estar respondiendo a intereses que no son los que justifican su existencia, entonces se le viene la noche. En cuanto a poder del Estado, concentra significativamente menos atenci¨®n que los otros dos, pero la paradoja es que tiene un contacto mucho m¨¢s directo y frecuente con la ciudadan¨ªa que el Ejecutivo o el Legislativo.
No es casual que El Federalista describa al Poder Judicial como el m¨¢s d¨¦bil de los tres poderes. Montesquieu lo considera ¡°casi nulo¡±, sin ¡°fuerza ni voluntad¡±. Su alcance es limitado: no puede enfrentar directamente al Ejecutivo o al Legislativo, solo atiende casos presentados por litigantes y sus sentencias aplican ¨²nicamente al caso concreto. Adem¨¢s, sus miembros rara vez intervienen en el espacio p¨²blico m¨¢s all¨¢ de sus dict¨¢menes. No obstante, es dif¨ªcil negar su importancia: los jueces son la voz de la ley, son quienes la aplican a casos espec¨ªficos. Su independencia es fundamental para garantizar la justicia. Aunque muchos magistrados cumplen con los principios de la judicatura, la percepci¨®n de que en los tribunales intervienen intereses torcidos o que existen sistemas de justicia diferenciados seg¨²n capacidad de influencia ¡ªen los nombramientos, la conformaci¨®n de las salas, los acuerdos a los que se puede llegar, entre tantos otros ejemplos¡ª es grave, pues los jueces tienen en sus manos decisiones de gran importancia. La ley queda muerta, se vuelve inaplicable, sin jueces que la apliquen con justicia. Por eso, no es casual que proyectos que buscan limitar la oposici¨®n y socavar la democracia, como la fallida Convenci¨®n Constitucional chilena o la pol¨¦mica propuesta de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en M¨¦xico, apunten a modificar la designaci¨®n y el actuar de los jueces.
A pesar de todo, la crisis no solo destruye; tambi¨¦n revela caminos. En este terremoto institucional, entre los escombros, asoman claves para reconstruir. ?C¨®mo reinventar los nombramientos para que sean genuinamente meritocr¨¢ticos y den garant¨ªas a todos? ?De qu¨¦ forma blindar una autonom¨ªa que resista presiones? El desaf¨ªo es may¨²sculo: se trata nada menos que de exigir rendici¨®n de cuentas sin socavar la independencia judicial. Y luego est¨¢ el amiguismo, esa telara?a invisible que todo lo enreda: ?C¨®mo extirparla de ra¨ªz? ?C¨®mo terminar con la sensaci¨®n de opacidad, de arreglos de espalda a la ciudadan¨ªa? Estas preguntas no son ret¨®ricas. Son el mapa para navegar hacia un sistema judicial que, por fin, haga honor a su nombre.
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