Y la culpa no era m¨ªa

Hace unas semanas la Direcci¨®n del Trabajo (DT) decidi¨® suspender las funciones a p¨²blico de un local perteneciente a una conocida cadena de farmacias argumentando que tras haber sido v¨ªctima de un turbazo, hab¨ªa quedado en cuesti¨®n su capacidad de proveer las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores. El servicio p¨²blico dependiente del Ministerio del Trabajo estableci¨® que este episodio devel¨® que ¡°los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acci¨®n delictual que se desarrolla en el entorno¡±.

Como es de suponer, la pol¨¦mica decisi¨®n dej¨® perplejos no s¨®lo a los responsables de la cadena de farmacias, sino que desat¨® una ola de cr¨ªticas y pronunciamientos de los principales representantes gremiales del pa¨ªs, se?alando que la decisi¨®n del servicio p¨²blico supon¨ªa la elusi¨®n de la responsabilidad que le cabe al Estado en orden a garantizar la seguridad p¨²blica y la integridad de las personas.

La pol¨¦mica pudo quedar ah¨ª, pero no fue as¨ª. Las autoridades, sin develar mucho sobre si algo del reproche les hac¨ªa sentido, entraron en el juego de intentar decir la ¨²ltima palabra, y as¨ª fue como la propia Direcci¨®n del Trabajo insisti¨® que su resoluci¨®n estaba bien tomada e incluso alineada a la doctrina. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tambi¨¦n terci¨® en el debate y, refrendando a la DT, dijo que los empleadores no pueden ¡°desentenderse¡± de la seguridad de sus trabajadores.

Si bien el episodio fue dado por cerrado desde el punto de vista de la autoridad, ya que la suspensi¨®n de operaciones de la farmacia fue levantada, lo ocurrido abre muchas interrogantes, sobre todo respecto de las responsabilidades asociadas a los intervinientes tras la ocurrencia de este delito que, adem¨¢s de ser bastante aut¨®ctono de Chile, es de com¨²n ocurrencia, llegando a registrarse eventos en la principal avenida del pa¨ªs, a pocas cuadras del palacio presidencial de La Moneda.

Adem¨¢s de dejar abierta la pregunta de c¨®mo deben defenderse las personas naturales y jur¨ªdicas ante la explosi¨®n criminal que asuela al pa¨ªs (ya que el monopolio de la fuerza est¨¢ razonablemente entregado al Estado), ocurre que responsabilizar a la v¨ªctima por estar donde est¨¢ se puede estar llevando el debate a un terreno pantanoso del cual, para salir, se requiere tener absoluta claridad de por qu¨¦ se hizo ese endoso y cu¨¢les son los argumentos que lo avalan, de modo de no ir en contra del sentido com¨²n.

Es m¨¢s, en el caso que nos ocupa es importante que dicha claridad quede n¨ªtidamente establecida, ya que lo que hace o deja de hacer el Estado es una se?al fundamental para los agentes econ¨®micos, sobre todo cuando existe amplio consenso en cuanto a que se necesita reconstruir confianzas para que las inversiones vuelvan a fluir, en un ambiente de pegajoso estancamiento como confirm¨® el reciente IPoM entregado por el Banco Central.

Y, en lo m¨¢s terrenal, este no es un tema menor a la luz, por ejemplo, de la menor cantidad de oficinas bancarias y locales de retail y servicios b¨¢sicos que existen en barrios vulnerables, versus los que hay en las zonas donde existe mayor seguridad p¨²blica. ?Qu¨¦ se?al se env¨ªa a las empresas, sus trabajadores y a los vecinos cuando se les asigna alguna cuota de responsabilidad por los ataques que sufren? ?Qu¨¦ pasa con el rol que le cabe al Estado en t¨¦rminos de brindar las condiciones necesarias para que los privados puedan desarrollarse en un entorno seguro?

Winston Churchill dijo alguna vez que ¡°muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que orde?ar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro¡±. Se podr¨¢ decir, y con raz¨®n, que a las empresas que lo hacen mal hay que sancionarlas y que las que lo hacen bien dentro del marco de su licencia social deben aportar con recursos para financiar los bienes p¨²blicos que necesita el progreso del pa¨ªs, pero resulta complejo que rara vez se les reconozca el papel que juegan en la provisi¨®n de bienes y servicios que satisfacen las necesidades y preferencias de las personas y que, por el contrario, no pocas veces se las demonice o asocie a buena parte de los males que trastornan la vida en sociedad.