El gran dilema nuclear: Espa?a est¨¢ abocada a tener siete cementerios radiactivos ante la falta de un almac¨¦n centralizado

Es el elefante en la habitaci¨®n cuando se habla de energ¨ªa nuclear. O el gran marr¨®n. ?Qu¨¦ hacer con los residuos de alta intensidad y larga vida de las centrales nucleares? ?D¨®nde debe guardarse esta herencia que dejamos a las generaciones futuras? Ni el Gobierno de Espa?a ni las comunidades donde est¨¢n las siete plantas nucleares en activo o en proceso de desmantelamiento del pa¨ªs se sienten c¨®modos al hablar de esto. Tanto es as¨ª que, pese a que esta pregunta lleva flotando d¨¦cadas en el sector, sigue sin haber una respuesta definitiva. La duda es si debe construirse un ¨²nico almac¨¦n que guarde esos residuos ¡ªprincipalmente, el combustible gastado¡ª o si cada central se queda con sus desechos durante al menos los pr¨®ximos 50 a?os. Y todo apunta a que Espa?a est¨¢ abocada a tener siete cementerios nucleares ante la imposibilidad de que alguna comunidad acepte guardar los residuos de todas dentro de su territorio.

El Gobierno est¨¢ tramitando el s¨¦ptimo plan de residuos radiactivos y quiere aprobarlo en esta legislatura, aunque los plazos son cada vez m¨¢s ajustados tras dos a?os de par¨¢lisis del proceso. El texto estar¨¢ hasta mediados de junio en fase de informaci¨®n p¨²blica y el Ejecutivo no despeja todav¨ªa la inc¨®gnita: el proyecto deja abierta la posibilidad de que exista un ¨²nico dep¨®sito ¨Del conocido como ATC, Almac¨¦n Temporal Centralizado¡ª o siete ATD (Almacenes Temporales Descentralizados).

Jos¨¦ Luis Navarro, presidente de Enresa ¡ªla empresa p¨²blica encargada de la gesti¨®n de los residuos radiactivos en Espa?a¡ª, sostiene que ¡°es el momento¡± para que todos se pronuncien sobre qu¨¦ soluci¨®n prefieren: ¡°Comunidades aut¨®nomas, empresas propietarias, ayuntamientos, organizaciones ecologistas, p¨²blico interesado en general...¡±. Pero ni a Navarro ni al Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica se les escapa que la clave son las autonom¨ªas. La oposici¨®n del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha a que se construyera el almac¨¦n centralizado en el municipio conquense de Villar de Ca?as fue, junto a los problemas de los suelos de la zona designada, lo que hizo naufragar aquel proyecto, en el que se llegaron a gastar 90 millones de euros.

El an¨¢lisis de alternativas del proyecto de plan concluye que la soluci¨®n mejor desde pr¨¢cticamente todos los puntos de vista es la de contar con un solo cementerio. Pero tambi¨¦n se apunta a que es necesario el consenso social y pol¨ªtico para la designaci¨®n. ¡°Ha habido ayuntamientos interesados, ha habido una voluntad de los gobiernos centrales por tener un ATC, pero un ATC no se puede designar contra una comunidad aut¨®noma¡±, abunda Navarro.

El borrador del s¨¦ptimo plan nacional de residuos radiactivos, redactado por Enresa, se difundi¨® el 16 de marzo de 2020 ¡ªjusto al inicio del primer confinamiento por la pandemia¡ª. Pero no fue hasta el 11 de abril de 2022, en plena Semana Santa, cuando el ministerio sac¨® a informaci¨®n p¨²blica la propuesta. En estos dos a?os ha habido tiempo para que el Gobierno aborde este asunto con los ejecutivos regionales. ¡°Se ha hablado con las comunidades aut¨®nomas que ya tienen residuos de alta actividad en su territorio, y que son cinco: Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha, Catalu?a, Comunidad Valenciana y Extremadura¡±, explica Navarro. ¡°No hemos encontrado ninguna reacci¨®n favorable a llevar el ATC a ning¨²n territorio, lo cual conducir¨ªa a los ATD¡±, admite el presidente de Enresa. ¡°Da la sensaci¨®n de que ante una instalaci¨®n como el ATC nadie discute su necesidad, pero todos dicen ¡®no en mi patio trasero¡±, lamenta Navarro.

¡°Creo que lo m¨¢s razonable son siete almacenes¡±, apunta Jos¨¦ Luis Escudero, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, donde hay dos centrales: una casi desmantelada por completo (Zorita, Guadalajara) y otra en operaci¨®n (Trillo, Guadalajara). ¡°Se entiende que si no existe un alto consenso se apueste por los ATD, es decir, que cada central se quede sus propios residuos¡±, a?ade Escudero. Pero esto, en la pr¨¢ctica, supone que los municipios en los que hay ahora centrales seguir¨¢n hipotecados con esos residuos cuando cierren las plantas hasta la d¨¦cada de los setenta como m¨ªnimo. Eso en el mejor de los escenarios, que ser¨ªa que para entonces Espa?a ya contara con un Almacenamiento Geol¨®gico Profundo (AGP) en el que guardar definitivamente la basura nuclear.

El plan de residuos radiactivos del Gobierno calcula que el AGP deber¨ªa estar funcionando en 2073; ser¨ªa entonces cuando se trasladar¨ªan all¨ª los residuos desde el ATC o los siete cementerios. ¡°Si no hemos sido capaces de construir un ATC, ?c¨®mo vamos a ser capaces de construir un AGP? Es la pregunta del mill¨®n¡±, dice Juan Pedro S¨¢nchez, alcalde de Yebra ¡ªjunto a la central de Zorita¡ª y presidente de Amac, la Asociaci¨®n de Municipios en ?reas de Centrales Nucleares. S¨¢nchez, cuya asociaci¨®n defendi¨® en su d¨ªa que se apostara por un ATC, da ¡°por enterrada¡± la posibilidad de que se cuente con un solo almac¨¦n nacional. ¡°Cuando se falla en el primer intento...¡±, dice en referencia al fiasco de Villar de Ca?as. El presidente de Amac recuerda que el actual plan de residuos, el s¨¦ptimo, est¨¢ caducado desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Y se muestra muy esc¨¦ptico sobre el s¨¦ptimo plan que est¨¢ tramitando el Ejecutivo: ¡°Dudo mucho de que est¨¦ aprobado esta legislatura. No es serio que no se concrete despu¨¦s de tanto tiempo¡±. Navarro, sin embargo, cree que, si se cumple con el calendario previsto y no se adelantan las elecciones generales, todav¨ªa es posible que esta legislatura salga adelante el nuevo plan de residuos. ¡°En julio de 2023 podr¨ªa ser aprobado por el Consejo de Ministros¡±, dice el presidente de Enresa.

Sentido de Estado

El caso del consejero de Castilla-La Mancha, que expresa claramente su posici¨®n, es la excepci¨®n. El resto de comunidades guardan silencio o no desvelan su postura a EL PA?S. ¡°Estamos viendo si presentamos alegaciones, tenemos hasta junio, y no nos vamos a pronunciar antes¡±, se?ala Olga Garc¨ªa, consejera para la Transici¨®n Ecol¨®gica de Extremadura, donde est¨¢ la central de Almaraz. ¡°De entrada, el dep¨®sito tiene que tener sentido y contar con un consenso social y pol¨ªtico¡±, a?ade Garc¨ªa. La Generalitat de Catalu?a, donde est¨¢n Asc¨® y Vandell¨°s, tambi¨¦n rechaza posicionarse, informa Marc Rovira. Un portavoz del Departamento de Empresa y Trabajo alega que el asunto escapa de sus atribuciones: ¡°No tenemos competencias en este ¨¢mbito¡±, afirma. ¡°Lo estamos estudiando¡±, se limitan a comentar fuentes de la Comunidad Valenciana. ¡°Hay una falta de visi¨®n de Estado¡±, lamenta el presidente de Enresa.

¡°Los residuos radiactivos son un marr¨®n¡±, resume Meritxell Bennasar, de Greenpeace. Su organizaci¨®n tiene pensado presentar alegaciones al plan. En principio, cree que quiz¨¢ la mejor soluci¨®n puedan ser los siete almacenes. ¡°As¨ª se limitan los riesgos en el transporte de los residuos¡±, a?ade. Pero Bennasar confiesa que su organizaci¨®n no est¨¢ al 100% segura: ¡°Es la menos mala, pero tampoco lo tenemos claro¡±.

Si se miran solo los costes econ¨®micos, la soluci¨®n deber¨ªa ser otra. Porque, seg¨²n el plan de Enresa, el sobrecoste que supone construir siete ATD en vez de un solo ATC es de 2.125 millones de euros. Enresa se financia principalmente con las tasas que pagan las propietarias de las centrales, las grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas. Y esta semana el Foro Nuclear, que representa los intereses de esas empresas, se ha quejado del incremento de costes que contempla el plan que se ha sometido a informaci¨®n p¨²blica.

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