El Tribunal Supremo rechaza ordenar ya la demolici¨®n de El Algarrobico

El Tribunal Supremo ha descartado este martes ordenar ya la demolici¨®n de uno de los s¨ªmbolos m¨¢s conocidos de la fiebre del ladrillo que devor¨® a principios de este siglo una parte importante del litoral espa?ol: el hotel levantado en la playa de El Algarrobico del municipio almeriense de Carboneras. La Sala Tercera (de lo contencioso-administrativo) ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa que en julio de 2021 concluy¨® que ese derribo no se puede acometer mientras la construcci¨®n ¡ªque nunca lleg¨® a abrirse al p¨²blico¡ª siga teniendo en vigor la licencia de obras que el Ayuntamiento concedi¨® a la promotora hace casi 20 a?os, en 2003. Ese permiso municipal deber¨ªa haberlo revisado ya el consistorio, pero ante la demora de este, la organizaci¨®n ecologista Greenpeace hab¨ªa reclamado que se ordenase el derribo de esta mole que est¨¢ condenada a desaparecer tarde o temprano sin esperar a que se remate ese tr¨¢mite. Fuentes del alto tribunal han confirmado que la sala ha desestimado el recurso de los ecologistas, aunque hasta dentro de unos d¨ªas no se notificar¨¢ la sentencia con los argumentos jur¨ªdicos que han llevado a tomar esa decisi¨®n.

La construcci¨®n de este hotel fue paralizada por un juez de Almer¨ªa en febrero de 2006, cuando las obras estaban pr¨¢cticamente rematadas. En los ¨²ltimos 16 a?os ha quedado acreditada su ilegalidad tras alrededor de medio centenar de pronunciamientos judiciales de todo tipo: la construcci¨®n invade los 100 metros de la franja de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, se levant¨® en una zona del parque natural de Cabo de Gata-N¨ªjar donde no se puede construir y los suelos en los que est¨¢ son propiedad de la Junta de Andaluc¨ªa, que ejerci¨® el derecho de retracto tambi¨¦n en 2006, tras la pol¨¦mica que se gener¨®. Uno de los problemas de este caso es que, para concretar todas estas infracciones, se han ido abriendo durante los ¨²ltimos a?os un sinf¨ªn de causas individuales que han acabado creando una compleja mara?a judicial de sentencias y recursos.

Hasta 13 fallos acumula solo en el Supremo este hotel, que impuls¨® la promotora Azata con el benepl¨¢cito en su momento de la Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Carboneras. El ¨²nico asidero legal que le queda es la licencia de obras y el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) inst¨® al consistorio a revisarla de oficio el pasado a?o, ante los indicios de que pueda ser nula. Pero ese tribunal no orden¨® el derribo al entender que antes debe anularse esa licencia municipal concedida hace 20 a?os. Es decir, ese es el tr¨¢mite que tendr¨ªa que concluir con el expediente de demolici¨®n de la construcci¨®n, pero el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no ha llevado a cabo esa revisi¨®n pese a los requerimientos de la justicia y de los grupos ecologistas, que ya han pedido al TSJA que sancione al alcalde de Carboneras, Jos¨¦ Luis Am¨¦rigo.

¡°Las numerosas resoluciones judiciales no han tenido efecto pr¨¢ctico alguno. El Ayuntamiento de Carboneras se niega a cumplirlas¡±, lamentaba Greenpeace en el recurso presentado ante el Supremo. ¡°La existencia de esta edificaci¨®n manifiestamente ilegal durante casi 20 a?os provoca alarma social¡± y ¡°falta de confianza en la Administraci¨®n de Justicia¡±, se?alaba el escrito presentado por Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, el abogado que lleva batallando contra esta construcci¨®n para diferentes asociaciones ecologistas desde el comienzo de este caso. ¡°Tras cuatro lustros de ilegalidad de nada han servido las 13 sentencias de esta sala¡±, a?ad¨ªa el recurso.

Sin embargo, el Supremo entiende ahora que no se puede ordenar la demolici¨®n mientras no est¨¦ anulada la licencia municipal. El debate jur¨ªdico de fondo radicaba en si es posible considerar v¨¢lida una licencia municipal si se sustenta en unas normas urban¨ªsticas que han sido anuladas por la justicia durante los ¨²ltimos a?os y que dejan a la construcci¨®n en la ilegalidad.

Tras el fallo, Greenpeace ha anunciado que tiene intenci¨®n de recurrir ante el Constitucional y que pretende seguir presionando al Ayuntamiento de Carboneras para que anule la licencia de obras. Este grupo ecologista, adem¨¢s, continuar¨¢ pidiendo al TSJA que sancione al alcalde. El TSJA ya envi¨® hace un mes y medio un requerimiento al alcalde en el que le ordena que informe cada 15 d¨ªas sobre los pasos que est¨¢ dando para cumplir otra de sus sentencias, de 2018, que obliga al Consistorio a modificar su planeamiento urban¨ªstico para dejar claro que en la zona en la que se levant¨® esa mole de hormig¨®n no se pod¨ªa construir. En este ¨²ltimo escrito, fechado el 28 de octubre de este a?o, se avanza que si se siguen incumpliendo los requerimientos se le puede imponer alguna multa al regidor o trasladar el caso a la Fiscal¨ªa para que act¨²e contra el alcalde.

El Ayuntamiento de Carboneras, por su parte, ha afirmado este martes que mantiene una actitud de ¡°plena colaboraci¨®n para cumplir con todo aquello dictado por la justicia sobre el hotel y en todos los procedimientos judiciales que le afectan¡±. El Consistorio alega que el pasado septiembre emiti¨® un decreto que explicaba la modificaci¨®n del planeamiento urban¨ªstico municipal para ¡°adaptar su contenido a las sentencias¡±, informa Javier Mart¨ªn-Arroyo.

Protocolo de derribo

Cuando las cosas se pusieron realmente feas para el hotel de El Algarrobico con los diferentes pronunciamientos judiciales que demostraban su ilegalidad, las Administraciones central y auton¨®mica acordaron un plan conjunto de derribo. Fue en 2011, pero a pesar de los fallos que siguieron llegando, ambos gobiernos aseguraban que no pod¨ªan ejecutar aquel plan hasta que todo el horizonte judicial se despejara, algo que los ecologistas pretend¨ªan que hiciera el Supremo.

El protocolo de derribo acordado establece que la Administraci¨®n central se har¨ªa cargo de los costes de la demolici¨®n y la Junta de los de la restauraci¨®n de la zona, sin perjuicio de las acciones que luego se pongan en marcha para reclamar ese dinero a terceros, como el Ayuntamiento o la promotora. Y ?cu¨¢nto cuesta la demolici¨®n? Un estudio de 2012 elaborado por Tragsatec, filial de la empresa p¨²blica Tragsa, estableci¨® que el coste total ser¨ªa de 7.175.000 euros (una d¨¦cada despu¨¦s se deber¨ªa actualizar esa cifra).

Tras el derribo se tendr¨ªan que trasladar a vertederos 40.000 metros c¨²bicos de residuos, el equivalente a 16 piscinas ol¨ªmpicas. Adem¨¢s, se deber¨¢ restaurar un terreno de 65.800 metros cuadrados, seg¨²n se indicaba en aquel estudio de Tragsatec que sigue siendo la mejor gu¨ªa para saber c¨®mo se puede hacer desaparecer a este s¨ªmbolo del ladrillo que lleva m¨¢s de 16 a?os varado en la playa de El Algarrobico.

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