Renovables para todos: por un nuevo contrato social y territorial

Cualquier debate sobre las renovables debe empezar con dos ideas que en las ¨²ltimas semanas est¨¢n quedando fuera de foco. En primer lugar, la profunda crisis clim¨¢tica en la que nos encontramos y que no hace m¨¢s que empeorar a?o tras a?o, poniendo en riesgo la posibilidad de una vida digna para la inmensa mayor¨ªa de los habitantes del planeta, principalmente los m¨¢s vulnerables.

El papel de las renovables es clave para combatir la crisis clim¨¢tica porque, en segundo lugar, no podemos olvidar tampoco que el 80% de la energ¨ªa que consumimos son combustibles f¨®siles que importamos de otras regiones del mundo y cuya quema causa precisamente el cambio clim¨¢tico, as¨ª como todo tipo de contaminaciones a nivel local y no pocas zonas de sacrificio. Dejar de lado este dato en el debate puede dar lugar a muchos equ¨ªvocos. Por supuesto, es necesario reducir el consumo energ¨¦tico de nuestras sociedades, pero esta enorme dependencia f¨®sil es lo que explica la necesidad de electrificar numerosos procesos y actividades y la urgencia de producir m¨¢s energ¨ªa renovable para alimentarlos.

Una tercera cuesti¨®n a tener en cuenta, y que contamina todo, es que esta transici¨®n ecol¨®gica debe empezar a desarrollarse en el seno de un capitalismo neoliberal con un sector energ¨¦tico profundamente oligop¨®lico cuya ¨²nica preocupaci¨®n es generar beneficio a corto plazo. Si bien soplan nuevos vientos de cola en favor de un Estado emprendedor, de la pol¨ªtica industrial y la intervenci¨®n p¨²blica en los sectores cruciales, el reverso tr¨¢gico es que no tenemos tiempo hasta que llegue un orden nuevo. La transici¨®n ecol¨®gica y la salida del neoliberalismo deben hacerse simult¨¢neamente. Esa es la gran tarea y el gran reto de nuestra generaci¨®n.

Es en este contexto clim¨¢tico y pol¨ªtico en el que se est¨¢ produciendo una compleja pol¨¦mica sobre el imprescindible despliegue de las renovables en nuestro pa¨ªs. Un debate necesario que nos debe acercar a una transici¨®n ecol¨®gica social y territorialmente justa, que es el objetivo que la mayor¨ªa de implicados en el mismo perseguimos.

Alrededor de las renovables existen diferentes cuestiones importantes pero, en mi opini¨®n, secundarias a la hora de explicar las tensiones actuales: su impacto ambiental local (real y que debe ser minimizado, pero siempre inferior a nivel global que el que tendr¨¢ la crisis clim¨¢tica o la quema de combustibles f¨®siles), la disyuntiva sobre si se ha de priorizar la fotovoltaica en suelo o en tejado (el consenso entre los expertos es que por cantidad y ritmo de instalaciones necesarias hay que avanzar en los dos en paralelo) y la competencia entre renovables y agricultura. En este ¨²ltimo caso hay que resaltar que agricultura y energ¨ªa son dos sistemas igualmente artificiales, imprescindibles y contaminantes (en Espa?a, la agricultura genera m¨¢s emisiones que la producci¨®n de electricidad) que deben ser descarbonizados. Sin embargo, teniendo en cuenta que la fotovoltaica a 2030 apenas requerir¨¢ un 0.3-0.5% de la superficie agricultura ¨²til (por comparar, un 10% de la superficie agr¨ªcola est¨¢ abandonada), que se pueden usar terrenos bald¨ªos, que existen usos combinados como la agrovoltaica, se puede afirmar que m¨¢s all¨¢ de casos concretos escandalosos no existe una amenaza ni una competici¨®n global real entre renovables y agricultura.

Junto a estos existen tres cuestiones fundamentalmente pol¨ªticas que creo que hay que abordar con m¨¢s extensi¨®n.

Desigualdad territorial

Espa?a presenta una profunda desigualdad territorial entre la producci¨®n y consumo de electricidad que es reflejo del modelo pol¨ªtico centralista que lo causa. Extremadura, que produce un 423% de la energ¨ªa que consume y Madrid con un 5% son casos tan extremos que rozan lo obsceno, pero tambi¨¦n tenemos casos intermedios como Pa¨ªs Vasco y Cantabria con un 50% o el Pa¨ªs Valenciano con un 69%. Esta desigualdad no s¨®lo se produce entre Comunidades Aut¨®nomas sino tambi¨¦n dentro de cada una de ellas, siendo paradigm¨¢tico el ejemplo de las diferencias entre Tarragona y Girona dentro de Catalu?a.

La transici¨®n ecol¨®gica debe corregir estas desigualdades teniendo en cuenta el diferente aprovechamiento de los recursos renovables (Madrid es menos apta para la e¨®lica que Cantabria como Asturias es menos apta para fotovoltaica que Andaluc¨ªa) y que las regiones urbanas dif¨ªcilmente pueden ser autosuficientes energ¨¦ticamente a corto plazo, como tampoco lo son, por ejemplo, a nivel alimentario.

A pesar de esto, debido a que s¨®lo el 20% de la energ¨ªa que consumimos es el¨¦ctrica, a nivel energ¨¦tico todas y cada una de las comunidades aut¨®nomas son importadoras netas de energ¨ªa y, puesto que s¨®lo en torno al 50% de la electricidad que producimos es renovable, ninguna comunidad tiene ahora mismo m¨¢s renovables de las que va a necesitar de aqu¨ª a un par de d¨¦cadas ni aun teniendo en cuenta reducciones sustanciales del consumo energ¨¦tico. En ning¨²n caso esto es una excusa para mantener esas desigualdades territoriales sino que muestra que la desigualdad en lo instalado hasta ahora tiene margen de ser corregido.

Otra fuente de conflicto es que la transici¨®n energ¨¦tica se est¨¢ dando en un contexto oligop¨®lico cuya b¨²squeda del beneficio ante todo ha quedado negro sobre blanco en estos ¨²ltimos meses de crisis energ¨¦tica, a lo que adem¨¢s se suma el repentino aterrizaje de fondos de inversi¨®n con una fuerte componente especulativa. L¨®gicamente, esto genera un agravio en tanto que unos recogen beneficios extraordinarios mientras otros s¨®lo ven todo tipo de costes y cambios en su modo de vida.

No supone ning¨²n consuelo para nadie resaltar que el oligopolio y los beneficios extraordinarios no son exclusivos del sector renovable, ni siquiera del el¨¦ctrico sino que son iguales o peores en los sectores f¨®siles responsables de la crisis clim¨¢tica (que adem¨¢s trabajan activamente contra la transici¨®n ecol¨®gica). Pero s¨ª contextualiza la tr¨¢gica dimensi¨®n del debate en este sentido: si se implantan renovables gana un oligopolio, y si no, gana el otro.

Debemos reformar el mercado el¨¦ctrico, democratizar su estructura y promover una mayor participaci¨®n p¨²blica y ciudadana en la producci¨®n y distribuci¨®n de electricidad. Pero como vamos tarde, no hay margen para frenar la instalaci¨®n de renovables hasta conseguirlo. Lo tenemos que hacer a la vez. Negarse a asumir esta inc¨®moda realidad es taparse los ojos ante la emergencia de la crisis clim¨¢tica.

Junto a estos dos debates creo que el n¨²cleo central de la cuesti¨®n tiene su origen en el sentimiento de agravio que, con raz¨®n, sienten muchas regiones y territorios de Espa?a. Zonas que han sido abandonadas durante mucho tiempo, que sufren un proceso de despoblamiento y vaciamiento que en los ¨²ltimos a?os ha conseguido articularse pol¨ªticamente, tanto en forma de plataformas y partidos como, sobre todo, bajo la idea y el afecto de ¡°la Espa?a vaciada¡±.

La realidad es que en este proceso la implantaci¨®n de renovables ha tenido un papel muy secundario frente a otros vectores, pero corremos el riesgo de que se perciba como la gota que colma el vaso. Adem¨¢s, es justo reconocerlo, si bien las renovables apenas han promovido el vaciamiento la realidad es que, por s¨ª mismas, tampoco van a revertirlo sin un contexto institucional favorable. El empleo que generan es escaso a medio plazo y el que crean durante la fase de construcci¨®n es muchas veces un empleo especializado que procede de otras localidades.

Es en ese contexto de abandono y agravio hist¨®rico en el que el despliegue de las renovables supone un llover sobre mojado que se encuentra con resistencias que, como en todo conflicto, est¨¢n cargadas con un buen n¨²mero de buenas y malas razones. Resistencias que, en general, no surgen del ego¨ªsmo o del caricaturizable ¡°rechazo al progreso¡± sino de muy razonables dudas sobre el impacto ambiental y social y, en muchas regiones, de la desconfianza de procesos similares con resultados decepcionantes, pero en las que se mezclan intereses con diferentes grados de legitimidad, sobre todo cuando el conflicto se contextualiza en la dimensi¨®n global de la justicia clim¨¢tica. Ni que decir tiene que lo mismo ocurre entre aquellos que apostamos por un despliegue lo m¨¢s r¨¢pido y justo posible de las renovables. Ni queremos arrasar el campo ni queremos imponerlo ¡°desde Madrid¡±, pero a veces la dimensi¨®n y emergencia de la crisis clim¨¢tica a nivel global nos puede hacer subestimar determinados impactos ambientales y sociales locales.

Este tipo de conflictos ser¨¢n cada vez m¨¢s habituales seg¨²n vaya avanzando la transici¨®n ecol¨®gica y se vayan descarbonizando m¨¢s sectores y actividades en un contexto heredado de gran desigualdad y escepticismo tras d¨¦cadas de neoliberalismo. Escuchar los conflictos, atender sus razones y dilucidar colectivamente una soluci¨®n consensuada. Hacerlo teniendo en cuenta el marco de las consecuencias locales y globales, tanto de la implantaci¨®n de energ¨ªas renovables como de no afrontar a tiempo la crisis clim¨¢tica. Esta la tarea que tenemos por delante plataformas territoriales, activistas ecologistas, pol¨ªticos y el conjunto de la sociedad espa?ola.

En mi opini¨®n, solucionar el conflicto con las renovables pasa por desarrollar un nuevo contrato social y territorial que permita que la transici¨®n ecol¨®gica en general y la energ¨¦tica en particular se haga con justicia: repartiendo de forma equitativa impactos, costes y beneficios. Propongo que en su dimensi¨®n energ¨¦tica este nuevo contrato se asiente sobre tres patas:

En primer lugar, debemos apostar por la implantaci¨®n respetuosa de instalaciones renovables: Acelerar los tr¨¢mites en plantas de peque?o y mediano tama?o que cuenten con buenas pr¨¢cticas ambientales, pero inspeccionar m¨¢s detalladamente los grandes complejos renovables, habilitando procesos de denegaci¨®n r¨¢pida de proyectos claramente insostenibles. Crear mapas vinculantes de zonas preferentes para la instalaci¨®n de renovables, topes m¨¢ximos a la superficie ocupable en un municipio y aumentar la capacidad de la administraci¨®n a todos los niveles territoriales (municipal, auton¨®mico y estatal) que durante a?os ha sido diezmada por pol¨ªticas de recortes.

Implicaci¨®n de los habitantes

Es particularmente importante institucionalizar la implicaci¨®n de los y las habitantes de los territorios en el despliegue renovable a trav¨¦s de la informaci¨®n, la participaci¨®n y la mediaci¨®n para que no sientan como una agresi¨®n que se hace a sus espaldas. Que nadie se enga?e: intentar llegar a atajos en este sentido solo va a ralentizar los proyectos sea por la v¨ªa judicial o sea por la desobediencia civil. Y, por ¨²ltimo, hay que incentivar y agilizar la instalaci¨®n de renovables urbanas, porque es eficiente, porque democratiza la energ¨ªa y porque adem¨¢s de ser justo es simb¨®licamente necesario para avanzar en la transici¨®n.

Por otro lado, hay que crear mecanismos directos e indirectos que aseguren que el despliegue renovable revierta favorablemente en los territorios.

Una posibilidad es una reforma del mercado el¨¦ctrico que incluya criterios que hagan que la tarifa de la luz sea m¨¢s barata en dichas zonas haciendo que, por ejemplo, los peajes y cargos fijos sean menores cuanto mayor sea la proporci¨®n de potencia renovable instalada en la zona o a trav¨¦s de mercados de flexibilidad local. Este mecanismo de renta indirecta tiene la ventaja de ser ¨¢gil y de percibirse de forma inmediata por qui¨¦n se beneficia, pero la desventaja de que es un dispositivo de correcci¨®n de mercado que, por s¨ª mismo, no garantiza que estas compensaciones se traduzcan en un mejor desarrollo local.

Otra alternativa, no necesariamente opuesta sino complementaria a la anterior, es el establecimiento de un Fondo Soberano Renovable, similar al que tiene Noruega para el petr¨®leo, que se alimente de impuestos a las empresas del oligopolio, licencias y concesiones a las renovables o a la producci¨®n de hidr¨®geno verde y cuyas inversiones directas y dividendos se canalicen preferentemente a trav¨¦s de una agencia de desarrollo y transici¨®n ecol¨®gica regional similar a la que opera en las Highlands escocesas (y que es una referencia europea en materia de lucha contra la despoblaci¨®n) hacia servicios, infraestructuras y proyectos locales desde la perspectiva de una transici¨®n ecol¨®gica ambiciosa y apegada al territorio.

La transici¨®n ecol¨®gica es un imperativo ecol¨®gico y moral, necesaria si queremos seguir habitando un planeta que llevamos tiempo empujando por encima de sus l¨ªmites. Pero no es ni ser¨¢ un proceso exento de conflictos. Es, ante todo, una disputa pol¨ªtica por el reparto de los beneficios y los costes colaterales a la lucha contra la crisis clim¨¢tica. Aprovech¨¦mosla para reconstruir los contratos sociales nacionales e internacionales que nos permitan vivir mejor en un planeta lo menos c¨¢lido posible.

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