La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional investiga el robo del agua en el acu¨ªfero de Do?ana

La actuaci¨®n del Estado contra los pozos ilegales que esquilman el acu¨ªfero de Do?ana se ampl¨ªa. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional tiene abiertas unas diligencias preprocesales ¡ªuna investigaci¨®n previa a la presentaci¨®n de una demanda o denuncia¡ª sobre la responsabilidad medioambiental que pueda haber en la extracci¨®n de agua sin permisos del acu¨ªfero 27, del que se nutre el parque nacional de Do?ana, pero tambi¨¦n una potente agroindustria en Andaluc¨ªa. Las captaciones sin control son una de las razones que han llevado al l¨ªmite a este emblem¨¢tico espacio natural. En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea conden¨® a Espa?a por incumplir su obligaci¨®n de proteger Do?ana debido, entre otros motivos, a las extracciones de agua para la agricultura.

Esa condena no acarre¨® multa alguna para Espa?a, pero la Comisi¨®n Europea ¡ªque fue la que denunci¨® al Gobierno por el mal estado de Do?ana¡ª mantiene abierto un expediente por este mismo motivo. Tras conocerse los planes del PP y Vox en Andaluc¨ªa para ampliar la superficie de regad¨ªo en el entorno del parque, Bruselas comunic¨® en marzo de este a?o que acudir¨¢ de nuevo al Tribunal de Justicia de la UE para pedir esta vez una sanci¨®n si siguen adelante esos planes.

Mientras llegaban estas advertencias y los gobiernos central y andaluz se cruzaban cr¨ªticas y reproches, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional decidi¨® el 8 de mayo abrir unas diligencias preprocesales sobre este asunto, de las que ha informado este jueves el ministerio p¨²blico y de las que se encarga el fiscal Manuel Campoy Mi?arro. ¡°Las diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, p¨²blicas o privadas, que est¨¦n procediendo a la captaci¨®n de aguas subterr¨¢neas afectantes al espacio protegido de Do?ana, sin concesi¨®n administrativa o en caudales superiores a los permitidos¡±, ha explicado la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional.

Este departamento ya ha ordenado la pr¨¢ctica de algunas diligencias, como la reclamaci¨®n de informes periciales sobre ¡°los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecol¨®gico, qu¨ªmico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterr¨¢neas¡± de Do?ana. En esta investigaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ participando la Fiscal¨ªa de Sala de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil.

¡°El decreto es muy novedoso porque es muy proactivo. Supone darle un impulso a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional en la v¨ªa contencioso-administrativa, ya que durante a?os ha estado muy enfocada en lo penal, y ahora hay cuestiones fundamentales en las que puede ampliar la responsabilidad¡±, opinan fuentes del caso. Campoy ha sido durante a?os fiscal de medio ambiente en Valencia, por lo que domina el tema de extracciones de aguas subterr¨¢neas.

Hasta ahora las actuaciones de la Fiscal¨ªa para rescatar Do?ana de los ladrones de agua han estado centradas en el ¨¢mbito penal y tanto la de Huelva como la de Sevilla han iniciado procesos contra los agricultores con pozos ilegales y por transformar sin permiso sus fincas a regad¨ªos para invernaderos de fresas. Desde 2007, los freseros han recibido 49 condenas por lo penal, pero al no superar los dos a?os de c¨¢rcel, ninguno de ellos ha entrado en prisi¨®n. La v¨ªa contencioso-administrativa ha sido explorada, pero por los agricultores, que reclamaban en la justicia para intentar evitar el pago de las multas administrativas impuestas por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir.

Ahora el panorama se ampl¨ªa. Es la Fiscal¨ªa la que acude a lo contencioso-administrativo para que los freseros paguen con multas por el da?o provocado al acu¨ªfero. El ministerio p¨²blico considera que dado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no se cumple, est¨¢ legitimada para acudir a esta v¨ªa para lograr que los freseros dejen de esquilmar el acu¨ªfero y este consiga recuperar sus niveles de anta?o. ¡°La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional busca garantizar las medidas para que la sentencia europea se cumpla. Al margen de que se cometan delitos, le pide a la Guardia Civil que le informe de qu¨¦ freseros riegan sin permiso o riegan por encima de sus concesiones de agua¡±, ilustra Juan Jos¨¦ Carmona, responsable para Do?ana de WWF.

Adem¨¢s de identificar qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s del expolio del agua en Do?ana por estar condenadas o tener multas pendientes, el ministerio p¨²blico pide informes periciales a organismos y expertos para tener la foto completa y ver c¨®mo ha sido da?ado el medio ambiente en la zona, en base a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que es el marco normativo en el que act¨²a. En el decreto, la Fiscal¨ªa aclara que los agentes del Seprona deben verificar las extracciones perjudiciales privadas o p¨²blicas, para cerciorarse de si hay Ayuntamientos onubenses o sevillanos que extrae agua del subsuelo por encima de los niveles autorizados.

La apertura de la investigaci¨®n se conoce tras difundirse una sentencia hist¨®rica contra agricultores participantes en el saqueo del agua en Do?ana. La jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, ha condenado a tres a?os y medio de c¨¢rcel a cinco hermanos terratenientes por esquilmar el acu¨ªfero, al extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros c¨²bicos de agua durante cinco a?os, entre 2008 y 2013. Si la sentencia se confirma, los latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo, en Aznalc¨¢zar (Sevilla), ingresar¨¢n en prisi¨®n por un delito contra el medio ambiente y otro de da?os, adem¨¢s de pagar 1,9 millones como indemnizaci¨®n por el robo masivo de agua cometido. Al no superar la condena de dos a?os de c¨¢rcel, ning¨²n agricultor ha entrado en prisi¨®n hasta ahora por el expolio de agua en las provincias de Huelva y Sevilla.

Adem¨¢s, el Parlamento andaluz, donde la derecha tiene una c¨®moda mayor¨ªa, tiene previsto aprobar la ley de regad¨ªos en un par de semanas. En el decreto de apertura de las diligencias, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se refiere a esa regularizaci¨®n de regad¨ªos y a las advertencias de la Comisi¨®n Europea. ¡°La respuesta indica que dichas actuaciones podr¨ªan infringir el derecho de la UE aplicable en materia de medio ambiente, as¨ª como que adem¨¢s de las competencias de la Comisi¨®n Europea, corresponde a las autoridades nacionales de Espa?a garantizar la adopci¨®n de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo¡± de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021.

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