Do?ana, ante un nuevo dilema: ?dinero p¨²blico para pagar a empresarios freseros infractores?
Transici¨®n Ecol¨®gica estudia si destinar parte de los 350 millones del nuevo plan para el parque a los agricultores multados por pozos ilegales
El plan previsto por el Gobierno para desactivar la proposici¨®n de ley de la derecha andaluza sobre los regad¨ªos de Do?ana incluye un peliagudo sudoku. En solo un mes el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica debe consensuar con la Junta andaluza el destino de los 350 millones previstos para inversiones sociales en Huelva. Y el Ejecutivo aut¨®nomo pone como condici¨®n imprescindible, antes de retirar definitivamente su pol¨¦mica norma, que parte de la lluvia de millones caiga sobre los empresarios freseros que han impulsado su pol¨¦mica ley para convertir sus tierras de secano en regad¨ªos junto a la reserva.
El dilema del Gobierno es que muchos de esos agricultores incumplen la legalidad y reciben multas por sus pozos ilegales y por levantar invernaderos sin permisos. Sanciones de los agentes medioambientales de la Junta, pero tambi¨¦n del propio Gobierno, ya que pertenecen a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, adscrita al Ministerio. Puede que el callej¨®n tenga salida, pero desde luego es muy compleja.
?Sienta un precedente peligroso que el Gobierno indemnice a empresarios sancionados por las autoridades? ¡°?M¨¢s peligroso es declarar una amnist¨ªa con un pr¨®fugo de la justicia y el Gobierno piensa hacerlo! Pedro S¨¢nchez quiere solucionar Catalu?a y al mismo tiempo pacificar Andaluc¨ªa¡±, responde con p¨®lvora Julio D¨ªaz, portavoz de los agricultores, muchos con pozos sin permisos de aguas, integrados en la Plataforma de Regad¨ªos del Condado.
D¨ªaz admiti¨® el pasado abril que los freseros que pretenden recalificar sus fincas a regad¨ªos reciben multitud de multas, y ahora matiza que la mayor¨ªa son por infracciones contra la ordenaci¨®n del territorio y ¡°algunas¡± por extracciones ilegales de agua que han contribuido a dejar el acu¨ªfero de la reserva sobreexplotado. ¡°Claro que hay multas por aguas m¨¢s all¨¢ del cumplimiento de la ley, pero es que est¨¢n [los agentes] visitando la misma finca hasta tres veces en una semana. Eso es hacer n¨²meros para demostrar que act¨²an y ejercer presi¨®n. All¨ª hay drones y helic¨®pteros¡±, se queja.
Los invernaderos de fresas ilegales ¡ªsin permisos de agua¡ª est¨¢n en el ADN de esta plataforma empresarial, con directivos como Javier Guti¨¦rrez, gerente de la compa?¨ªa Lujovi, que se enfrent¨® a los agentes medioambientales hasta que en 2020 tir¨® la toalla ante el aluvi¨®n de multas, y levant¨® sus invernaderos. La presi¨®n de estos freseros llev¨® hace casi dos a?os a la derecha y la ultraderecha andaluza a presentar en el Parlamento su proposici¨®n de ley para recalificar sus suelos, y ahora est¨¢n en el centro del millonario plan para desactivar la ley.
Hay mucho dinero en juego: si la hect¨¢rea de una finca de secano tiene un precio medio de 10.123 euros, su tasaci¨®n sube hasta los 140.362 euros en una hect¨¢rea plantada con fres¨®n de regad¨ªo, seg¨²n la encuesta anual de precios de la tierra de la Consejer¨ªa andaluza de Agricultura.
La pregunta clave es si el Gobierno puede obviar las multas por infringir la ley, las condenas judiciales de c¨¢rcel por delito medioambiental que algunos arrastran, y premiarles con indemnizaciones para que sus fincas pasen a ser de titularidad p¨²blica y as¨ª salvar Do?ana de su declive ecol¨®gico. Desde 2007 los agricultores de Do?ana han recibido 49 condenas en casos impulsados por la Fiscal¨ªa de Huelva.
Mientras, la Junta met¨ªa presi¨®n este mi¨¦rcoles: ¡°Si no se llega a un acuerdo con el Gobierno central, la ley se aprobar¨ªa tal cual a finales de octubre¡±, dijo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, antes darles una aparente capacidad de veto a los empresarios freseros. ¡°Si los agricultores se quedan satisfechos nosotros nos quedar¨ªamos satisfechos y, por tanto, a partir de ah¨ª podremos progresar¡±, a?adi¨®.
Los ecologistas alertan al Ministerio del peligro que supondr¨ªa pagar con fondos p¨²blicos a los empresarios infractores. ¡°Si el Gobierno les compra [a los agricultores] provocar¨¢n un efecto llamada indudable. El mensaje es ¡®hagamos las cosas mal, que ya vendr¨¢ pap¨¢ Estado a pagarnos¡¯. ?Con qu¨¦ criterio se comprar¨ªa? Hay que pintar el mapa y ordenar el territorio, pero no veo c¨®mo podr¨¢ ser para premiar la especulaci¨®n de la tierra¡±, advierte Juan Jos¨¦ Carmona, responsable de WWF para Do?ana.
Un problema a?adido a la posibilidad de la compra de tierras por parte del Estado es que la titularidad de muchos terrenos es ya p¨²blica porque corresponde a los cinco Ayuntamientos de la comarca onubense de El Condado y son explotados por los agricultores en r¨¦gimen de alquiler, por lo que es dif¨ªcil que el Ministerio pueda compensarles sin ser propietarios.
La asociaci¨®n de agricultores Puerta de Do?ana, con permisos legales de agua, se ha opuesto estos dos a?os a la ley de la derecha andaluza. Si esta prospera, ante la perspectiva de falta de agua por la extrema sequ¨ªa actual y la deriva de escasez de lluvias por el cambio clim¨¢tico, cada vez la tarta del agua ser¨¢ menor y habr¨¢ m¨¢s comensales en juego, advierte. ¡°?La cuesti¨®n es premiarles despu¨¦s de cometer ilegalidades? Injusticias habr¨¢, pero no 1.800 hect¨¢reas de injusticias. Hay que distinguir los pelotazos de las peque?as explotaciones cuya viabilidad se vea comprometida¡±, dice su portavoz, Manuel Delgado. Dadas las altas temperaturas y la poca lluvia ca¨ªda, el pasado invierno la mayor¨ªa de freseros levantaron un 30% de sus cultivos porque la dotaci¨®n de 4.500 litros por hect¨¢rea y a?o fue insuficiente. Ahora todos esperan restricciones en las dotaciones de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir si este invierno no llueve a mansalva.
La plataforma de regantes que apoya la ley del PP y Vox, suspendida de momento, asegura que representa a 1.500 agricultores, pero esgrime que por cuestiones de privacidad no puede detallar sus miembros. Leandro del Moral, de la Fundaci¨®n Nueva Cultura del Agua y catedr¨¢tico de Geograf¨ªa de la Universidad de Sevilla, critica la defensa cerrada que hace de ellos la Junta: ¡°Toda la argumentaci¨®n de [Juan Manuel] Moreno se apoya en la dimensi¨®n social, la gente, los cientos de familias de Huelva. ?Cu¨¢ndo vamos a disponer del listado de los beneficiados para comprobar hasta qu¨¦ punto eso es cierto o no? De momento, los censos de usuarios legales y los datos oficiales y p¨²blicos no muestran eso. S¨ª, hay muchos, pero con poco, y pocos con mucho, mucha tierra y m¨¢s a¨²n agua. Nadie le da la importancia que tiene, salvo Moreno, claro, solo que en sentido contrario a la realidad¡±.
Las compras de terrenos en Do?ana no son ninguna novedad. La ¨²ltima gran adquisici¨®n fue de la Junta, que se hizo hace un mes con 7.500 hect¨¢reas de la finca Veta la Palma, al sur de la reserva, por 70 millones. Hace un a?o el Ministerio avanz¨® que dispon¨ªa de 100 millones para pr¨®ximas compras de fincas de regad¨ªo y antes, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy compr¨® la finca de Los Mimbrales por 35 millones para liberar del uso agr¨ªcola sus 1.000 hect¨¢reas.
Ahora en el centro de las cabezas para solucionar el sudoku est¨¢ el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Mor¨¢n, que este martes dijo ante los ecologistas de la plataforma Salvemos Do?ana: ¡°Queda mucha piedra que picar todav¨ªa, pero esto est¨¢ bastante mejor de lo que estaba. Escucharemos a todos, es un proyecto de ordenaci¨®n territorial y social. La gente tiene que sentir Do?ana como suya y ah¨ª hay que echar mucha carne en el asador¡±, resumi¨®. Tras la visita de Mor¨¢n, la polic¨ªa mult¨® a los ecologistas por concentraci¨®n ilegal.
Para rebajar el optimismo de Mor¨¢n, el bi¨®logo y presidente del Patronato de Do?ana, Miguel Delibes, resumi¨® el estado de la cuesti¨®n con una met¨¢fora deportiva: ¡°Hemos salvado un match ball y debemos seguir jugando porque el partido contin¨²a¡±.
Un plan de 350 millones con sus beneficiados en el aire
El plan del Gobierno para medidas sociales en la provincia de Huelva suma 350 millones a los 356 millones del plan medioambiental anunciados hace un año, por lo que la lluvia de millones rondará los 700. Los nuevos 350 millones incluyen inversiones en nuevas obras hidráulicas para llevar el agua desde el Oeste onubense -con mayores reservas hídricas- hasta la comarca de El Condado, así como infraestructuras energéticas para el polo químico de Huelva, según fuentes de la Junta.
Ambas costosas actuaciones se llevarán un importante bocado del plan, y luego el Gobierno deberá decidir qué parte les toca a los cinco Ayuntamientos de la comarca -Almonte, Bonares, Rociana, Moguer y Lucena del Puerto-, otros organismos, y si hay indemnizaciones directas para los empresarios freseros. La comarca suma 65.000 habitantes en 650 kilómetros cuadrados pegados a Doñana y preñados de invernaderos.
“El dinero debe ir para reactivar la comarca, potenciar en Bonares el polígono industrial que tenemos paralizado, para que no todo esté basado en los frutos rojos y llevar el agua potable a siete núcleos urbanos con 500 vecinos”, reclama el alcalde socialista de este pueblo, Juan Antonio García.
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