Los agricultores de Do?ana han recibido 49 condenas desde 2007 por pozos ilegales y por transformar sin permisos sus fincas a regad¨ªos

Los agricultores que cultivan invernaderos de fresas en los alrededores de Do?ana han recibido 49 condenas los ¨²ltimos 15 a?os por abrir pozos ilegales para robar agua y por transformar sin permiso sus fincas forestales o de secano a regad¨ªo, seg¨²n el recuento elaborado por la Fiscal¨ªa de Huelva. 13 de estas sentencias son firmes y provienen de investigaciones surgidas por captaciones ilegales para el saqueo del agua subterr¨¢nea y que han derivado en delitos contra el medio ambiente acreditados entre 2016 y 2022.

La acci¨®n penal sobre los agricultores que al margen de la ley han contribuido a esquilmar el acu¨ªfero sobreexplotado de la reserva natural ha sido una gota malaya sobre su conciencia y su d¨ªa a d¨ªa laboral para plantar frutos rojos. La justicia ha condenado a una minor¨ªa de los miles de agricultores de la comarca onubense de El Condado, pero estos fallos han pesado como ejemplo para que otros se retraigan. En paralelo, tambi¨¦n ha provocado que los empresarios freseros sin permisos forzaran al PP y a Vox a presentar su pol¨¦mica proposici¨®n de ley para convertir 1.903 hect¨¢reas en regad¨ªo, seg¨²n c¨¢lculos de WWF.

¡°El agua es un bien p¨²blico, escaso y valioso. La satisfacci¨®n es que siendo casos jur¨ªdicamente complicados y un delito que cuesta mucho probar, nos han dado la raz¨®n. La v¨ªa penal determina que la Administraci¨®n y los particulares empiezan a enfocar el asunto con la gravedad que posee. Los pol¨ªticos obvian nuestra intervenci¨®n, pero llevamos a?os trabajando con pocos medios¡±, valora el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, que ha ejercido la acusaci¨®n en muchos de estos asuntos. No todo han sido victorias y tambi¨¦n ha habido una decena de absoluciones, con el asunto de la finca Matalagrana, con dos exalcaldes de Almonte y 13 empresarios procesados, como ejemplo m¨¢s reciente y llamativo en la Audiencia onubense.

Las condenas por delitos contra el medioambiente y la ordenaci¨®n del territorio oscilan entre los seis meses y los dos a?os de prisi¨®n ¡ªhasta cinco a?os, si el delito es agravado¡ª y no suelen acarrear el ingreso en la c¨¢rcel si el agricultor no reincide. Las m¨¢s recientes responden al robo masivo de agua y han acarreado la clausura de los pozos y el pago de una indemnizaci¨®n, aunque dados los beneficios obtenidos por las cosechas de los siete a?os que de media dura un proceso, la multa compensa. A pesar de las condenas, algunos de los pozos est¨¢n ahora abiertos al ser legalizados por la Junta andaluza y la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir ¡ªdel Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica¡ª.

¡°El resultado de la campa?a en defensa del acu¨ªfero de Do?ana ha sido extraordinariamente relevante¡±, resume la Fiscal¨ªa de Sala de Medio Ambiente, que ha derivado los asuntos a la Fiscal¨ªa onubense. La unidad t¨¦cnica de la Fiscal¨ªa de Sala ha fijado en la mayor¨ªa de los casos mediante sus informes periciales si la extracci¨®n de agua ha causado da?o al medioambiente y con qu¨¦ alcance, una herramienta muy ¨²til para lograr las ulteriores condenas. Al margen de las sentencias, desde 2019 hay 16 investigaciones en curso por pozos ilegales en los juzgados de instrucci¨®n de Moguer y La Palma del Condado.

En el total, de 49 sentencias desde 2007, el grueso ha sido por delitos contra el territorio, tras cambiar los agricultores el uso del suelo y transformar los terrenos forestales y de secano en regad¨ªos, o construir balsas de agua ilegales. Entre los juzgados penales, la Audiencia de Huelva y el Tribunal Supremo, ha habido 36 sentencias condenatorias y nueve absoluciones, seg¨²n el recuento del ministerio p¨²blico. Las investigaciones han surgido habitualmente por fincas agr¨ªcolas colindantes con zonas forestales en las que los agricultores han arrasado hect¨¢reas de pinos para excavar una balsa de riego, levantar una nave de aperos o m¨®dulos prefabricados para alojar a los temporeros o depositar las herramientas.

¡°La conflictividad es muy compleja e implica muchos factores, no es blanco ni negro. Los agricultores no son el demonio, pero claro, las leyes est¨¢n para ser cumplidas por todos y m¨¢s cuando afecta a un territorio tan excepcional como es Do?ana y su entorno. La Fiscal¨ªa lleva muchos a?os luchando para preservar el terreno en el estado en el que estaba. Terrenos con cambios de uso, por ejemplo, y si el terreno se declar¨® forestal era por algo, no para que se eliminaran los ¨¢rboles¡±, reflexiona Pilar ?lvarez, fiscal delegada de Medio Ambiente en Huelva.

La acci¨®n penal suele surgir tras las denuncias administrativas de los seis agentes medioambientales de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir o los inspectores de la Junta andaluza. Hasta el martes pasado se han cerrado 701 pozos y 428 est¨¢n en tr¨¢mite de cierre, seg¨²n los datos del ministerio, que conf¨ªa en cerrarlos todos en 2025, a pesar de la facilidad con la que se abre y se esconde un pozo clandestino entre los arbustos de las fincas. Cuando las investigaciones devienen en condena a los agricultores, la mayor¨ªa no se atreve a reincidir en sus pr¨¢cticas y abandona las fincas sin permiso que ten¨ªa para dedicarse solo a las legales, o deja sus tierras para cambiar de profesi¨®n, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico.

¡°Situaci¨®n compleja¡±

Al respecto, Julio D¨ªaz, portavoz de la Plataforma de Regantes del Condado, que dice aglutinar a 1.500 agricultores de la zona y que ha impulsado la nueva ley de la derecha andaluza, opina: ¡°La situaci¨®n judicial es una pata m¨¢s en un c¨²mulo de cuestiones de una situaci¨®n compleja¡±. El asesor legal de la plataforma, el abogado Javier Dom¨ªnguez, que ha defendido a varios empresarios freseros lanz¨® la semana pasada en una rueda de prensa: ¡°Si a usted le exigieran 100.000 euros de aval, ?lo podr¨ªa soportar?, ?dormir¨ªa tranquilo? Es un calvario¡±.

Al este de Huelva, la provincia de Sevilla no concentra tantos invernaderos de fresas como El Condado, pero tiene grandes fincas colindantes con la reserva y donde tambi¨¦n se ha robado agua del acu¨ªfero, seg¨²n reflejan las sanciones de los agentes medioambientales. Hasta ahora la Fiscal¨ªa de la capital andaluza ha iniciado tres procesos por captaciones ilegales, todos en investigaci¨®n o a la espera de sentencia.