Peajes urbanos, financiaci¨®n del transporte p¨²blico, planes para ir en bici al trabajo¡­ as¨ª ser¨¢ la ley de movilidad sostenible

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que se qued¨® a las puertas del BOE en la pasada legislatura debido al adelanto de las elecciones generales. La futura norma considera la movilidad limpia y saludable como un derecho social que las administraciones deben impulsar, e incluye novedades como la financiaci¨®n estatal del transporte p¨²blico urbano ¡ªalgo que ahora solo ocurre en algunas urbes¡ª y la obligaci¨®n de que las grandes empresas cuenten con planes para incentivar el transporte en bici o en coche el¨¦ctrico. Adem¨¢s, abre la puerta a que las ciudades que quieran puedan completar sus zonas de bajas emisiones con un peaje urbano, como el que ya funciona en Londres.

¡°Vamos a tramitar esta ley de urgencia en el Parlamento porque es un compromiso con Europa¡±, ha dicho este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ?scar Puente. Efectivamente, Espa?a acord¨® con la Comisi¨®n Europea aprobar esta norma como uno de los requisitos para recibir los fondos Next Generation, por lo que el Ejecutivo intentar¨¢ pasar los tr¨¢mites parlamentarios lo antes posible. ¡°Queremos que suscite un alto grado de consenso, ya en su tramitaci¨®n se atisbaba la idea de un gran acuerdo¡±, ha continuado durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

En su opini¨®n, ¡°la ley es necesaria por lo que supone la movilidad en t¨¦rminos econ¨®micos, el 13% del gasto de los hogares, crea m¨¢s de 800.000 empleos y supone m¨¢s del 5% del PIB; tambi¨¦n desde el punto de vista social, porque la movilidad es un derecho y es importante que la ley lo reconozca; y por sostenibilidad, hace falta abordar lo que supone la movilidad en cuanto a contaminaci¨®n, el 27% de gases de efecto invernadero tiene que ver con la movilidad¡±, ha a?adido.

Seg¨²n el ministro, la ley tiene cuatro pilares: reconoce la movilidad como un derecho ciudadano, es decir, contar con un ecosistema de transporte y movilidad; la sostenibilidad, porque tenemos que avanzar desde ciudades de los coches a ciudades de las personas; el tercero es la eficiencia del gasto tanto en transporte como en infraestructuras; y el cuarto pilar es la digitalizaci¨®n y la apuesta por la innovaci¨®n.

As¨ª, la ley pretende cambiar el concepto de transporte, asociado en general al coche y a las grandes infraestructuras, por el de movilidad sostenible, m¨¢s centrado en la movilidad activa ¡ªa pie y en bici¡ª y el transporte p¨²blico. Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo ¡°que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales¡± y ¡°atienda las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblaci¨®n, y en particular, preste especial atenci¨®n a los supuestos de movilidad obligada¡±. Se considera que un buen transporte p¨²blico ¡°mejora la calidad de vida de los ciudadanos¡±.

Precisamente uno de los puntos fundamentales del texto es que garantiza la contribuci¨®n financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ¨¢mbito urbano y metropolitano, algo que hasta ahora tan solo ocurr¨ªa en algunas grandes ciudades ¡ªcomo Madrid, Barcelona o Valencia¡ª, y con ciertas subvenciones a algunos ayuntamientos. La nueva regulaci¨®n pretende crear un sistema de financiaci¨®n estatal homog¨¦neo para todo el territorio ¡°para facilitar que todos los ciudadanos puedan acceder a un servicio de calidad con independencia de la capacidad de financiaci¨®n de la entidad local titular del servicio¡±. Estas ayudas son una reivindicaci¨®n hist¨®rica del sector, en grave crisis financiera desde la pandemia, y similares a las que se dan en otros pa¨ªses de Europa.

La norma crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible como una herramienta para coordinar las pol¨ªticas con todos los organismos implicados, desde el Gobierno central ¡ªcompetente, por ejemplo, en Cercan¨ªas y trenes de Media Distancia¡ª a las comunidades aut¨®nomas ¡ªque suelen gestionar los consorcios metropolitanos¡ª y los ayuntamientos ¡ªresponsables, en general, de autobuses y tranv¨ªas¡ª. El futuro organismo se considera un instrumento esencial ¡°para permitir la coordinaci¨®n, la colaboraci¨®n y la eficacia de las pol¨ªticas p¨²blicas de movilidad de las diferentes administraciones p¨²blicas, propiciando su sostenibilidad econ¨®mica, social y medioambiental¡± y permitir¨¢ tomar medidas coordinadas respecto a la movilidad.

Tasas de congesti¨®n

Adem¨¢s, la ley supondr¨¢ el primer apoyo jur¨ªdico para que los ayuntamientos que quieran puedan introducir un peaje urbano para garantizar la adecuada calidad del aire y reducir las emisiones producidas por los veh¨ªculos a motor. La llamada ¡°tasa de congesti¨®n¡± se aplica ya en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Mil¨¢n y Londres, y consiste en que los veh¨ªculos deben pagar para acceder al ¨¢rea central de la ciudad ¡ªcon algunas excepciones, como los de residentes o repartidores¡ª. En la capital brit¨¢nica, la medida ha conseguido reducir el tr¨¢fico en un tercio. En Espa?a, tanto Barcelona como Valencia han estudiado en alg¨²n momento una medida similar, pero antes de plante¨¢rselo necesitan de una norma estatal que d¨¦ respaldo jur¨ªdico al plan. Con este texto se garantizar¨¢ que las condiciones b¨¢sicas sean homog¨¦neas en todo el territorio, aunque despu¨¦s cada Ayuntamiento podr¨¢ decidir si implementa el peaje urbano o no.

Adem¨¢s, la legislaci¨®n introduce la obligaci¨®n de que las empresas de 500 trabajadores (o 250 por turno) dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, que se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en la potenciaci¨®n de este tipo de movilidad en el ¨¢mbito laboral. Muchas grandes empresas ya cuentan con planes similares, pero por primera vez ahora aparecen en una norma estatal. En cualquier caso, no exige a las empresas un contenido m¨ªnimo de los planes, ni que estos deban incluir necesariamente ning¨²n tipo de medidas obligatorias, y las opciones son amplias: impulso de la movilidad activa (a pie o en bicicleta), transporte colectivo, movilidad el¨¦ctrica, movilidad compartida o colaborativa, flexibilizaci¨®n de la hora punta, teletrabajo¡­

La norma deja fuera por ahora el pago por uso de las autov¨ªas, como se inclu¨ªa en las primeras versiones ¡ªaunque podr¨ªa retomarse en la tramitaci¨®n parlamentaria¡ª. ¡°El mecanismo de pago por uso de las autov¨ªas se elimin¨® cuando se envi¨® la norma al Parlamento¡±, ha apuntado Puente. ¡°Llegamos a un acuerdo con la Uni¨®n Europea en el que se sustituye ese pago por un programa de la incorporaci¨®n de las mercanc¨ªas al tren con tres premisas: un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias, la bonificaci¨®n de los c¨¢nones del transporte ferroviario de mercanc¨ªas, y un programa de apoyo y de incentivos del cambio modal de las mercanc¨ªas por carretera hacia el ferrocarril¡±. El objetivo es aumentar la cuota de transporte de mercanc¨ªas por tren del actual 4% hasta, al menos, el 10% ¡ªla media europea¡ª. ¡°Ya estamos desarrollando autopistas ferroviarias en las que vamos a invertir 1.700 millones, como la de Algeciras-Zaragoza¡±, ha finalizado el ministro.

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