El Constitucional defiende las competencias del Estado para la protecci¨®n del litoral gallego

El Constitucional ha anulado parcialmente por diez votos a uno la ley gallega de Medidas Fiscales y Administrativas que regulaba aspectos de gesti¨®n del litoral en t¨¦rminos que el tribunal ha estimado lesivos para las competencias estatales en la materia. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el presidente del Gobierno. El precepto m¨¢s importante que queda anulado es el art¨ªculo 10.1 de dicha ley, que reduc¨ªa a 15 a?os el plazo de la Administraci¨®n para restituir a su estado anterior las ¡°obras y actuaciones ilegales realizadas en la zona de servidumbre de protecci¨®n de costas¡±. La legislaci¨®n estatal no prev¨¦ l¨ªmite temporal alguno para actuar contra este tipo de construcciones ilegales.

La sentencia explica en este sentido que el motivo de la declaraci¨®n de inconstitucionalidad es que esta acci¨®n de la Administraci¨®n ¡°no est¨¢ sujeta a ning¨²n plazo en la Ley de Costas¡±, y que esta es una norma estatal de car¨¢cter b¨¢sico. Por tanto, es a la ley de Costas a la que le corresponde establecer ¡°las limitaciones de uso en los terrenos colindantes con el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, as¨ª como para precisar su contenido y alcance¡±, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art¨ªculo 149.1.23 de la Constituci¨®n, relativo a las competencias atribuidas al Estado.

Otros preceptos de la ley gallega impugnados por el Gobierno son el art¨ªculo 11 y la disposici¨®n transitoria primera de la misma normativa, la citada ley 7/2022, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. El art¨ªculo 11, en concreto, se declara inconstitucional porque en rigor se limita a reproducir el contenido del art¨ªculo 95.1 de la Ley de Costas, ¡°sin cumplir con los requisitos exigidos para ello por la doctrina constitucional¡±. La sentencia estima que esta reproducci¨®n no era realmente literal, con lo que ¡°no ten¨ªa por finalidad facilitar la comprensi¨®n de la legislaci¨®n auton¨®mica de desarrollo y, adem¨¢s, introduc¨ªa alteraciones respecto del contenido de la ley estatal¡±.

La ponente de la resoluci¨®n ha sido la magistrada Laura D¨ªez, del grupo progresista del Constitucional. Con la propuesta de fallo ha discrepado el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador del tribunal, quien ha anunciado la formulaci¨®n de voto particular en contra de la resoluci¨®n.

La sentencia acordada este mi¨¦rcoles llega dos semanas despu¨¦s de que el Constitucional avalara de forma pr¨¢cticamente ¨ªntegra la ley gallega sobre ordenaci¨®n del litoral de esta comunidad aut¨®noma, que hab¨ªa sido tambi¨¦n objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. El fallo desestim¨® entonces 70 de las 72 impugnaciones planteadas en la impugnaci¨®n, al considerar el Ejecutivo que la Xunta y el Parlamento gallego se hab¨ªan extralimitado en sus competencias, invadiendo atribuciones exclusivas del Estado que derivan de la titularidad del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre e infringiendo la ley y el reglamento de Costas.

Esta secuencia de resoluciones revela, en suma, el deseo del ¨®rgano de garant¨ªas de separar bien el grano de la paja en las acciones emprendidas desde la Administraci¨®n central para defender la vigencia de la legislaci¨®n estatal en materia de costas y territorio litoral de las comunidades aut¨®nomas, en este caso la de Galicia.

El fallo dictado el pasado 23 de abril sobre ordenaci¨®n del litoral gallego, dictado por unanimidad y de la que fue ponente el magistrado C¨¦sar Tolosa, del sector conservador del tribunal, descarta que la comunidad aut¨®noma de Galicia deba modificar su Estatuto de Autonom¨ªa para otorgar autorizaciones de utilizaci¨®n y ocupaci¨®n del dominio p¨²blico al entender incluida dicha funci¨®n ejecutiva en la competencia exclusiva sobre ordenaci¨®n del territorio y del litoral, establecida por el art¨ªculo 27.3 del Estatuto de autonom¨ªa gallego.

El fallo tambi¨¦n rechaz¨® que la regulaci¨®n de los instrumentos de ordenaci¨®n del litoral y de los concretos usos que pod¨ªan realizarse en el mismo sean contrarios a las disposiciones de la legislaci¨®n estatal aprobada en virtud de la facultad del Estado de preservar el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre.

El tribunal tambi¨¦n consider¨® en aquella primera resoluci¨®n que la ley recurrida salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislaci¨®n estatal de costas y que ¡°permanecen inc¨®lumes las facultades estatales, como titular del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, si en el caso concreto, la autorizaci¨®n o el concreto plan aprobado incumpliera la legislaci¨®n en materia de costas¡±. Por tanto, solo se declararon inconstitucionales la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, y el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones.