M¨¢s de 250 historiadores desmontan las acusaciones de Vox contra Largo Caballero y Prieto

M¨¢s de 250 profesores de Historia Contempor¨¢nea de universidades espa?olas y extranjeras han publicado un detallado ¡°informe t¨¦cnico¡±, con 13 puntos, que responde a la propuesta de Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de retirar las calles, placas y estatuas de los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto de la capital. Los historiadores se?alan que su texto est¨¢ sustentado ¡°en investigaciones de solvencia acreditada entre la comunidad cient¨ªfica¡±. En ¨¦l aseguran que la iniciativa de Vox, ¡°m¨¢s all¨¢ de la penosa articulaci¨®n formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayor¨ªa de los mismos, recurre a los viejos y desacreditados clich¨¦s pseudohist¨®ricos de la propaganda franquista¡±. Los investigadores se muestran dispuestos ¡°a aportar pruebas documentales¡± de sus afirmaciones. Eduardo Gonz¨¢lez Calleja, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha recopilado las firmas, ha asegurado a EL PA?S que no quieren ¡°hacer pol¨ªtica¡±, sino ¡°forzar a que el alcalde de Madrid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, tome una decisi¨®n con arreglo a escuchar a los que saben de estos temas¡±. ¡°Se han adherido casi todos los catedr¨¢ticos de Contempor¨¢nea de universidades espa?olas¡±. Entre los firmantes se encuentran Jos¨¦ ?lvarez Junco, Juli¨¢n Casanova, Matilde Eiroa, Gutmaro G¨®mez Bravo, Emilio La Parra, Xos¨¦ M. N¨²?ez Seixas, Juan-Sisinio P¨¦rez Garz¨®n, Paul Preston y ?ngel Vi?as.

Los primeros puntos del documento se extienden sobre la figura de Francisco Largo Caballero (secretario general de la UGT de 1918 a 1938, presidente del PSOE de 1932 a 1935, ministro de Trabajo de abril de 1931 a septiembre de 1933 y presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra de septiembre de 1936 a mayo de 1937, ya durante el conflicto). Del pol¨ªtico madrile?o se afirma que ¡°solo fue condenado en una ocasi¨®n: por el consejo de guerra que dict¨® sentencia por sedici¨®n contra el comit¨¦ organizador de la huelga general de agosto de 1917¡±. Una condena por delito pol¨ªtico ¡°y no por pillaje como asevera Vox¡±. De aquellos hechos se a?ade: ¡°Los dirigentes del PSOE y la UGT exigieron un Gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes¡± y dieron instrucciones ¡°en las que se insist¨ªa en que el paro fuera indefinido y pac¨ªfico, y ordenaron que solo se emplease la violencia en acto de leg¨ªtima defensa¡±. Las fuerzas del Ej¨¦rcito ¡°provocaron la muerte de no menos de 55 huelguistas y 62 pac¨ªficos transe¨²ntes¡±. Largo Caballero fue condenado a cadena perpetua, pero se benefici¨® de la amnist¨ªa del 8 de mayo de 1918, ¡°como consecuencia de su elecci¨®n como diputado en los comicios del 24 de febrero¡±.

Posteriormente, fue imputado por la jurisdicci¨®n castrense por ¡°un presunto delito de rebeli¨®n militar, a ra¨ªz de los preparativos de la Revoluci¨®n de octubre de 1934¡± en Asturias. Sin embargo, los historiadores recuerdan que ¡°tras la presentaci¨®n de un recurso (...)", la Sala Segunda del Tribunal Supremo ¡°le absolvi¨® de los cargos por falta de pruebas¡± en noviembre de 1935.

Sobre otra cuesti¨®n recurrente en historiadores y medios de derechas, ¡°el oro de Mosc¨²¡±, los historiadores dicen que ¡°ni Largo Caballero, ni [Juan] Negr¨ªn ni Prieto robaron las reservas del Banco de Espa?a, sino que, en acto de leg¨ªtima defensa, las emplearon en la adquisici¨®n de armas para sostener la resistencia de la democracia republicana contra el golpe militar-mon¨¢rquico-fascista, como est¨¢ demostrado documentalmente desde hace m¨¢s de medio siglo¡±.

Durante el mandato de Largo Caballero como presidente del Gobierno no se "cometieron las mayores atrocidades en la zona republicana¡±, como asegura Vox, ¡°sino todo lo contrario: la recuperaci¨®n de la autoridad del Estado con la eliminaci¨®n de las milicias de vigilancia en retaguardia y la limitaci¨®n de la represi¨®n pol¨ªtica (habitual en toda guerra) por medio de los tribunales populares¡±, replican los historiadores.

¡°Deriva revolucionaria¡±

El informe se centra en Prieto a partir del punto 10. La afirmaci¨®n de Vox de que la llegada del asturiano a la presidencia del PSOE, en 1935, ¡°supuso el comienzo de una deriva revolucionaria y radical junto a Largo Caballero como secretario general de UGT, es err¨®nea: fue en 1933-1934 cuando Prieto se sum¨® a la v¨ªa revolucionaria dominante en el PSOE, pero desde el verano de 1935 son de sobra conocidas sus discrepancias con Largo, con quien mantuvo un tenso forcejeo pol¨ªtico que tuvo como momento culminante el veto, el 11 de mayo de 1936, del grupo parlamentario socialista para la formaci¨®n de un Gobierno bajo su liderazgo¡±. A continuaci¨®n se le exime de cualquier responsabilidad en la detenci¨®n y asesinato del pol¨ªtico conservador Jos¨¦ Calvo Sotelo en Madrid solo cinco d¨ªas antes de la sublevaci¨®n de Franco y otros militares contra el Gobierno del Frente Popular en la Segunda Rep¨²blica.

Los historiadores rebaten que la propuesta de Vox, apoyada por el PP y Cs, cite como argumento el art¨ªculo 15 de la Ley de la Memoria Hist¨®rica, aprobada en diciembre de 2007 por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, en el que se ordena a las administraciones ¡°la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltaci¨®n, personal o colectiva, de la sublevaci¨®n militar, de la Guerra Civil y de la represi¨®n de la dictadura¡±. Los expertos se?alan la incongruencia de acusar a ¡°figuras pol¨ªticas que se distinguieron por su oposici¨®n a la sublevaci¨®n militar, por la defensa de la legalidad en la Guerra Civil y por ser v¨ªctimas de la dictadura¡±.

Por ¨²ltimo, recuerdan que Vox justific¨® su propuesta en una resoluci¨®n del Parlamento Europeo, de septiembre de 2019, de condena a los reg¨ªmenes totalitarios y a sus representantes, cuando fue ¡°la democracia republicana la que se defendi¨® con todos los medios legales a su alcance del ataque del militarismo y el fascismo¡±.