La Audiencia imputa a 14 cadenas de televisi¨®n por corrupci¨®n en los negocios en el fraude de ¡®la rueda¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una investigaci¨®n contra 14 de las principales cadenas de televisi¨®n de Espa?a por la trama conocida como la rueda. El caso investiga el supuesto fraude por el que socios de la SGAE y empleados de estas emisoras obten¨ªan ingresos millonarios por los derechos de autor de m¨²sica retransmitida en programas nocturnos, sin apenas audiencia. El magistrado atribuye a las televisiones un delito de corrupci¨®n en los negocios cometido por medio de organizaci¨®n y/o grupo criminal.

En un auto, el magistrado concede a las cadenas un plazo de cinco d¨ªas para que se personen en la causa designando un abogado o procurador. Las empresas investigadas son Atresmedia, Mediaset, Radio Televisi¨®n Espa?ola, Canal Sur, Tv Extremadura, Televis¨®n del Principado de Asturias, Televisi¨®n de Galicia, Televisi¨®n de Arag¨®n, Televisi¨®n de las Illes Balears, ETB, Telemadrid, Televisi¨®n p¨²blica Canarias, MusicCYL, Televisi¨®n Castilla-La Mancha.

M¨¢s informaci¨®n

Claves de la rueda de la SGAE. As¨ª funciona

Moreno cifra el fraude en 100 millones de euros y sit¨²a el periodo investigado entre 2006 y 2011. Seg¨²n su auto, el grupo de investigados pod¨ªa embolsarse hasta 20 millones al a?o. La televisi¨®n es una de las principales fuentes de ingresos de la SGAE, que recauda entre 250 y 300 millones de euros anuales por el uso de su cat¨¢logo. Y las canciones emitidas de madrugada llegaron a suponer el 70% de los ingresos que generaba la m¨²sica en la pantalla peque?a, aunque solo las escuchaba el 1% de la audiencia. La actividad delictiva "no podr¨ªa desarrollarse sin la actuaci¨®n concertada con las diferentes cadenas televisivas", a?ade el juez.

El funcionamiento de la trama consist¨ªa en que algunos socios de la SGAE grababan temas musicales que muchas veces eran obras de dominio p¨²blico a las que se hac¨ªan cambios m¨ªnimos?¡ªo incluso ninguno¡ª en los arreglos. Los investigados, a menudo, contactaban con j¨®venes estudiantes en conservatorios a quienes se les ofrec¨ªa aparecer en televisi¨®n interpretando alguna de esas obras. Posteriormente las registraban en la entidad a su nombre o al de familiares o amigos, o de sociedades creadas a tal fin. Y, as¨ª, cobraban "los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la cl¨¢sica original sin ning¨²n tipo de variaci¨®n¡±, seg¨²n el juez. Varios de los investigados pasaron en pocos a?os de inscribir apenas un pu?ado de temas a ser autores de cientos, o incluso miles. De ah¨ª que, para no ser detectados, buscaran tambi¨¦n testaferros.

Los investigados sol¨ªan ceder el 50% de los derechos de esas melod¨ªas a editoriales creadas por las propias televisiones. Y, como ¨²ltimo paso, determinados trabajadores de las cadenas llenaban con esta m¨²sica la programaci¨®n nocturna. Cuanto m¨¢s sonaran esas melod¨ªas, aumentaban los derechos generados y, por tanto, los ingresos de todos los miembros de la trama. En algunos casos, los temas que se emit¨ªan eran pr¨¢cticamente inaudibles, pero no por eso dejaban de cobrar. El instructor apunta que los investigados podr¨ªan estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisi¨®n, de tal manera que ¡°abonar¨ªan a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras¡±.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional present¨® una denuncia en 2016, despu¨¦s de que distintas asociaciones y miembros de la SGAE informaran de la existencia de un grupo de socios que llevaba 10 a?os realizando actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales. El juez sospecha que la trama perjudic¨® a los 120.000 creadores que componen la SGAE, al desequilibrar su reparto, adem¨¢s de imponer, con su poder de voto, gobiernos afines en la entidad, que perpetuaran sus intereses. Desde septiembre de 2018, el entonces presidente de la SGAE Jos¨¦ Miguel Fern¨¢ndez Sastr¨®n tambi¨¦n figura como imputado por el caso rueda.?

Esta trama sigue siendo uno de los principales focos pol¨¦micos dentro de la entidad: todav¨ªa en el primer semestre de 2018, los temas que sonaron entre las dos y siete de la madrugada generaron ingresos por 16,15 millones, un 40% de la recaudaci¨®n de la m¨²sica en televisi¨®n. Para arreglar este desajuste, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estableci¨®, el a?o pasado, que ninguna franja horaria pueda representar m¨¢s del 20% de los ingresos totales.

La responsabilidad penal de las televisiones

El juez se basa en el informe del fiscal en el que pide las imputaciones y explica que la actividad delictiva ¡°no podr¨ªa desarrollarse sin la actuaci¨®n concertada con las diferentes cadenas televisivas [...] que estar¨ªan as¨ª actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervenci¨®n estar¨ªa dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados¡±.

Esta pr¨¢ctica se conoce en el sector como "retorno": su origen, contin¨²a el magistrado, se encuentra en la creaci¨®n por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretend¨ªan rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. A final de a?o, si las cadenas registran canciones que ellas mismas emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que reduce la cifra que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, int¨¦rpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante.

El auto del juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargadas de las ¨¢reas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento tambi¨¦n debe trascender ¡°a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuesti¨®n, porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisi¨®n de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacci¨®n id¨®neos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permiti¨¦ndose as¨ª la emisi¨®n de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtenci¨®n de audiencias u otros fines l¨ªcitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de car¨¢cter defraudador¡±.

La resoluci¨®n se?ala que las diligencias practicadas hasta el momento revelan la inexistencia de mecanismos de prevenci¨®n ¡°dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Asimismo, estos indicios evidencian una transgresi¨®n radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contrataci¨®n¡±.

Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisi¨®n de estos hechos, no como un mero instrumento del delito ¡°sino aut¨¦nticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jur¨ªdico procesal de investigado con los derechos y garant¨ªas inherentes al mismo¡±.?