El control del dopaje en el ¨¢mbito del deporte: un problema no resuelto

El Gobierno anunci¨® esta semana la aprobaci¨®n de un nuevo proyecto de Ley Org¨¢nica de reforma del dopaje en el deporte. El motivo, la actualizaci¨®n de la normativa internacional, de car¨¢cter privado, que se plasma en el C¨®digo Mundial Antidopaje y cuyos principios se aplican en los Estados que suscriben la Convenci¨®n Europea contra el Dopaje, entre ellos Espa?a. El objetivo de la lucha contra el dopaje es un objetivo digno, ser¨ªa, loable y plausible. Concita adhesiones, aunque es cierto que ha producido enormes decepciones probablemente porque los polic¨ªas casi nunca van por delante de los ladrones.

El modelo internacional de control de dopaje ha sido poco cr¨ªtico con su nivel de exigencia y de colisi¨®n que producen sus m¨¦todos la esfera de la libertad y los resultados obtenidos. Para muchos de nosotros la imagen de lo ocurrido con Rusia y la falta de asunci¨®n de responsabilidades en dicho evento marca una dificultad central en la credibilidad del proyecto. Todo fracas¨® y todos miraron para otro lado.

Pero m¨¢s all¨¢ de esto es lo cierto que la integraci¨®n de las exigencias del C¨®digo en los Ordenamientos jur¨ªdicos es, sin duda, una labor problem¨¢tica como acaba de se?alar el propio Dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de Ley. La dificultad est¨¢ en encontrar f¨®rmulas jur¨ªdicas, constitucionalmente admisibles, para algunos de los mecanismos de detecci¨®n del dopaje que se han planteado. Una de ella, significativamente compleja, es la del pasaporte biol¨®gico que nos introduce en el ¨¢mbito de las presunciones y de la inversi¨®n de la carga de la prueba. Terreno este muy complicado cuando se trata de potestad sancionadora p¨²blica m¨¢s all¨¢ de que sea o tenga especialidades.

Las presunciones de un nivel tan elevado, la localizaci¨®n permanente, las obligaciones de presencia obligatoria son mecanismos que, en Derecho, cuesta admitir porque imponen un sacrificio sobre la esfera de libertad personal que sino fuera por la especial vinculaci¨®n de los deportistas con el movimiento deportivo y la existencia de un consentimiento (m¨¢s o menos voluntario) no resultar¨ªan admisibles.

El objetivo es importante pero, probablemente, el problema central es el enfoque. Pensamos ¨C casi todos (menos Alemania)- que el bien jur¨ªdico es la salud p¨²blica y, luego, la salud individual. Finalmente, hoy, es m¨¢s f¨¢cil establecer todo sobre la base del fraude deportivo que acudir a los t¨ªtulos de salud en los que no se encuentran c¨®modas la mayor parte de las legislaciones salvo para los supuestos de prevenci¨®n general.

Siendo el fraude el bien jur¨ªdico a proteger se plantea un problema central como es que si debe ser el derecho penal o el administrativo o el derecho privado la rama del Ordenamiento que lo debe tratar de evitar o sancionar. Es probable que aqu¨ª se encuentre el principio del problema de encaje en el que deber¨ªamos preguntarnos por el inter¨¦s p¨²blico en muchas actividades y en muchos sectores sobre todo si para estar deben producirse adaptaciones tan complejas como la que aqu¨ª se plantea.

Alberto Palomar Olmeda es profesor titular (acred) de Derecho Administrativo

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