Dirigentes democristianos denuncian la violaci¨®n de derechos civiles en Chile

Cinco personalidades chilenas, entre ellas tres dirigentes de la Democracia Cristiana, enviaron en estos d¨ªas a los ministros de Asuntos Exteriores latinoamericanos, que asisten en Santiago a la Asamblea de la OEA (Organizaci¨®n de Estados Americanos), un escrito en el que se describen minuciosamente los atentados contra los derechos civiles en Chile.La importancia de este escrito radica en que sus firmantes fueron destacados opositores al r¨¦gimen izquierdista de Salvador Allende. Uno de ellos, Jaime Castillo Velasco, fue ministro de Justicia durante la presidencia del democristiano Eduardo Frei.

La reacci¨®n de la prensa afecta a la junta militar, casi toda, no se ha hecho esperar y los cinco signatarios del documento han sido calificados de ?traidores a la patria?, ?canallas? y ? sinverg¨¹enzas ?.Detenciones masivas

El documento est¨¢ redactado con datos de la experiencia recogidas por sus firmantes en el ejercicio de la abogac¨ªa. En una de sus principales denuncias se afirma que ?desde hace tres a?os contin¨²an la detenciones masivas de ciudadanos?, detenciones que se realizan ?de una manera arbitraria y por un tiempo indefinido?.

Los firmantes del documento subrayan que las autoridades militares consideran ahora como enemigos a las personas a las que antes no se ten¨ªa por tales, especialmente a miembros del partido que no fueron miembros de la Unidad Popular, personalidades que pertenecen a la Universidad o a instituciones sociales, y los propios padres de los detenidos.

El documento afirma que se ha convertido en ?una costumbre? la detenci¨®n ilegal y sin plazo fijado de antemano y que el interrogatorio extrajudicial ?a base de coerci¨®n, es un elemento esencial del sistema?.

Todopoderosa DINA

El escrito da algunos detalles de la configuraci¨®n y actuaci¨®n de la polic¨ªa secreta boliviana, la DINA, de la que afirma que se ha convertido en ?todopoderosa e irresponsable?. El personal de esta polic¨ªa, que depende directamente de la Junta militar, procede preferentemente de las Fuerzas Armadas, pero muchos de sus agentes fueron reclutados entre las capas m¨¢s bajas de la sociedad, tanto desde el punto de vista moral, como cultural y penal.

La DINA se niega a dar ning¨²n tipo de informaci¨®n sobre la situaci¨®n o paradero de los detenido!, incluso al Ministerio del Interior.

El documento da igualmente precisiones sobre los centros secretos de detenci¨®n, cuya existencia ha sido confirmada indirectamente por las propias autoridades, al negar su acceso a ellos a la comisi¨®n interamericana de Derechos Humanos, que recientemente elabor¨® un informe sobre Chile.

?Una simple visita a los campos de prisioneros ser¨ªa suficiente para comprobar, en muchos casos, que los detenidos llevan sobre sus cuerpos las se?ales del trato que han sufrido?, dice el escrito.

El documento denuncia igualmente la desaparici¨®n de numerosas personas previamente detenidas por los militares o por la DINA y ataca duramente a los jueces civiles y al Tribunal Supremo, al que acusa de haber abandonado ?de forma voluntaria, y contra su propia tradici¨®n, el derecho de instruir los recursos presentados contra las abominables sentencias de los tribunales militares?.