La manipulaci¨®n de los funcionarios

El ¨ªnfimo eco que las asociaciones profesionales han tenido entre los funcionarios del Estado y de los organismos aut¨®nomos, y la clara insuficiencia de los colegios profesionales como veh¨ªculos de integraci¨®n de los funcionarios de la Administraci¨®n Local (ah¨ª est¨¢ el conflicto de los bomberos de Madrid para demostrarlo) son datos que hablan de una realidad social, la funci¨®n p¨²blica, que carece de cauces democr¨¢ticos para su organizaci¨®n y defensa.Dos son las posiciones fundamentales ante esa realidad social. La inmensa mayor¨ªa de los funcionarios y contratados quieren la libertad sindical, de tal suerte que, si ma?ana hubiera libertad sindical en la Administraci¨®n, presenciar¨ªamos la legalizaci¨®n de los sindicatos democr¨¢ticos que operan actualmente entre funcionarios y contratados.

El Gobierno, por su parte, juega a dejar pasar el tiempo, sin, entretanto, hacer nada para facilitarla llegada de la libertad sindical a la Administraci¨®n. Es m¨¢s, el Gobierno obstaculiza a diario la implantaci¨®n de sindicatos de funcionarios y contratados. Durante el ¨²ltimo mes se ha puesto en marcha por diversos Ministerios una vasta operaci¨®n, tendente a crear asociaciones profesionales de funcionarios, especialmente entre funcionarios de titulaci¨®n superior. Se est¨¢ presionando a no pocos colectivos de funcionarios para que constituyan sus asociaciones profesionales. Se les est¨¢ coaccionando desde las instancias superiores de algunos Ministerios, en algunos casos, muy recientes, mediante escritos en los que altos mandos de alg¨²n departamento olvidan conceptos tan elementales como la autonom¨ªa, la libertad y la independencia de todo tipo de organizaciones de trabajadores respecto de su empleador.

Cuando la Administraci¨®n se opone a la libertad sindical de los funcionarios lo hace hoy utilizando argumentos tan viejos como la lucha misma de los funcionarios por su sindicaci¨®n:

1. El sindicalismo es cosa de trabajadores manuales.

2. El reconocimiento de los sindicatos de funcionarios supone el reconocimiento del derecho de huelga, que es incompatible con el servicio p¨²blico.

3. Las retribuciones de los funcionarios no se pueden negociar porque su fijaci¨®n est¨¢ reservada al Parlamento.

Pero estas tazones no resisten el menor an¨¢lisis cr¨ªtico ya que el sindicalismo es cosa de todo el que se gana un sueldo o salario mediante su trabajo; las huelgas ya se hacen con frecuencia en la Administraci¨®n espa?ola, y las retribuciones, las llamadas retribuciones complementarias (que hoy por hoy no son negociables para los sindicatos de funcionarios) de hecho, se negocian por unos pocos cuerpos de funcionarios, en tanto que a los cuerpos; que est¨¢n fuera de las negociaciones (que es lo mismo que decir, fuera de las juntas de Retribuciones) se le dejan las migajas presupuestarias.

Uno de los primeros objetivos de los sindicatos de los funcionarios y contratados ser¨ªa luchar por la justicia y la transparencia de las retribuciones. Esto lo saben los que gobiernan este pa¨ªs, que, como en otros pa¨ªses de Europa Occidental, son los altos funcionarios.

Tambi¨¦n lo saben los altos mandos de la Administraci¨®n que, recientemente, por lo que pueda pasar tras las pr¨®ximas elecciones generales, han dictado un decreto-ley sobre reforma de la funci¨®n p¨²blica que, como tantas otras cosas que afectan al mill¨®n de TAP que prestan sus servicios a la Administraci¨®n, se ha elaborado a espaldas de la base funcional.

En el decreto-ley de 30 de marzo, que tal es la pieza legal a la que me refiero, se aumentan (con efectos de 1 de enero de 1978) las retribuciones b¨¢sicas de los funcionarios, pero se aplaza la regulaci¨®n de las retribuciones complementarias, que son las hoy injustamente distribu¨ªdas en favor de los altos cuerpos, en perjuicio de los modestos funcionarios.

El Gobierno Su¨¢rez ha pretendido tapar las bocas de los funcionarios modestos prometi¨¦ndoles una subida salarial para 1978, pero, a la vez, ha procurado mantener el statu quo retributivo de los privilegiados cuerpos de funcionarios que est¨¢n presentes en el propio Gobierno y en los aleda?os del Poder.

Las prisas del Gobierno Su¨¢rez a la hora de prometer futuras subidas de sueldos a los funcionarios no encuentran paralelismo con su desinter¨¦s, por la libertad sindical de los funcionarios, hasta el punto de que el decreto-ley de reforma de la funci¨®n p¨²blica es, en s¨ª mismo, una pieza m¨¢s de la artiller¨ªa gubernamental, que s¨®lo pretende bajar la tensi¨®n conflictiva en la Administraci¨®n y atraer hacia el presidente del Gobierno la mirada (y tal vez tambi¨¦n el voto) agradecido del mill¨®n largo de espa?oles que trabajan en la Administraci¨®n, a los que sigue negando el derecho de asociaci¨®n sindical. Parece poco serio que el Gobierno intente fijar con el voto de los funcionarios, pero este tema, y de la actitud de los partidos pol¨ªticos ante los problemas de los funcionarios, tiempo tendremos de reflexionar m¨¢s adelante.