La larga y dificultosa marcha hacia la CEE

Los aspectos pol¨ªticos de las relaciones Espa?a-Comunidad han encubierto tradicionalmente los problemas econ¨®micos reales, que hoy empiezan a existir. El comportamiento de la Comunidad no puede decirse que ayude al proceso democratizador espa?ol, y en las ¨²ltimas semanas parece que los obst¨¢culos aumentan en vez de disminuir. Nos referimos a dos aspectos concretos de estas relaciones: la pesca y la adaptaci¨®n del acuerdo comercial de 1970.Al extender sus aguas jurisdiccionales, la Comunidad propuso a los pa¨ªses que faenaban en sus aguas la firma de acuerdos-cuadro que regularan esta actividad en el futuro. Espa?a inici¨® negociaciones con la Comunidad, y si creemos en las declaraciones de la delegaci¨®n espa?ola, el esp¨ªritu en las mismas ha sido ¨®ptimo hasta el punto que, en la ¨²ltima sesi¨®n, el acuerdo era casi total. Mientras se negocia, la Comunidad ha establecido un r¨¦gimen transitorio aut¨®nomo que entr¨® en vigor el primero de enero hasta el 31 de marzo, y que acaba de ser prorrogado con ciertas modificaciones. Dicho r¨¦gimen supone, seg¨²n la Comunidad, el mantener un statu quo de la actividad. As¨ª ha sido durante el primer trimestre, pero las modificaciones recientes han cambiado la situaci¨®n.

Hasta marzo la ¨²nica restricci¨®n, no justificada, por otra parte, con datos t¨¦cnicos, ha sido la de reducir a un 30% nuestras posibilidades de captura tradicionales para la merluza. Desde abril la Comunidad ha impuesto a Espa?a (y curiosamente no a otros pa¨ªses) un sistema de licencias, hecho m¨¢s o menos justificado, y, en base al mismo, sin ninguna justificaci¨®n, una limitaci¨®n a 124 del n¨²mero de barcos que podr¨¢n pescar en sus aguas jurisdiccionales. En esta limitaci¨®n radica el problema: en dichas aguas faenan tradicionalmente entre seiscientos y 1.200 barcos espa?oles. La aceptaci¨®n de la norma comunitaria implica que quedar¨¢n en puerto entre el 75 y el 90% de la flota pesquera del Norte. Por otra parte, seg¨²n medios t¨¦cnicos espa?oles, con los barcos permitidos por la Comunidad no se pescar¨¢ m¨¢s all¨¢ del 25% de los cupos ofrecidos por aqu¨¦lla, que quedan de hecho reducidos a dicha cuant¨ªa. Para la flota de arrastre m¨¢s moderna, la de m¨¢s de mil toneladas, la incidencia es mayor. Como resultado, m¨¢s de 10.000 personas podr¨¢n verse afectadas. Parece como si en Bruselas una vez m¨¢s se buscan soluciones te¨®ricas a adoptar de la noche a la ma?ana sin tener en cuenta que detr¨¢s existen unas familias cuya vida depende de dicha actividad. ?D¨®nde est¨¢ el respeto del statu quo? ?Y la supuesta comprensi¨®n de nuestros problemas, tan cacareada en las negociaciones?

Los hechos anteriores no son aislados. El ¨²ltimo Consejo de Ministros de la Comunidad ha aprobado un nuevo mandato para negociar con Espa?a la adaptaci¨®n del acuerdo de 1970. Dichas negociaciones se iniciaron en 1971 para compensar a Espa?a por los problemas creados a nuestra exportaci¨®n agr¨ªcola por la ampliaci¨®n de la Comunidad. Las propuestas comunitarias intentaron llevar a nuestro pa¨ªs a una zona de libre cambio industrial, objetivo no justificado econ¨®micamente, pero ¨²nica alternativa pol¨ªtica en aquel momento. La situaci¨®n cambi¨® al decidir el primer Gobierno de la Monarqu¨ªa, con clara visi¨®n del problema, limitar la negociaci¨®n a la simple adaptaci¨®n del acuerdo del setenta con las concesiones agr¨ªcolas que nos eran debidas A partir de este momento el objetivo prioritario de Espa?a pasa a ser la adhesi¨®n.

Tras un nuevo intento de la Comunidad de volver a la zona de libre cambio, cortado por gestiones del Gobierno espa?ol en septiembre del 76, el Consejo de Ministros aprob¨® el 5 de abril un nuevo mandato que en opini¨®n de responsables del tema constituye la peor soluci¨®n que pod¨ªa esperarse. La incomprensible intransigencia de Italia, apoyada por otros Estados miembros, en conceder a Espa?a ventajas agr¨ªcolas mucho menores de las que ya disfrutan nuestros concurrentes del Mediterr¨¢neo, han llevado a proponernos un acuerdo en dos etapas: en la primera ambas partes se extender¨ªan el acuerdo del setenta. En las segundas, seg¨²n parece, se negociar¨¢ para reequilibrarlo en favor de la Comunidad a cambio de unas posibles concesiones agr¨ªcolas. Como se ve, tras seis a?os el problema se ha invertido y se ha pasado de una compensaci¨®n agr¨ªcola a Espa?a a una compensaci¨®n industrial por parte de nuestro pa¨ªs en base a un supuesto y nunca demostrado desequilibrio del acuerdo de 1970.

?C¨®mo puede entenderse este comportamiento de la Comunidad frente a la Espa?a actual? La democratizaci¨®n plantea el tema de la integraci¨®n en Europa con toda su crudeza: los intereses econ¨®micos son determinantes. Es cierto que los Gobiernos de los nueve han hecho numerosas declaraciones sobre la integraci¨®n de las nuevas democracias del sur de Europa, pero no es menos cierto que las negociaciones de adhesi¨®n con Grecia avanzan muy lentamente y las perspectivas de Portugal son tambi¨¦n pesimistas. ?Qu¨¦ suceder¨¢ con Espa?a? Con un planteamiento realista hay que ser si cabe a¨²n m¨¢s pesimistas. La campa?a iniciada por los medios agr¨ªcolas franceses, apoyada por informes del Gobierno y avalada incluso por alg¨²n conocido europe¨ªsta de la izquierda francesa, tiende a demostrar que la entrada s¨®lo podr¨¢ hacerse si se establecen elementos suficientes de protecci¨®n contra las exportaciones agr¨ªcolas de nuestro pa¨ªs. Se olvida as¨ª la esencia de la Comunidad, pero tambi¨¦n que junto al desarrollo de nuestra exportaci¨®n agr¨ªcola se producir¨¢ la apertura de nuestro mercado agr¨ªcola e industrial.

En otros pa¨ªses las dificultades se encubren con otros argumentos: la debilidad interna de la Comunidad, las dificultades institucionales, o la carga econ¨®mica que la ampliaci¨®n de la Comunidad supone.

En este contexto, ?de qu¨¦ garant¨ªas dispone Espa?a para su integraci¨®n? En el plano de los principios y de las declaraciones, todas; de hecho, las derivadas de su fuerza, ¨ªntimamente ligadas al importante mercado que nuestro pa¨ªs representa. La apertura de este mercado puede suponer un obst¨¢culo parad¨®jicamente para nuestra integraci¨®n. Lo que puede ser bueno a corto plazo plantear¨¢ problemas a largo. La ¨²nica alternativa para acelerar la integraci¨®n en la Comunidad es mantener las cosas en su situaci¨®n actual y procurar que el proceso de integraci¨®n se realice en el menor tiempo posible. El Gobierno que salga de las elecciones debe ser consciente de la importancia del tiempo y solicitar la integraci¨®n de inmediato. El actual no debe adoptar ninguna decisi¨®n que pueda significar un obst¨¢culo en el futuro a cambio de unas reducidas ventajas inmediatas.