Campa?a contra el Plan Territorial de Andaluc¨ªa

Como parte de una estrategia colonizadora de la regi¨®n ha sido definido el Plan Territorial de Coordinaci¨®n de Andaluc¨ªa aprobado por decreto de 18 de junio de 1976, cuya derogaci¨®n fue solicitada ya en el pasado mes de marzo por representantes de numerosos colegios profesionales de las ocho provincias andaluzas. Pero la ?batalla del Plan? no ha hecho m¨¢s que comenzar y es ahora cuando diversos partidos pol¨ªticos se han unido a los profesionales para iniciar una amplia campa?a de divulgaci¨®n que permita a los andaluces sensibilizarse y tomar postura ante un plan -elaborado, una vez m¨¢s, en Madrid- que puede ser determinante de su futuro.El Plan Territorial de Coordinaci¨®n de Andaluc¨ªa (PTCA) contempla las alternativas regionales en cuanto a pol¨ªtica energ¨¦tica, embalses y regad¨ªos, centros industriales y de servicios, bases militares, medio ambiente y defensa de los recursos naturales, patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico, infraestructura b¨¢sica (comunicaciones, abastecimiento de agua), etc¨¦tera.

Lo m¨ªnimo que puede decirse del PTCA es que tiene una inspiraci¨®n claramente centralista y antidemocr¨¢tica. Su centralismo es mayor a¨²n que la propia ley del, Suelo. Mientras que en ¨¦sta la Comisi¨®n Central de Urbanismo tiene un car¨¢cter informal, el decreto-ley de formaci¨®n del Plan le otorga facultades decisorias fundamentales, como la de elegir la alternativa o las alternativas que han de desarrollarse. Los grupos de trabajo previstos son estrechamente dependientes, por su composici¨®n, de la Administraci¨®n Central. Y no digamos la Comisi¨®n Regional de Planeamiento: en ella habr¨¢ menos representaci¨®n de las entidades locales andaluzas que en la Comisi¨®n Central de Urbanismo. Seg¨²n el art¨ªculo 1 del dichoso decreto, esta Comisi¨®n Regional estar¨¢ formada por los ocho gobernadores civiles, los presidentes de las Diputaciones de las ocho provincias y ocho representantes de la Administraci¨®n Central.

?Por qu¨¦ tanta prisa?

El caso es que el Plan podr¨ªa ser menos malo si las Diputaciones andaluzas hubieran hecho uso de su facultad de redactarlo directamente en vez de dejarlo en manos de la Administraci¨®n Central. Pero las ocho Diputaciones de la regi¨®n -muchas de las cuales, si no todas, se han apresurado en los ¨²ltimos meses a colocar en sus balcones la bandera verde y blanca- han escogido el camino m¨¢s f¨¢cil: dejar que las grandes l¨ªneas del PTCA, es decir, las grandes l¨ªneas del futuro inmediato de los andaluces, las decida la Administraci¨®n Central.

Hay que subrayar, por otra parte, que el decreto vulnera lo dispuesto en la ley del Suelo, produciendo as¨ª un contrasentido jur¨ªdico al no respetar la jerarqu¨ªa de las normas. La ley establece en su art¨ªculo 8 que los planes directores territoriales se ajustar¨¢n a los principios del Plan Nacional de Ordenaci¨®n, Plan que no existe en la actualidad. Es imposible adaptarse a unos principios que no han sido a¨²n definidos.

Precisamente esta ?urgencia? gubernamental por hacer el PTCA resulta sospechosa para muchos. Justo en esta situaci¨®n hist¨®rica de tr¨¢nsito hacia la democracia y mientras se niega a tomar medidas contra la alarmante crisis econ¨®mica, el Gobiemo se apresura a aprobar un Plan que s¨ª puede y debe esperar -al contrario que la econom¨ªa- a que haya democracia en Espa?a.

Los andaluces deben decidir

Frente a estas deficiencias, la opini¨®n m¨¢s generalizada entre los sectores profesionales que se vienen ocupando del tema es que el decreto, si no derogado, debe al menos ser modificado para garantizar la participaci¨®n de los ciudadanos andaluces. La base fundamental de esta participaci¨®n podr¨ªa estar en una Comisi¨®n Regional de Planificaci¨®n integrada mayoritariamente por representantes de Andaluc¨ªa democr¨¢ticamente elegidos (al igual que los grupos de trabajo), que debe nombrar a los profesionales que redacten el Plan, decidir entre las alternativas a desarrollar, asegurar la intervenci¨®n efectiva de los municipios, etc¨¦tera. Todo ello dejando sin uso a la mancomunidad de Diputaciones ya creada y haciendo posible, en cambio, el concurso de las. fuerzas sociales y pol¨ªticas representativas. En resumidas cuentas, posibilitando que los andaluces decidan c¨®mo va a ser Andaluc¨ªa ma?ana.