Por una pol¨ªtica sobre la red de transmisi¨®n de datos

La posici¨®n de Telef¨®nica ha suscitado roces y tensiones con determinados organismos y cuerpos de la Administraci¨®n, a veces agravados por factores personales y carreras pol¨ªticas contempladas con cierta prevenci¨®n. Uno de los aspectos m¨¢s atacados ha sido, sin duda, su car¨¢cter legal de empresa privada, aunque esto fuera escasamente real en lo operativo, como hemos visto. La pol¨ªtica de privatizaci¨®n de determinados servicios p¨²blicos seguida por el r¨¦gimen, si se desea ser objetivo, no puede desprenderse del hecho de la propia desconfianza del r¨¦gimen en su gesti¨®n p¨²blica.As¨ª, al menos, ha gozado el pa¨ªs de unos servicios p¨²blicos que se han financiado a s¨ª mismos (con el auxilio del ahorro forzado por los canales privilegiados y el ahorro directo de peque?os accionistas) y a unos costes al p¨²blico relativamente comparables con otros pa¨ªses. De otra manera el Estado no hubiera tenido capacidad para financiarlos, dado que una reforma fiscal progresiva iba contra los intereses que manten¨ªan al r¨¦gimen. Hoy hay situaciones de hecho que deben ser analizadas con respeto de todas las posiciones. Fundamentalmente, la de los peque?os accionistas y obligacionistas, por una parte, y, por otra parte, la defensa organizada de los intereses de los usuarios.

La trivializaci¨®n demag¨®gica del problema no conduce sino a la confusi¨®n, o al juego de intereses oscuros. Como consecuencia, en este caso concreto, m¨¢s que conflicto de intereses privados con intereses p¨²blicos (falso problema, ya que, en todo caso, el conflicto ser¨ªa entre un servicio controlado por el estado, y sus usuarios) existe un conflicto de intereses p¨²blicos con intereses corporativos.

Al comienzo de los a?os setenta la demanda existente, y la previsi¨®n de la expansi¨®n de la transmisi¨®n de datos (exist¨ªan 1.500 ordenadores en el pa¨ªs), materializaron la evidente necesidad de crear una infraestructura para la demanda de aplicaciones, privadas y p¨²blicas, de teleinform¨¢tica. Por entonces no exist¨ªa la suficiente experiencia, a nivel mundial, para la resoluci¨®n global del problema que implicaba crear una Red Especial de Transmisi¨®n de Datos (RETD), utilizando como base la red tel¨¦fonica existente. Como la ¨²nica red lo suficiente mente extensa para servir de base era la de Telef¨®nica y, adem¨¢s, esta parec¨ªa contar con la tecnolog¨ªa adecuada, con la finalidad de evitar la dispersi¨®n y rentabilizar el esfuerzo de investigaci¨®n, se le concedi¨®, en 1972, la exclusiva de ese servicio. Servicio que constituy¨® un avance mundial en su g¨¦nero. Esta concesi¨®n, por otra parte, era una circunstancia pr¨¢cticamente obligada, como consideraci¨®n al mantenimiento de la pol¨ªtica seguida por Hacienda para la financiaci¨®n del sector.

Limitaci¨®n telef¨®nica

El Servicio Telef¨®nico Ordinario (STO) obedece, en todo el mundo, a unas leyes sociecon¨®micas muy semejantes. Mientras el tel¨¦fono es un bien escaso y poco accesible, tienen acceso a ¨¦l quienes m¨¢s lo precisan, utiliz¨¢ndole, en cifras medias, con una intensidad notable. En la medida en que la automatizaci¨®n se extiende y pasa a ser un objeto socialmente deseable, como factor de comodidad, cada nuevo tel¨¦fono instalado es, econ¨®micamente, menos rentable que el anterior, pues los nuevos usuarios hacen descender la media de utilizaci¨®n. Si la estructura de las tarifas se basa en un alquiler fijo y un canon m¨ªnimo por llamadas, cada vez es mayor el n¨²mero de personas que apenas sobrepasan el m¨ªnimo. Como consecuencia, el rendimiento marginal decrece. Como, adem¨¢s, las tarifas del STO son pol¨ªticas, en todos los pa¨ªses, todas las administraciones, para mantener su rentabilidad, han tenido que ocuparse de buscar utilizaciones marginales de su red. Entre ellas est¨¢ la TV, (que aqu¨ª tiene red propia), la TV por cable, el hilo musical y, b¨¢sicamente, la teleinform¨¢tica, como servicio de conmutaci¨®n p¨²blica (situaci¨®n que fue prevista con prontitud en nuestro pa¨ªs). Si una red de STO no tiene posibilidad de explotar una RTDE se condena su rentabilidad, por una parte, y el mantenimiento del propio STO a medio plazo.

La concesi¨®n de 1972 recog¨ªa, pues, estas dos circunstancias:

1. La ¨²nica red que pod¨ªa suministrar el servicio y que contaba con el saber hacer suficiente era la de Telef¨®nica.

2. Desposeer a CTNE de esa posibilidad de servicio era condenar, a medio plazo, la pol¨ªtica de financiaci¨®n del sector, mantenida por el Estado.

Esta decisi¨®n supuso la creaci¨®n de un antagonismo latente con la DGCT (comprensible y justificable, pero est¨¦ril), que tan s¨®lo est¨¢ perjudicando a los usuarios de uno y otro organismo.

Decoordinaci¨®n

La despreocupaci¨®n del Estado por el problema de las telecomunicaciones, una vez encontrada la f¨®rmula feliz, ha creado una serie de hechos an¨®malos que evidencian la necesidad de coordinaci¨®n y, fundamentalme nte, la necesidad de una pol¨ªtica integral de las telecomunicaciones: la red de enlaces de Radio y TV, dependientes del MIT, justificada, exclusivamente, por razones pol¨ªticas y por el despilfarro de recursos tradicional en TVE; la Red Territorial de Mando de los Ministerios del Ej¨¦rcito y el Aire, por razones estrat¨¦gicas; la de Tel¨¦grafos, de escasa capacidad y que funciona aprovechando la estructura de los enlaces urbanos de la CTNE (la parte m¨¢s cara de su red).

Pero as¨ª como las dos primeras no plantean excesivos problemas, dada su especializaci¨®n, la de Tel¨¦grafos y Tel¨¦fonos, sobre todo desde la perspectiva teleinform¨¢tica, requieren una gran coordinaci¨®n para poder ofrecer al pa¨ªs unas sinergias, unos servicios sobre ambas, necesarios, que ya podr¨ªan suministrarse, pero que, por circunstancias extra?as, llevan a?os detenidos. Servicios que supondr¨ªan incrementar las posibilidades de uso de un modo notable, disminuyendo los costes (un usuario de T¨¦lex, por ejemplo, podr¨ªa acceder a otros servicios de las otras redes, y viceversa).

Se hace evidente la necesidad de un organismo capaz de coordinar estas redes con la suficiente eficacia y autoridad, y que sea capaz de establecer una pol¨ªtica de las comunicaciones, de la que nuestro pa¨ªs carece. Ahora bien, en pol¨ªtica est¨¢ claro que el ¨®rgano no crea la funci¨®n. Un Ministerio de Planificaci¨®n no sirvi¨®, siquiera, parajustificar su existencia.

Existe el riesgo de que un organismo coordinador de las comunicaciones sirviera tan s¨®lo de escenario para ?vengar? el pasado o para ventilar tensiones y miserias absurdas.

En el art¨ªculo publicado en EL PAIS el 6 de junio, titulado ?Piden un Ministerio de Comunicaciones?, se hace referencia a las manifestaciones de la Asociaci¨®n de Funcionarios del Cuerpo de Ingenier¨ªa de Telecomunicaci¨®n (AFCIT) ante un supuesto proyecto de reestructuraci¨®n de la DGCT. Entre esas manifestaciones debe separarse aquello que es de leg¨ªtimo derecho de los citados funcionarios de aquello que podr¨ªa entenderse como presentaci¨®n de una realidad para enmascarar otros fines.

De sus manifestaciones parecen deducirse unos principios clave:

1. La creaci¨®n de un Ministerio de Comunicaciones -cuyo cuerpo t¨¦cnico se supone debe formar la AFCIT- suprimir¨ªa todos los problemas de redundancia de redes p¨²blicas y el despilfarro de recursos que ello supone.

2. El que manos privadas gestionen las comunicaciones es un riesgo a la confidencialidad. Como ejemplo se cita el caso de que el Ministerio de la Gobernaci¨®n, los gobernadores civiles y la Direcci¨®n General de Seguridad usan los radioenlaces de la DGCT (no se olvide que ¨¦sta est¨¢ adscrita al Ministerio de la Gobernaci¨®n), pero que cuando las comunicaciones llegan al casco urbano pasan a trav¨¦s de los canales de Telef¨®nica, lo que ?perjudica o puede perjudicar un servicio estrictamente confidencial?.

Realmente este es, ciertamente, confuso. En primer lugar, la DGCT, junto con funcionarios de la Presidencia del Gobierno, in tentaron la creaci¨®n de otra red de transmisi¨®n de datos para uso del Estado. En segundo lugar, los por tavoces de la AFCIT proponen, al hablar de la confidencialidad, que los enlaces urbanos debieran ser tambi¨¦n de los servicios telegr¨¢ficos, de la DGCT, lo que supondr¨ªa duplicar la parte m¨¢s costosa de la red (la urbana) o nacionalizar -se supone que bajo su supervisi¨®n- la CTNE. Como esto ¨²ltimo no parece posible, ni pol¨ªtico, ni econ¨®mico, la alternativa que queda es la de incrementar la redundancia de las redes, duplic¨¢ndolas. Por otra par te, la confidencialidad es un tema delicado. No parece pensable que las comunicaciones del Ministerio de la Gobernaci¨®n peligren en su confidencialidad, ya que es este Ministerio el ¨²nico ente que se dedica a las escuchas (como los casos recientemente detectados en Correos). Por otra parte, cuando la Banca y las Cajas de Ahorro no sienten problemas de este tipo cuando transmiten sus datos -de indudable valor- a trav¨¦s de las redes de la Telef¨®nica, es de supo ner que el tema de la confidencialidad s¨®lo se utiliza como argumento sin contenido. Las empresas privadas est¨¢n menos sujetas a presiones, en todo el mundo, que las p¨²blicas.

La creaci¨®n de redes de transmisi¨®n privadas, con un enorme costo para el pa¨ªs, a efectos de aplicaciones teleinform¨¢ticas, incluso en empresas p¨²blicas -caso de RENFE- obedece m¨¢s a sutilezas que a razones objetivas. En todo caso, los portavoces de la AFICIT no parecen entender que la ¨²nica forma de evitar la creaci¨®n de esas redes de transmisi¨®n de datos privadas es facilitar el uso de una Red P¨²blica de Transmisi¨®n de Datos, que ya existe. No basta con tener los circuitos, han tenido que realizarse unos costosos desarrollos en materiales y en materia gris para dotar de inteligencia a esas redes que banalizan al usuario el problema del encaminamiento y distribuci¨®n -conmutaci¨®n por paquetes- de sus mensajes.