La legalizaci¨®n de la historia

Uno de los rasgos m¨¢s caracter¨ªsticos de los reg¨ªmenes pol¨ªticos fundados en la usurpaci¨®n es la pr¨¢ctica del nihilismo hist¨®rico: los detentadores del poder suelen esforzarse por expulsar del tiempo hist¨®rico a las personas e instituciones depuestas por la violencia triunfadora. Fue Fernando VII el que inici¨® en Espa?a el nihilismo hist¨®rico al hablar de los ?mal llamados a?oso refiri¨¦ndose al trienio constitucional 1820-1823. Pero ha sido el fenecido r¨¦gimen caudillista el que ha representado en la historia espa?ola el esfuerzo m¨¢s constante para cegar un tiempo hist¨®rico anterior.

De ah¨ª que sean tan loables los gestos actos de los actuales gobernantes, motivados por un ¨¢nimo restaurador. No s¨®lo los partidos pol¨ªticos han recobrado su condici¨®n legal: tambi¨¦n han renacido corporaciones privadas como la Instituci¨®n Libre de Ense?anza. Varios grupos de funcionarios estatales de la Segunda Rep¨²blica han visto reconocidos sus derechos de jubilaci¨®n y algunos catedr¨¢ticos universitarios, hasta ahora exiliados, han sido reincorporados a la docencia efectiva

Es manifiesto, en suma, el prop¨®sito gubernamental de facilitar la compensaci¨®n material moral debida a numerosos ciudadanos espa?oles perseguidos o profesionalmente humillados en las d¨¦cadas caudillistas, Mas tambi¨¦n es patente que incontables victimas, directas indirectas, de la guerra civil y de la prolongada represi¨®n posb¨¦lica, no podr¨¢n nunca recibir indemnizaci¨®n adecuada a sus padecimientos. Si en cambio, podr¨ªan sentirse dignificados colectivamente por la legalizaci¨®n m¨¢s desprendida de todas las efectuadas hasta el d¨ªa o a¨²n pendientes: la que llamar¨ªamos ?legalizaci¨®n de la historia?.

Hace pocos d¨ªas un observador atento de la Espa?a contempor¨¢nea —Jean B¨¦carud, director de la Biblioteca del Senado franc¨¦s— me se?alaba una cierta analog¨ªa entre los gobernantes espa?oles actuales y la Monarqu¨ªa de julio (1830) de su pa¨ªs. Para fortalecer la entonces renaciente democracia francesa mantuvo el r¨¦gimen mon¨¢rquico, aunque se adopt¨® como bandera nacional la tricolor de la Primera Rep¨²blica. Y el nuevo rey. Luis-Felipe presidi¨® la muy espectacular ceremonia del regreso a Par¨ªs de las cenizas de Napole¨®n. Mostr¨® Francia en aquella saz¨®n (como tambi¨¦n en fechas cercanas a nosotros) la excepcional capacidad intelectual y moral de sus ciudadanos para saber aunar sus m¨¢s preciados legados hist¨®ricos.

No ha sido Espa?a igualmente afortunada. La disposici¨®n pol¨ªtica de sus actuales gobernantes muestra, sin embargo que opera en ellos una creciente voluntad de reanudar verdaderamente la historia nacional. Espero, por tanto, que no se vea en las consideraciones que siguen una formulaci¨®n partidaria.

Me mueven -a hacerla el recuerdo, por as¨ª decir, de todos los espa?oles que dieron sus vidas aqu¨ª y fuera de Espa?a, por la recuperaci¨®n de las libertades patrias. Esos espa?oles en el m¨¢s all¨¢ de su inalterable dignidad humana, no constituyen una bander¨ªa amenazadora.

Es m¨¢s, legalizar la historia que esos espa?oles encarnaron pudiera ser quiz¨¢ la decisi¨®n m¨¢s altamente pol¨ªtica del poder estatal espa?ol. Porque sin duda. Alguna esa legalizaci¨®n marcar¨ªa el cierre definitivo de cuatro d¨¦cadas de insolidaridad nacional, Podr¨ªan as¨ª los espa?oles sentirse iguales herederos del patrimonio representado por la Constituci¨®n de 1931 y la legislaci¨®n democr¨¢tica de ella derivada. Se evitar¨ªa, adem¨¢s, que el legado hist¨®rico de la Segunda Rep¨²blica fuera utilizado (y en gran medida fraccionado) por diversos partidos pol¨ªticos con finalidades proselitistas.

Porque ese legado es un todo que pertenece a todos los espa?oles, sin exclusiones ni especiales usufructos. De ah¨ª que la legalizaci¨®n de su significado hist¨®rico, que ahora proponemos, s¨®lo deba realizarse en el m¨¢s alto nivel estatal. Aunque seguramente algunos bien intencionados parlamentarios de 1977 querr¨¢n expresar (e incluso codificar) sus sentimientos de admiraci¨®n por sus predecesores de 1931. Pero no podr¨ªan evitar el tono partidista que desvirtuar¨ªa el car¨¢cter nacional del legado hist¨®rico de la Segunda Rep¨²blica.

Es por tanto, indispensable que la legalizaci¨®n de la 'historia espa?ola aqu¨ª solicitada sea propiciada por el actual jefe del Estado, en virtud de la neutralidad pol¨ªtica aneja a su cargo. Y sin posible duda, seria el gesto m¨¢s expresivo del esp¨ªritu de concordia espa?ola que inspira a la Corona.

La Segunda Rep¨²blica tuvo dos jefes de Estado —don Niceto Alcal¨¢-Zamora y don Manuel Aza?a— elegidos por los representantes legales del pueblo espa?ol. Aquellos dos hombres fueron pues s¨ªmbolos nacionales de un r¨¦gimen de soberan¨ªa popular. Rendirles hoy honores largamente p¨®stumos no equivaldr¨ªa a una identificaci¨®n con sus respectivas ideolog¨ªas, ni con sus personas pol¨ªticas. Ser¨ªa, sin m¨¢s, la dignificaci¨®n del pasado que fortalecer¨ªa el presente y el futuro de la renacida democracia espa?ola.

Aquellos dos jefes de Estado murieron y yacen fuera de Espa?a. En el traslado a la tierra natal de sus restos, con todas las honras reglamentarias para jefes de Estado, se cifrar¨ªa finalmente la legalizaci¨®n de una historia sin la cual no seria concebible (ni en verdad posible) la espl¨¦ndida hora que vive Espa?a y asombra al mundo.