Defender la democracia
DE LA declaraciones hechas por los dirigentes políticos a la salida de la reunión del jueves en el palacio de la Moncloa parece desprenderse que se ha producido un total enfriamiento de los ánimos acerca de la anunciada ley de Defensa para la Dernocracia. Esa situación quedaría perfectamente explicada si el proyecto del Gobierno se correspondiera con las informaciones filtradas por la agencia Cifra el pasado miércoles. La lectura de ese resúmen lleva a una desoladora conclusión. Parafraseando una célebre reflexión, se diría que los neodemócratas no han olvidado nada y nada han aprendido de su experiencia como gestores del orden publicó bajo el franquismo. Y la única respuesta de la dernocracia al Gobierno podría ser remedando una expreslón popular: "No me defiendas compadre"Ciertamente la criminal violencia de la ultraderecha y de la ultraizquierda constituye una amenaza para la estabilidad y la supervivencia, de la democracia en Espa?a. Una amenaza seria pero no la única. Porque la protección de un sistema pluralista y de las libertades públicas ni puede utilizarlos mismos instrumentos que un régimen autoritario ni debe convertirse en caldo de cultivo para el surgimiento, de nuevas. arneríazas para la democracia.
Un Estado de derecho no es una organización regida por cualquier tipo de leyes. Es una legalidad animada por valores jurídico-políticos específicos legislación aprobada por representantes libremente elegidos por el pueblo, división de poderes y ejercicio efectivo de las libertades públicas. El texto filtrado por, la agencia Cifra entra en abierta contradicción no sólo con los principios generales del Estado de derecho, sino con los esfuerzos realizados o prometidos por el Gobierno para incorporarlos a nuestra propia estructura política. Son cada vez más importantes y numerosas las voces que se alzan para pedir la abolición de la pena de muerte. Sólo hace unos días el Ministerio de Justicia ariunció un proyecto de ley pará que los detenidos cuenten con la asistencia de un ahogado desde el momento mismo de su detención. Y en el orden del día de las conversaciones de la Moncloa figuran puntos tan importantes y dignos de elogio como la reforma de la Justicia para hacerla ?democrática, libre e independiente? la reducción del fuero militar, la despenalización de ciertas figuras hasta ahora delictivas, la protección civil de la persona y de su intimidad, una nueva ley de Orden Público y otra reguladora de la policía nacional. Las dos coartadas, de orden histórico y comparativo, utilizadas por el Gobierno para proponer la ley antiterrotista carecen de fundamento. La ley de Defensa de la República, que, por lo demás demostró sobradamente su inutilidad, contemplaba la agravación de las penas medidas de destierro, pero no limitaba las garantías procesales. Y la encubierta referencia a la República Federal de Alernania y al carácter modélico de su legislación antiterrorista no puede ser más desafortunada porque comienza a ser un motivo de preocupación general en Alemania y en toda Europa la utilización de esa norma para finalidades bien poco dernocráticas.
La alusión a la ?creación de una una unidad policial específica? a la que se asignarían, aunque bajo control judicial ?prerrogativas especiales?, remite a delicadas, cuestiones. Por lo pronto, no se comprende bien el continuo olvido de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se prevé la entrada y registro domiciliarios en caso de delito flarante y el ortorgamiento del correspondiente mandato en las demás circunstancias. Si se considera necesario ampliar el repertorio de instrumentos para perseguir con eficacia cualquier delito, el primer paso sería la reforma de dicha ley y la Inclusión en su articulado de las escuchas telefónicas y la violación de la correspondencia bajo control judicial de quienes todavía no están procesados. Igualmente importante es que se acabe, de una vez y para siempre, con esa enfermiza desconfianza hacia los jueces ordinarios.
Tampoco es seguro que esas ?prerrogativas especiales? y esa brigada antiterrorista sean medios técnicos indispensables para acabar con el terrorismo. La desarticulación de bandas terroristas se ha llevado a efecto, en países democráticos, sin necesidad de los ?hombres de Harrelson?. y, en cambio, los exorbitantes instrumentos que puso en manos del Gobierno el decreto-ley contra el terrorismo de agosto de 1975 -contra,el que alzaron su voz algunos de los actuales ministros del se?or Suárez- no impidieron los asesinatos del 1 de ocitubre de ese a?o ni los posteriores crímenes de los GRAPO, de la Internacional Fascista y de ETA. Pero todavía más importante es que las medidas contra el terrorismo no sólo no defiendan eficazmente a la democracia, sino que además resulten contraproducentes para alcanzar ese objetivo.
Por un lado la experiencia de los dos últimos a?os ha demostrado que el aparato del Estado encierra demasiadas zonas oscuras. La erradicación de este legado del franquismo es, precisamente una medida indispensable para defender a la democracia. Y el texto filtrado a la agencia Cifra no sólo no parece apuntar ninguna dirección positiva para esa tarea, sino, más bien, dificultarla. Es una gran verdad que la democracia sólo puede y debe ser defendida con métodos democráticos, porque en eso consiste la grandeza y la miseria del respeto a la libertad del hombre.
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