El futuro de la empresa p¨²blica

El acuerdo hist¨®rico de la Moncloa contiene un paquete de transformaciones de fondo de gran alcance. Son enunciados que ahora es preciso y posible rellenar con la definici¨®n de objetivos y medidas concretas. Destaca, en mi opini¨®n el relativo al nuevo Estatuto de la empresa p¨²blica.Las empresas de propiedad p¨²blica, y especialmente las empresas industriales, se han desarrollado en la etapa franquista por principios r¨ªgidos de subsidiariedad respecto a la iniciativa privada, con algunas excepciones.

Una buena parte de las actuaciones del INI en la toma de sociedades ha estado motivada por razones coyunturales: acoger a empresas privadas en decadencia, ineficientes y con una estructura financiera insostenible. Todo ello ha da?ado el papel de la empresa p¨²blica, que no se corresponde con las misiones asignadas en un principio, ni con las metas fijadas en el II PDES (*): intervenir ante la insuficiencia manifiesta de la iniciativa privada, combatir las situaciones restrictivas de la competencia, operar por imperativos de la defensa nacional. La consecuencia es la erosi¨®n continuada del potencial financiero del Instituto, que en 1976 cuenta solamente con un 22 % de recursos propios. La grave crisis econ¨®mica en sectores como la siderurgia y la construcci¨®n naval aumentan las cargas que debe soportar.

No ha existido pol¨ªtica o estrategia alguna para la empresa p¨²blica cuyo ¨¢mbito ha venido definido de manera residual, a remolque en cada momento de la actuaci¨®n del sector privado. La subsidiariedad se ha acentuado en la pr¨¢ctica por encima del ordenamiento jur¨ªdico, pero sobre todo debe entenderse como una subsidiarledad derivada del comportamiento err¨¢tico del sector p¨²blico industrial. En este cuadro aparece como factor no desde?able los cont¨ªnuos cambios en la presidencia del INI (cinco presidentes distintos desde 1973), que hac¨ªan imposible consolidar las iniciativas m¨¢s ¨²tiles. Los sectores dominantes del capitalismo espa?ol han impuesto, por medio de los mecanismos del poder pol¨ªtico, la ausencia de una pol¨ªtica definida de la empresa p¨²blica industrial. Esta raz¨®n, m¨¢s que el r¨¦gimen jur¨ªdico en vigor, ha determinado el car¨¢cter subsidiario y circunstancial de su actividad. Pero ser¨ªa un error limitarse a confirmar esta realidad, si pensamos que el INI representa, aproximadamente, el 10 % del Producto Industrial Bruto y agrupa a una parte considerable de las grandes empresas. El asentamiento de la democracia pol¨ªtica hace posible que el Instituto sea realmente ?un instrumento principal para la pol¨ªtica industrial?, si se establece el control democr¨¢tico de la socie dad sobre su actuaci¨®n. La expan si¨®n de la empresa p¨²blica en Eu ropa no es solamente el resultado de la acomodaci¨®n del capitalismo monopolista a las nuevas condiciones econ¨®micas, para seguir manteniendo la hegemon¨ªa. Hay que tener en cuenta otros datos: la socializaci¨®n objetiva y progresiva de la actividad econ¨®mica, el avance pol¨ªtico de los sectores de mocr¨¢ticos y progresistas que in duce la extensi¨®n de las entidades de propiedad p¨²blica. Aparecen nuevos conflictos en las sociedades capitalistas maduras: la necesidad de adaptaci¨®n del sector privado hace posible la existencia de un amplio sector de propiedad p¨²blica. A medida que este sector se perfecciona en su funcionamiento, se afina el control democr¨¢tico por el Parlamento y la sociedad pasa, de ser una herramienta del capita lismo privado a transformarse en un resorte decisivo para la demo cratizaci¨®n de la vida econ¨®mica. Las exigencias de ?racionalidad del sistema? dan lugar a la transfe rencia al sector p¨²blico de parcelas crecientes de la actividad eco n¨®mica: servicios b¨¢sicos para la comunidad, ramas industriales de cabecera, servicios de transportes..., junto al desarrollo y diversi ficaci¨®n de los entes p¨²blicos de nivel regional y municipal. Se configura as¨ª una masa patrimonial muy importante, cuya propiedad legal corresponde a los ciudada nos, cuando la posesi¨®n, la gesti¨®n de estos activos empieza a ser real mente democr¨¢tica y comunitaria, las finalidades del sector p¨²blico cambian hacia la mayor satisfacci¨®n de las necesidades sociales, abandonan paulatinamente los objetivos establecidos inicialmente, de servir la racionalidad de un sistema basado en el dominio de las grandes corporaciones privadas. Este proceso requiere la extensi¨®n de las libertades pol¨ªticas, la descentralizaci¨®n de la gesti¨®n de los entes p¨²blicos y la eficiencia econ¨®mica de las unidades productivas de propiedad p¨²blica. Por ¨²ltimo, hay que considerar el irnpacto ideol¨®gico y cultural que supone el funcionamiento eficaz y transparente del sector p¨²blico.

Por todo ello, la estrategia actual de las fuerzas m¨¢s progresivas debe ir encaminada a perfeccionar, ampliar y transformar el conjunto de entidades de propiedad p¨²blica, estableciendo la intervenci¨®n democr¨¢tica de la sociedad en el control de gesti¨®n. La elaboraci¨®n de un Estatuto de la empresa p¨²blica en las circunstancias pol¨ªticas actuales debe ser la materializaci¨®n de esa estrategia en f¨®rmulas jur¨ªdicas que contemplen la participaci¨®n parlamentaria de las fuerzas pol¨ªticas, sindicales, sociales, de los organismos p¨²blicos de diversos rangos, de los trabajadores de las empresas p¨²blicas, en la administraci¨®n y supervisi¨®n de estas entidades. As¨ªmismo, el Estatuto debe dotar a la gerencia de estas empresas de la necesaria autonom¨ªa, agilidad y flexibilidad en la gesti¨®n. Ahora es el momento de traducir en esquemas sencillos y operativos las grandes palabras sobre la ejemplaridad de la empresa p¨²blica: maximizar el rendimiento de los factores productivos, dar prioridad a las actividades de innovaci¨®n, multiplicar la calidad y el potencial exportador, superar los desequilibrios regionales, etc¨¦tera. Es necesario proporcionar a las Instituciones de ¨¢mbito provincial, regional o nacional la iniciativa y capacidad legal para promover empresas p¨²blicas en su ¨¢mbito de actuaci¨®n, evitando la excesiva estatalizaci¨®n del sector p¨²blico. Existe una base material de partida importante, representada, sobre todo, por el INI y sus empresas, que es posible modernizar si se aborda decididamente la reordenaci¨®n del sector p¨²blico, la definici¨®n clara de objetivos y campos de actuaci¨®n. Sin olvidar que una parte de los hombres que han trabajado durante muchos a?os en el Instituto y sus empresas, que han intentado desarrollar una actividad eficiente en beneficio de la sociedad, son perfectamente aprovechables y conocedores privilegiados de la realidad concreta.