La Iglesia administrar¨¢ directamente la subvenci¨®n del Estado

El Gobierno destina 6.252.671.000 pesetas en contribuciones a la Iglesia cat¨®lica en el presupuesto general que acaba de remitir a las Cortes. La Direcci¨®n General de Asuntos Eclesi¨¢sticos es la que recibe la partida, que por primera vez, se entregar¨¢ globalmente a la Iglesia cat¨®lica para que ¨¦sta la administre de acuerdo con sus criterios eclesiales, sin tener en cuenta las discriminaciones de car¨¢cter pol¨ªtico que aplicaba el r¨¦gimen anterior para subvencionar a esta instituci¨®n.En c¨ªrculos relacionados con la Iglesia cat¨®lica se estima que la decisi¨®n gubernamental de globalizar la ayuda es una respuesta a reivindicaciones eclesiales que datan del siglo XIX. Ha sido posible ahora cumplir ese deseo dentro de lo que se llama ?el buen clima creado por las conversaciones sobre el Concordato?. Fuentes que han estudiado el estado de opini¨®n que hay en los partidos pol¨ªticos con respecto al nuevo sistema de contribuci¨®n aseguran que, en l¨ªneas generales, los comunistas aprueban la idea, los socialistas y los sectores socialdem¨®cratas de Uni¨®n de Centro la rechazan, el ala conservadora de UCD la apoya y la derecha intransigente no la considera viable. La Iglesia no se ha portado bien con sus ideas en un futuro hipot¨¦tico. Lo que se pretender¨ªa hacer es recaudar impuestos para obras de Beneficencia. El Estado administrar¨ªa ese dinero y har¨ªa llegar a la Iglesia cat¨®lica la cantidad presupuestada para esa instituci¨®n.

A partir de la nueva actitud en las relaciones Iglesia-Estado, la iglesia cat¨®lica pretende usar esta oportunidad para replantear de ra¨ªz la vida econ¨®mica que ha seguido desde la ¨¦poca de la desamortizaci¨®n. El tema de la globalizaci¨®n de la ayuda y del car¨¢cter de administrador que se le da a la Iglesia ser¨¢ uno de los principales de la asamblea que el Episcopado espa?ol celebrar¨¢ en Madrid desde el pr¨®ximo 21 al 26 de noviembre. Antes, el viernes, el Consejo de Econom¨ªa y la comisi¨®n permanente del Episcopado habr¨¢n realizado un estudio de c¨®mo debe ser contemplada la nueva situaci¨®n. La decisi¨®n de la asamblea ser¨¢ vinculante para todas las di¨®cesis.

Una nueva etapa

La cuesti¨®n se plante¨® por primera vez a principios de este a?o La Direcci¨®n General de Asuntos Eclesi¨¢sticos y ciertas jerarqu¨ªas eclesi¨¢sticas llegaron entonces a la conclusi¨®n de que ser¨ªa positivo que la dotaci¨®n del Estado a la Iglesia pasara de ser pormenorizada para convertirse en global. El car¨¢cter arbitrario del anterior sistema lo explican fuentes seguras se?alando que mientras algunas di¨®cesis recib¨ªan del Estado veintitr¨¦s millones de pesetas, a otras de mayor densidad de poblaci¨®n y trabajo les llegaban tan s¨®lo doce millones de complementos a lo que les correspond¨ªan de las 36.240 piezas dotadas en este pa¨ªs, de acuerdo con las cl¨¢usulas concordatarias. Las di¨®cesis a las que se aplicaba un n¨²mero determinado depiezas cobraban tambi¨¦n por las que permanec¨ªan vacantes y estas vacantes las repart¨ªa discrecionalmente el poder pol¨ªtico de acuerdo con afinidades ideol¨®gicas.En concreto, en Espa?a hubo hasta hace muy poco veintid¨®s di¨®cesis que fueron castigadas y sus retribuciones les fueron limitadas porque sus seminarios no se aten¨ªan al acuerdo Iglesia-Estado de 1946 sobre ense?anzas a impartir en esa clase de centros. Se trataba de preservar la ortodoxia de los seminarios. Una de las primeras tareas del director general de

Asuntos Eclesi¨¢sticos, se?or Zulueta, fue, seg¨²n fuentes seguras, la de acabar con esta discriminaci¨®n que est¨¢ a punto de cesar por completo.

Seguridad social para los curas

En la nueva partida presupuestaria hay 1.100 millones m¨¢s que en el presupuesto del presente a?o. El incremento obedece a una cl¨¢usula de la que, al parecer, se habl¨® en los contactos Iglesia-Gobierno y en la que se incluir¨ªa una referencia al hecho de que el Estado consigna a la Igiesia cat¨®lica los 6.000 millones de los que hemos hablado para que cumpla sus fines y para que afronte cualquier obligaci¨®n que en circunstancias normales ser¨ªa de las autoridades p¨²blicas. Es una alusi¨®n a la capacidad que, gracias a aquel incremento, va a tener la Iglesia Cat¨®lica para pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus miembros espa?oles, que se dar¨ªan de alta el 1 de enero de 1978.En esta partida de la que hablamos no se incluyen ¨®rdenes religiosas, aunque en el apartado de universidades eclesi¨¢sticas las facultades de Teolog¨ªa y Derecho de la Universidad de Navarra siguen estando subvencionadas.

Con la nueva subvenci¨®n, que regir¨ªa a partir de 1978 si el Parlamento no se opone, la Iglesia pretender¨¢ remediar la que sus responsables consideran que es una situaci¨®n de aut¨¦ntica pobreza tanto de los sacerdotes como de un gran n¨²mero de obispos. Se trata de redistr¨ªbuir la subvenci¨®n, de hacer un censo para ver si de verdad en este pa¨ªs hay cerca de 25.000 sacerdotes, de lograr una racionalizaci¨®n global de los cimientos econ¨®micos de la principal instituci¨®n cat¨®lica espa?ola. Uno de los datos que pueden ilustrar esa definici¨®n que se le da a la situaci¨®n de los sacerdotes podr¨ªa ser el de lo que recibe el primado para gastos de representaci¨®n: 1.600 pesetas que se extraen del 1.300.000 que en presupuestos anteriores el Estado destinaba para esas obligaciones.

Mientras tanto, la Renfe percibe cincuenta millones de pesetas por los servicios que en sus ferrocarriles pueda prestar a los sacerdotes.

Como es l¨®gico, la Iglesia esperaba la decisi¨®n estatal. Ya se ha puesto en contacto con las 64 di¨®cesis del pa¨ªs y es seguro que cuando la Asamblea Episcopal se re¨²na tenga un an¨¢lisis del que salga el sistema de redistribuci¨®n, administraci¨®n y fiscalizaci¨®n de lo que ahora se ha incluido en el presupuesto general del Gobierno. Como en el caso de los partidos pol¨ªticos, fuentes eclesiales aseguran que hay sectores del clero a los que no agradar¨¢ la nueva f¨®rmula. Se conf¨ªa en que tales sectores ser¨¢n minoritarios y que se someter¨¢n a la decisi¨®n final del Episcopado. A partir de ella, y hasta que se resuelvan las conversaciones concordatarias, esas fuentes a las que hemos aludido creen que el camino iniciado es el de la independencia en las relaciones Iglesia-Estado.

Lo que se piensa es que, a partir de la racionalizaci¨®n econ¨®mica, la Iglesia podr¨¢ alcanzar m¨¢s f¨¢cilmente esas cotas de libertad frente al Estado que le han faltado de manera especial en las ¨²ltimas cuatro d¨¦cadas. El r¨¦gimen por el que tales relaciones se van a regir ahora se califica de transitorio. Se insiste en el car¨¢cter hist¨®rico de la demanda que se cumple: en 1843 la Santa Sede insisti¨® en que ning¨²n sacerdote deb¨ªa estar en una n¨®mina estatal y quiso que eso se cumpliera en Espa?a. En 1859 el Estado espa?ol decidi¨® abonar a la Iglesia cat¨®lica los efectos de la desamortizaci¨®n de Mendiz¨¢bal mediante papeles de deuda p¨²blica que pagaba mensualmente. Con lo que se pondr¨ªa en pr¨¢ctica a partir del 1 de enero de 1978 empezar¨ªa a difuminarse una mala costumbre que, como han dicho las autoridades civiles y eclesi¨¢sticas, no ha hecho ning¨²n bien ni a unos ni a otros.