Sentencia contra la ITT de la justicia norteamericana

Un juez federal norteamericano rechaz¨® el viernes la petici¨®n de la compa?¨ªa multinacional International Telephone and Telegraph (ITT), que pretend¨ªa mantener en secreto los detalles de presuntos pagos ilegales efectuados en el extranjero, entre 1970 y 1975, por un importe aproximado de nueve millones de d¨®lares (unos 720 millones de pesetas).

George Hart ,juez del distrito de Columbia, anunci¨® que la compa?¨ªa tiene un plazo de veinte d¨ªas para presentar un recurso contra su decisi¨®n, antes de que proceda a hacer p¨²blicos los detalles contenidos en la demanda presentada por una agencia gubernamental contra la ITT, en base a presuntas pr¨¢cticas comerciales corruptas.Los abogados de la empresa dijeron que piensan recurrir contra la decisi¨®n del juez Hart, porque quieren proteger a las personas, pa¨ªses y compa?¨ªas filiales citadas en la acusaci¨®n hecha por la Securities and Exchange Commission, la agencia del Gobierno Federal que investiga el comportamiento comercial de las compa?¨ªas estadounidenses.

Seg¨²n los abogados, la ITT no se opone a que la agencia gubernamental revela de forma gen¨¦rica los presuntos sobornos, pero a?adieron que si insiste en publicar los detalles concretos acudir¨¢n a los tribunales para desafiar la autoridad de la Securities and Exchange Commission en este campo, ya que, dicen, podr¨ªa ser un caso de abuso de autoridad.

Por su parte, la agencia gubernamental insiste en que tiene pleno derecho a publicar su demanda, y recuerda que puede acusar a la ITT de desacato si la compa?¨ªa se niega a facilitar los detalles que se le pidan. En caso de que, como parece probable, la multinacional acuda a los tribunales, la dec¨ªsi¨®n judicial podr¨ªa tardar un mes y medio.

Desde hace varios meses, la ITT viene neg¨¢ndose a revelar los datos concretos de presuntos pagos ilegales realizados por sus subsidiarias en el extranjero, alegando que tal informaci¨®n da?ar¨ªa las ventas y podr¨ªa, incluso, provocar la nacionalizaci¨®n de las compa?¨ªas por parte de los Gobiernos de los pa¨ªses donde est¨¢n basadas.

Hace dos semanas, el diario financiero Wall Street Journal inform¨® que las cuatro empresas filiales que se negaban a facilitar datos a los investigadores norteamericanos estaban ?aparentemente? basadas en Espa?a, B¨¦lgica, Alemania Federal y Suiza.