La orden del 18 de julio sobre la promoci¨®n directa de viviendas

Del Equipo Lur

Dentro de la econom¨ªa de mercado no existe soluci¨®n al problema de la vivienda de las capas de poblaci¨®n con menores recursos. La iniciativa privada no tiene en cuenta para nada el que la vivienda sea un bien indispensable, residiendo su inter¨¦s en la acumulaci¨®n de beneficios a partir de las capas m¨¢s solventes. Esto hace qu¨¦, en ¨¦pocas de crisis econ¨®mica como la actual, la intervenci¨®n estatal sea un requisito imperioso para atender no s¨®lo a las necesidades de alojamiento de parados, jubilados, chabolistas, sino tambi¨¦n para amplios sectores de la poblaci¨®n trabajadora, para quienes la adquisici¨®n de una vivienda supone empe?arse a largo plazo.

El respaldo del Estado supone la formulaci¨®n de programas seg¨²n necesidades concretas de acuerdo con unos plazos de tiempo y prioridades establecidas, la dedicaci¨®n de presupuestos a corto y medio plazo y una gesti¨®n p¨²blica para ejecutar los planes. Pero es que, adem¨¢s, la promoci¨®n estatal directa es la ¨²nica v¨ªa de vivienda barata, puesto que el precio debe ser igual al coste de construcci¨®n y la financiaci¨®n puede ser a largo plazo, cont¨¢ndose con cr¨¦ditos baratos y subvenciones a fondo perdido.

A pesar de las m¨²ltiples razones que se podr¨ªan a?adir, lo cierto es que la promoci¨®n directa ha sido relegada desde la aparici¨®n del Plan de Viviendas Sociales en el verano del 76. Para el ministro Lozano, padre del Plan, la intervenci¨®n directa del Estado era paternalismo propio de reg¨ªmenes autoritarios. Para su sucesor, Garrigues, en una econom¨ªa liberal no es l¨ªcita la competencia del Estado con la empresa privada, siendo causa de la inflaci¨®n y freno del desarrollo econ¨®mico: los reducidos presupuestos del Estado s¨®lo permiten aliviar las condiciones de financiaci¨®n.

El Plan de Viviendas Sociales recog¨ªa estos criterios. Pero el fracaso estrepitoso del mismo, debido al desinter¨¦s de los agentes privados de llevarlo a cabo como banca y promotores, a lo que hay que a?adir el rechazo de estas viviendas por los barrios populares, ha obligado a los poderes p¨²blicos a dar otra respuesta a un tema tan extenso, acuciante y conflictivo, despu¨¦s de dos a?os de acumular error tras error.

Desgraciadamente, la orden ministerial del BOE del 18 de este mes sobre la promoci¨®n directa no supone ning¨²n compromiso para el Estado sobre el tema. A los ocho meses de firmados los pactos de la Moncloa, en los que se recog¨ªa la intenci¨®n de intensificar la promoci¨®n directa, pero sin especificar las bases sobre las que se desarrollar¨ªa, ni trazar un programa fijando condiciones o plazos de tiempo, la concreci¨®n de los pactos en este tema no va m¨¢s all¨¢ de fijar el precio del metro cuadrado construido. Todo lo dem¨¢s queda en la m¨¢s absoluta discrecionalidad del Instituto Nacional de la Vivienda.

Si tenemos en cuenta que en el tiempo transcurrido desde los pactos no hab¨ªa ning¨²n tipo de reglamentaci¨®n sobre la promoci¨®n directa, pues tan s¨®lo se ha actualizado en el mes de febrero el precio de los m¨®dulos de la legislaci¨®n que hab¨ªa sido derogada por el decreto de las viviendas sociales y, por otra parte, que el Ministerio se ha visto obligado a calificar de promoci¨®n directa a la recompra de viviendas sociales a empresas privadas, vemos la necesidad de englobar en un marco legal promociones aisladas en marcha. Por lo dem¨¢s, con los 53.000 millones aprobados en presupuesto especial para la promoci¨®n directa en los pr¨®ximos tres a?os para todo el pa¨ªs, es imposible atender ni tan siquiera las necesidades m¨¢s urgentes.

Entrando ya en un an¨¢lisis m¨¢s en detalle del contenido de la orden ministerial del BOE de 18 de julio, podemos se?alar los siguientes aspectos:

a) Se ha tratado el tema con menor entidad legal que el Plan de Viviendas Sociales, regulado por decreto-ley.

b) El m¨®dulo fijado es muy alto, resultando para Madrid provincia un precio de 17.745 ptas /M.2 construido, sin incluir los equipamientos.

c) Las subvenciones son a libre criterio del INV, pudiendo llegar al 30%.

d) No se fijan plazos de financiaci¨®n, establecida en un 75% sin inter¨¦s y un 25% a un 5% de inter¨¦s.

e) Se marca un tope para las viviendas en alquiler de un 2% como m¨ªnimo del precio de venta, con lo que quedar¨¢n excluidas las familias con menores medios.

Como expon¨ªamos al comienzo, la promoci¨®n directa debe significar para conseguir una vivienda barata un precio igual al coste de construcci¨®n, lo que no parece que entiendan as¨ª los responsables del gabinete Garrigues. Comparando el precio fijado con el de las viviendas sociales, vemos que es ligeramente inferior, cuando estas viviendas hab¨ªan sido denunciadas reiteradamente como caras. Pero es que, adem¨¢s, en los ¨²ltimos seis meses supone el nuevo m¨®dulo de promoci¨®n directa un aumento de nada menos que del 55 % (11.440 en enero, 13.454 en febrero, 17.745 en julio). Las razones que pudieran haber motivado la aparici¨®n del nuevo m¨®dulo resultan claras despu¨¦s de una descomposici¨®n de costes. Utilizando precios medios actuales de unas 11.500 ptas/m2, construido y una repercusi¨®n de la urbanizaci¨®n de unas 800 ptas/m2 la diferencia de estas cantidades con el m¨®dulo fijado supone un 30% del mismo. Aunque esta cifra se debe entender con un cierto margen, por ejemplo, entre el veintitr¨¦s y 30%, las conclusiones que podemos sacar son de varios tipos:

- Que el INV no da realmente ninguna subvenci¨®n al haber inflado el precio de la vivienda.

- En el caso de viviendas promovidas por empresas privadas o mixtas y recompradas, este excedente ir¨ªa a cubrir los gastos de promoci¨®n de las mismas.

- Si el INV cuenta con suelo cedido gratuitamente, o adquirido a bajo precio por expropiaci¨®n forzosa, le queda en sus manos una cierta cantidad para comprar nuevo suelo a precios de mercado y potenciar las operaciones de compraventa de solares.

Estos son los aspectos m¨¢s relevantes de una orden ministerial que supone un fraude a las aspiraciones de los trabajadores, que reclaman la intervenci¨®n del Estado en el tema para conseguir una pol¨ªtica de vivienda barata. Pero ni el Estado est¨¢ dedicando fondos a la misma ni es capaz de parar las subidas de los precios. Esto nos parece consecuencia de que la pol¨ªtica actual prioriza la reactivaci¨®n del sector garantizando los beneficios de los promotores con ayudas p¨²blicas. En segundo lugar, a que se dedican los recursos p¨²blicos a potenciar un mercado de lujo o semilujo (protegidas del grupo I y de renta libre hasta 125m2). Pero el tambi¨¦n consecuencia de una pol¨ªtica de los partidos de izquierda parlamentaria de pactos y de consenso sin denunciar ni ofrecer ning¨²n tipo de resistencia a los intereses capitalistas en el sector. Y dentro ya del movimiento ciudadano, es de rese?ar la absoluta par¨¢lisis de la Federaci¨®n de Asociaciones, quien despu¨¦s de dos a?os presenta ahora su primera batalla contra Visomsa, exigiendo su disoluci¨®n, pero sin ofrecer ning¨²n tipo de alternativa ni tan siquiera pedir la derogaci¨®n del dedreto de Viviendas Sociales.

En esta situaci¨®n est¨¢ claro que ante la omnipotencia del INV para resolver a su antojo en cada caso, o al no haber garant¨ªas ni medidas de ning¨²n tipo, las condiciones concretas que consiga cada barrio ser¨¢n consecuencia de su lucha en defensa de un derecho Intocable, pero que la Constituci¨®n pol¨ªtica deja en un t¨®pico plano humanitario por encima de los intereses de las distintas clases sociales.