Un a?o frente a Europa,

SE CUMPLIO ayer el primer aniversario de la candidatura de Espa?a al ingreso en las Comunidades Europeas (CEE, CECA y Euratom), presentada el 28 de julio de 1977 por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ante su hom¨®logo belga y entonces presidente en funciones del Consejo de Ministros comunitario, Henri Simonet. S¨®lo catorce d¨ªas bastaron al Gobierno del presidente Su¨¢rez, que surgi¨® de las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, para convertir a Espa?a en el duod¨¦cimo pa¨ªs aspirante al ingreso en la Europa comunitaria.Los grandes argumentos de la ?operaci¨®n Europa?, que Su¨¢rez, Oreja y el embajador Bassols improvisaron con sigilo y urgencia, fueron: la b¨²squeda de un aval pol¨ªtico exterior en favor de la consolidaci¨®n de la democracia naciente y las ventajas de calendario que pudiera incluir la pronta presentaci¨®n de la candidatura, unos meses despu¨¦s, de Portugal -Lisboa se present¨® en Bruselas en marzo del mismo a?o- y de Grecia, que lo hizo en 1975.

El argumento de la oportunidad pol¨ªtica e hist¨®rica tambi¨¦n pes¨® de manera importante en esta primera decisi¨®n del Gobierno constituyente, que recurri¨® a la vocaci¨®n europe¨ªsta de todos los partidos representados en el Parlamento, pero que eludi¨® la obligaci¨®n de establecer un serio inventario pol¨ªtico, econ¨®mico y social sobre las condiciones del ingreso de Espa?a en la CEE, sus problemas y sus consecuencias durante el per¨ªodo negociador y durante las adaptaciones transitorias que Espa?a deber¨¢ sufrir,durante cerca de diez a?os, una vez que se convierta en pa¨ªs miembro de pleno derecho. Adaptaciones que se vislumbran importantes en lo comercial y lo pol¨ªtico y que amenazan con ofrecernos una infancia discriminada dentro del Tratado de Roma.

El Gobierno ha podido comprobar en los ¨²ltimos doce meses -y muy personalmente el presidente Su¨¢rez en su gira por las capitales de los nueve- que el inventario era imprescindible y, ahora, a remolque de los acontecimientos lo construye y asimila de cara al irreversible proceso de negociaci¨®n hispano-comunitaria. Un procedimiento que, hasta el momento, ha cumplido los plazos previstos por los eur¨®cratas y deseados por Madrid, una vez que el Gobierno sancion¨® el nombramiento del mister Europa hispano en favor de un ministro, Leopoldo Calvo Sotelo, con servicios propios.

Pero si el procedimiento t¨¦cnico progresa (por lo menos en lo que se refiere al encargo de la elaboraci¨®n del dictamen por el Consejo de Ministros de la CEE, redacci¨®n del fresco o predictamen y elaboraci¨®n de los cuestionarios que servir¨¢n de base al ?s¨ª? formal de la Comisi¨®n Europea) en los niveles pol¨ªtico, comercial y econ¨®mico-social, los resultados obtenidos al t¨¦rmino del primer a?o de candidatura dejan mucho que desear y desdicen de la vocaci¨®n continental de la Europa comunitaria y de la claridad y rigor que el Gobierno espa?ol deber¨ªa adoptar ante la equ¨ªvoca actuaci¨®n de los nueve. Que, en sus niveles gubernamentales, los nueve declaran su apoyo al ingreso de Espa?a en la CEE es algo tan indiscutible como l¨®gico y normal. Lo que no dicen los nueve, y motivos tienen para ello, es el c¨®mo y cu¨¢ndo podr¨¢ completarse la entrada de Espa?a en la CEE, como miembro de pleno derecho y sin discriminaci¨®n de ning¨²n tipo.

Aqu¨ª la cautela oficial es la norma, aunque los hechos hablan por s¨ª solos. En el plano pol¨ªtico hay que se?alar que Espa?a solicit¨® participar en la concertaci¨®n pol¨ªtica comunitaria y en las proyectadas reformas institucional y agr¨ªcola de la CEE que tanto habr¨¢n de influir sobre nuestro pa¨ªs cuando ingrese en la Comunidad. A la petici¨®n de concertaci¨®n pol¨ªtica -que es paralela al Consejo institucional comunitario y que tiene como objetivo la consulta y homologaci¨®n de las pol¨ªticas exteriores- no hubo ni oposici¨®n ni respuesta. A las dos solicitudes restantes, institucional y agr¨ªcola, los mayores peligros para un eventual retraso de la adhesi¨®n de Espa?a, la respuesta es negativa y el argumento simple y ligero: ?¨¦stas son cuestiones de los nueve?. Tambi¨¦n es problema de los nueve la definici¨®n de las condiciones de la adhesi¨®n de Espa?a, que se orientan hacia una transici¨®n larga y especial en lo agr¨ªcola y con dificultades importantes para otorgar a los pa¨ªses candidatos la libre circulaci¨®n de trabajadores en el territorio comunitario. Condiciones ¨¦stas aplazadas en los primeros an¨¢lisis de las instituciones europeas, fresco y dictamen. que deber¨¢n quedar claramente definidas en el mandato negociador que el Consejo de Ministros debe entregara la Comisi¨®n europea en los ¨²ltimos seis meses (le 1979. En el terreno comercial y de las relaciones sectoriales los resultados del primer balance anual hispano-comunitario son peores. El acuerdo comercial preferencial de 1970 no fue adaptado econ¨®micamente a los tres nuevos pa¨ªses de la CEE, est¨¢ sometido a una discriminaci¨®n agr¨ªcola con respecto a las naciones medit¨¦rr¨¢neas que mantienen relaciones preferenciales con la Comunidad (Marruecos, Mauritania, Argelia, Israel y Malta) y cuenta en su haber con un d¨¦ficit superior a los 10.000 millones de d¨®lares en sus ocho a?os de vigencia.

En las pol¨ªticas sectoriales de pesca, siderurgia, calzado, textil y laboral, el trato recibido por Espa?a en los ¨²ltimos doce meses no fue precisamente el que merece una naci¨®n candidata al ingreso en las Comunidades. Al contrario, la norma fue la discriminaci¨®n y la salvaguardia en sus planos bilateral o comunitario.

Con este panorama por delante no debe ser ¨¦l optimismo la norma en las declaraciones gubernamentales sobre la adhesi¨®n de Espa?a a la CEE, como las del ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas quien, en relaci¨®n con los problemas sectoriales, dijo: ?Espa?a no recibir¨ªa mejor trato en estos temas aunque estuviera dentro de la CEE?. El ministro, que intenta as¨ª eludir protestas y preguntas por estas discriminaciones, conoce la importancia de estar sentado en la sala del Consejo de? edificio Charlemagne de Bruselas. Dar por buenas sus palabras supondr¨ªa, por otra parte, justificar la interrogante de ?para qu¨¦ nos sirve, pues, ingresar en las Comunidades? Sobre todo si, am¨¦n de estos problemas laterales, se nos anuncia una discriminaci¨®n agr¨ªcola y laboral en el per¨ªodo transitorio -excepci¨®n laboral ¨¦sta que no rige en los nueve y que nunca se debe justificar en Espa?a por la presencia en Portugal de mano de obra en paro, porque ¨¦ste es un principio ineludible de la Europa pol¨ªtica y, a priori, se nos excluye de las reformas agr¨ªcolas e institucionales de los nueve que tanto nos han de afectar despu¨¦s del ingreso.

Porque somos un pueblo europeo no le mendigamos a Europa: reclamarnos derechos. Avanzar hacia Europa a costa de todo era la t¨¦cnica de los Gobiernos t¨¦cnocratas que estuvieron a punto de entregar el libre cambio industrial espa?ol -la gran arma negociadora de hoy- a cambio de un ¨¦xito p¨²blico-pol¨ªtico que los ministros L¨®pez Bravo y L¨®pez Rodo no consiguieron firmar, a pesar de los esfuerzos denodados del embajador Ullastres. El Gobierno debe hacerse respetar, en p¨²blico y en privado, en el proceso de integraci¨®n comunitaria, no justificar la inclemencia de los nueve y no enga?arse por el procedimiento, por los aromas del fresco y del dictamen prenegociadores. Porque, y eso se sabe en Madrid, ser¨¢ el mandato del Consejo de Ministros el que, en ¨²ltima instancia, marque las condiciones reales de negociaci¨®n y de ingreso en la CEE.