La ley de Bandas Armadas podr¨¢ ser aplicada a cualquier grupo delincuente

La ley de Medidas Especiales contra Bandas Armadas —conocida como la ley Antiterrorista— podr¨¢ ser aplicada a cualquier grupo delincuente, aunque no tenga fines terroristas, seg¨²n la modificaci¨®n que hizo ayer la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Senado al proyecto de ley enviado por el Congreso. La modificaci¨®n, introducida por voluntad de UCD contra la opini¨®n de los dem¨¢s grupos, consiste en la inclusi¨®n en el art¨ªculo primero del proyecto de la palabra terrorismo entre los delitos que comprende la ley, con lo que ¨¦sta ser¨¢ aplicable a todos ellos, sean o no cometidos por terroristas.

El art¨ªculo as¨ª aprobado establece que las disposiciones de la ley ser¨¢n aplicables a los presuntamente implicados en los delitos de homicidio, robo con homicidio, lesiones graves, secuestro, dep¨®sito de armas o explosivos, estragos, coacciones o amenazas, terrorismo y delitos directamente conexos con los anteriores, ?siempre que sean cometidos por personas integradas en grupos organizados y armados?.

La ponencia hab¨ªa aceptado parcialmente una enmienda socialista a?adiendo la palabra presuntamente, y rechazado otras de Progresistas y Socialistas Independientes para que se cambiase ?homicidio? por ?delitos contra la vida?, y del Grupo Vasco para que se especificase que los grupos armados a que se refiere esta ley son los que ?act¨²en con m¨®viles o procedimientos terroristas?. Ambas enmiendas fueron rechazadas con el voto en contra de UCD.

En defensa de la inclusi¨®n de la palabra terrorismo, el portavoz de UCD, Cecilio Valverde, afirm¨® que la ley se dirige principalmente contra el terrorismo, pero que no tiene por qu¨¦ limitarse a ¨¦l sino que se puede dedicar tambi¨¦n a la lucha contra la peligrosidad que implican otros delitos no terroristas de bandas armadas.

En contra de la propuesta de UCD, el vasco Juan Mar¨ªa Bidarte manifest¨® que la inclusi¨®n de esa palabra desvirt¨²a completamente el texto y le da una extensi¨®n desmesurada, pues la persecuci¨®n de los delitos de grupos cualquiera sean ¨¦stos, excede completamente del objetivo de la ley.

El socialista Joaqu¨ªn Navarro defendi¨® una enmienda de su grupo para que se especificase que los grupos armados a que se refer¨ªa la lev son los que tengan por objeto atentar contra la seguridad del Estado o sus instituciones b¨¢sicas, propuesta tambi¨¦n rechazada con los votos en contra de UCD.

El se?or Navarro dijo que si se extiende la ley a todos los grupos armados se restringir¨¢ precisamente el n¨²cleo central de los derechos humanos de personas que no tienen por qu¨¦ sufrir esta ley como son los grupos no terroristas, y coincidi¨® en que se desvirt¨²a completamente el proyecto.

El miembro de UCD Alberto Ballarin insisti¨® en que el prop¨®sito de la ley es m¨¢s amplio que el se?alado por socialistas y vascos, y ello porque la criminalidad tiene hoy como caracter¨ªstica principal la organizaci¨®n, y es a esto a lo que la ley debe dar respuesta.

Despu¨¦s de un intento de negociaci¨®n fracasado, fijando las posiciones finales de cada grupo, el vasco Vidarte insisti¨® en que el proyecto deb¨ªa ir solamente contra los delitos de terrorismo, igual que el antecedente del proyecto que es el decreto-ley antiterrorista, dictado la primavera pasada. Este decreto indica seg¨²n el se?or Vidarte, que el objetivo del legislador al plantear esta nueva ley era exclusivamente el terrorismo. Argument¨® tambi¨¦n que de otra manera no se habr¨ªa dado la competencia a la Audiencia Nacional y a los juzgados centrales ni se habr¨ªa puesto el l¨ªmite de un a?o de vigencia.

Engendro jur¨ªdico

El socialista Joaqu¨ªn Navarro recalc¨® que la ley trata de poner en manos del Gobierno nuevos instrumentos para luchar contra el terrorismo y lograr as¨ª la seguridad ciudadana, y a?adi¨® que si UCD insist¨ªa en darle una desmesurada extensi¨®n podr¨ªa producirse el efecto contrario, esto es un estado de inseguridad ciudadana. Record¨® despu¨¦s que recientemente un sector de la polic¨ªa ha adoptado una actitud claramente sediciosa contra el mismo Estado, y dijo que si estos van a ser los administradores de esta ley, se va a terminar poniendo la democracia en manos de sus enemigos. ?Si se saca adelante este engendro jur¨ªdico —afirm¨®— estaremos en el camino de la involuci¨®n del sistema.?

El ucedista Valverde consider¨® desafortunada la alusi¨®n a la actitud de la Asociaci¨®n Profesional de Polic¨ªa, y record¨® que la ley atribuye su aplicaci¨®n exclusivamente al ministro del Interior.

Dijo tambi¨¦n que el proyecto de Constituci¨®n da la raz¨®n a su grupo porque prev¨¦ una ley org¨¢nica sobre los delitos que cometan bandas armadas, y no especialmente terroristas.

Tambi¨¦n por voluntad de UCD y con los votos contrarios de los dem¨¢s grupos fueron aprobados sin variaci¨®n respecto del proyecto del Congreso los art¨ªculos segundo y tercero. Respecto al segundo, la ponencia hab¨ªa aceptado una enmienda socialista por la que se establec¨ªa la obligaci¨®n de dar cuenta al juez de una detenci¨®n a las veinticuatro horas de producida, as¨ª como de las diligencias realizadas. En cuanto al tercero, que la ponencia hab¨ªa suprimido del texto del proyecto, se?ala que los delitos comprendidos en esta ley ser¨¢n considerados siempre flagrantes, a los efectos de poder efectuar registros domiciliarios sin previa autorizaci¨®n judicial.

En contra de este art¨ªculo, el socialista Joaqu¨ªn Navarro argument¨® que se le debe considerar anticonstitucional porque en el proyecto de Constituci¨®n se prev¨¦ que para suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, para proceder a su registro, es necesaria la previa autorizaci¨®n del juez. A favor del art¨ªculo, el se?or Valverde dijo que sin ¨¦l no se podr¨ªa aplicar la ley con efectividad, y record¨® que ya es una garant¨ªa de los derechos ciudadanos la obligaci¨®n que establece el p¨¢rrafo segundo del mismo art¨ªculo de dar inmediata cuenta al juez competente.

('on una leve modificaci¨®n t¨¦cnica respecto al texto enviado por el Congreso. fue aprobado tambi¨¦n el articulo 4? que faculta al ministro del Interior para ordenar escuchas telef¨®nicas y observaciones postales y telegr¨¢ficas. Como en los casos anteriores, fueron rechazadas las propuestas de los socialistas y el Grupo Vasco para que no pudieran ser objeto de estas medidas las personas ¨²nicamente relacionadas con los grupos armados, y para acortar el plazo de contestaci¨®n del juez al preceptivo aviso del ministro sobre la medida. El se?or Vidarte y el socialista Navarro argumentaron que la inclusi¨®n de las personas relacionadas supone una nueva y desmesurada extensi¨®n del ¨¢mbito de la ley.

El mismo caso se dio con relaci¨®n al art¨ªculo 5¡ã, que otorga la competencia judicial a la Audiencia 'Nacional y los juzgados centrales. Fueron derrotadas las enmiendas de socialistas y vascos que ped¨ªan que fueran competentes las audiencias provinciales cuando el delito no saliera de su territorio. El ucedista se?or Valverde argument¨® en contra que esto podr¨ªa producir la desorientaci¨®n de la polic¨ªa, por no saber qu¨¦ tribunal es competente a lo que el se?or Vidarte contest¨® que la autoridad gubernativa no es la que decide la competencia judicial.

El art¨ªculo 6¡ã fue aprobado con una redacci¨®n nueva, lograda por acuerdo un¨¢nime de la Comisi¨®n. Este art¨ªculo obliga al ministro del Interior a informar peri¨®dicamente a las Cortes sobre la aplicaci¨®n de esta ley.

Tambi¨¦n con el solo voto favorable de UCD fue aprobada la disposici¨®n transitoria, por la cual esta ley se aplicar¨¢ a las causas que comprende aunque se hubieran iniciado con anterioridad a la vigencia del texto. Las disposiciones finales fueron aprobadas sin discusi¨®n. La primera de ¨¦stas se?ala que la ley tendr¨¢ un a?o de vigencia.