Doscientas denuncias contra los promotores de "Nueva Alcal¨¢"

Un grupo numeroso de socios de la cooperativa de viviendas La Familia Espa?ola ha interpuesto cerca de doscientas denuncias relativas a las supuestas irregularidades que rodean la venta de pisos de la urbanizaci¨®n Nueva Alcal¨¢, en las que se encuentran implicados la junta directiva de la cooperativa, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, y el Banco Industrial de Catalu?a.

Los denunciantes cuentan con la asesor¨ªa jur¨ªdica de Deincisa, equipo de abogados y arquitectos que ha emitido un informe dirigido a la opini¨®n p¨²blica explicando el desarrollo de los hechos y las conexiones personales que existen entre las tres entidades citadas.Seg¨²n este informe, los socios de la cooperativa advirtieron en su d¨ªa que, aunque las viviendas les hab¨ªan sido entregadas en su calidad de socios, la propiedad de las mismas figuraba a nombr¨¦ de la inmobiliaria Segunda Alvega, SA. Esta empresa se constituy¨® en 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Catalu?a, con el objeto comercial de promoci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial. Su primera operaci¨®n consisti¨® en la compra de terrenos, calificados como r¨²sticos, en Alcal¨¢ de Henares, valorados en ese momento en unos 36 millones de pesetas, que se revalorizaron hasta los 220 millones cuando el suelo cambi¨® a urbanizable.

En 1974 consigue que el Ministerio de la Vivienda incluya las 2.400 viviendas que quieren construir en el subgrupo II de protecci¨®n oficial. En ese momento la inmobiliaria entra en contacto con la cooperativa La Familia Espa?ola, a la que propone entrar en el negocio como si la promotora de los pisos fuera esta segunda entidad y no la primera. La maniobra es denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la Cooperativa y dos de los vocales.

El Ministerio de Trabajo no lleg¨® a realizar investigaci¨®n alguna, y, al contrario, los denunciantes son apartados de sus puestos. Las vacantes son ocupadas precisamente por directivos de la inmobiliaria en cuesti¨®n.

Siempre seg¨²n el informe de los abogados de los cooperativistas, el prop¨®sito de la inmobiliaria ser¨ªa promover la venta de los pisos a trav¨¦s de la cooperativa, eludiendo as¨ª los mecanismos de control de la legislaci¨®n entre viviendas de protecci¨®n oficial y estableciendo precios de venta superiores a los permitidos. Se calcula que de esta forma los beneficios extra obtenidos alcanzan los setecientos millones de pesetas.

La operaci¨®n de venta de las viviendas por la cooperativa -entidad que en ning¨²n momento fue su propietaria- estuvo avalada por el Banco Industrial de Catalu?a, quien es accionista mayoritario en la inmobiliaria. As¨ª, y seg¨²n consta en el Registro Mercantil, el secretario de la inmobiliaria Segunda Alvega es Jos¨¦ Boronat Domingo, que es tambi¨¦n vicepresidente de la cooperativa La Familia Espa?ola, y funcionario de la entidad bancaria. Pablo Torriente Cruz acumula a su vez los cargos de presidente de la inmobiliaria y vicesecretario de la cooperativa. V¨ªctor Crespo Montenegro, consejero de la empresa, es adem¨¢s apoderado del Banco Industrial de Catalu?a en sus oficinas de Madrid. Antonio Barba Rodr¨ªguez, apoderado en la firma de escrituras de la inmobiliaria, figura como vocal de la cooperativa, y Jos¨¦ Luis Flaguer Vidal, consejero de Segunda Alvega, SA, es tambi¨¦n funcionario del banco.

Ante la gravedad y el confusionismo de los hechos, los socios de la cooperativa han constituido una coordinadora de presidentes de portales, que ha cursado unas doscientas denuncias ante la Delegaci¨®n Provincial de la Vivienda. Existe el temor de que la acci¨®n legal de la Delegaci¨®n se limite a sancionar a la inmobiliaria. Por ello, los denunciantes han solicitado el nombramiento de un instructor especial con poderes para intervenir en la entidad bancaria y en la cooperativa. Asimismo se ha pedido que la Delegaci¨®n Provincial se encargue de trasladar las denuncias ante el Gobierno Civil y el Ministerio de Trabajo.