Ley de Asilo

UNO DE los problemas cuya soluci¨®n se ha ido aplazando una y otra vez a causa de imperativos pol¨ªticos, y que hoy, pendiente todav¨ªa, aparece como una urgencia para el nuevo Gobierno y las primeras Cortes constitucionales, es el de la promulgaci¨®n de una ley de Asilo, o de un Estatuto del Refugiado Pol¨ªtico. A ra¨ªz de la intentona, el oto?o pasado, de aplicar medidas legales discriminatorias elaboradas en los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, que amenazaban con la expulsi¨®n del territorio espa?ol de los exiliados pol¨ªticos procedentes de Latinoam¨¦rica -y que se superpon¨ªa a las pr¨¢cticas restrictivas del Ministerio de Trabajo en el mercado laboral-, salt¨® a la luz p¨²blica el problema con m¨¢s fuerza que nunca. De hecho, decenas de millares de refugiados latinoamericanos viven todav¨ªa hoy en nuestro pa¨ªs en una situaci¨®n de tolerancia vergonzante, con la espada de Damocles de su expulsi¨®n sobre ellos, discriminados en sus derechos humanos en el pa¨ªs mismo que es la cuna de su historia y civilizaci¨®n, de su lengua y su cultura.Las nuevas Cortes tienen planteada la necesidad de elaborar, debatir y aprobar urgentemente el Estatuto del Refugiado Pol¨ªtico, retrasado ya en tres ocasiones, a causa del refer¨¦ndum constitucional, primero, y de las elecciones generales y municipales, despu¨¦s. La nueva legalidad ya est¨¢ en su lugar, la Administraci¨®n tambi¨¦n, y el problema no admite m¨¢s retrasos. Se sabe que el tema de los refugiados latinoamericanos en Espa?a preocupa ya a las Naciones Unidas, que han instado para que el problema sea afrontado lo m¨¢s r¨¢pidamente posible. Se sabe tambi¨¦n que el ex ministro del Interior, Mart¨ªn Villa, ha dejado ya preparada, antes de abandonar su puesto, una orden transitoria que resuelva el problema provisionalmente, hasta que exista una ley de Asilo en buena y debida forma. Y es tambi¨¦n patente el deseo del Centro Iberoamericano de Cooperaci¨®n, mantenido hasta ahora al margen del problema de manera inadecuada, de potenciar este tema, y hasta de albergar en su seno una oficina interrninisterial que se ocupe del mismo.

Los mecanismos legales ya est¨¢n, por tanto, preparados. En un primer paso se trata de que terminen las pr¨¢cticas restrictivas de la orden ministerial de 15 de enero de 1970 que exig¨ªa a los latinoamericanos de la obligaci¨®n de proveerse de permiso de trabajo, y a las empresas que los emplearan, de cumplir los requisitos exigidos cuando de trabajadores extranjeros se tratase. En segundo lugar, de promulgar la orden ya preparada por el ex ministro Mart¨ªn Villa para resolver el tema de manera provisional, de tal manera que los refugiados latinoamericanos dejen de vivir en precario en nuestro pa¨ªs. Y, por ¨²ltimo, que el Gobierno env¨ªe a las Cortes, y que ¨¦stas aprueben, un Estatuto del Refugiado Pol¨ªtico. Bien es verdad que aqu¨ª no se agota el tema, pues tambi¨¦n se precisa una ley de Extranjer¨ªa que reglamente el tema de los emigrantes y de los no refugiados.

Espa?a es un pa¨ªs democr¨¢tico, y en consecuencia debe ajustar completamente su legislaci¨®n y comportamiento a lo que exige la democracia y sus documentos fundamentales. El debido respeto a los derechos humanos no puede ser planteado solamente de puertas adentro, aunque, desde luego, haya sido en esta esfera donde su carencia ha resultado m¨¢s estremecedora para los espa?oles durante casi ocho lustros. Tambi¨¦n hacia afuera la democracia obliga, y de ah¨ª la necesidad urgente de una ley de Asilo. Pero es que, adem¨¢s, la deuda contra¨ªda con todos los pa¨ªses hermanos en lengua y cultura, que tan generosamente se portar¨®n con nuestros propios conciudadanos -cientos de niiles, no se olvide-, a quienes la pol¨ªtica de la dictadura expuls¨® de la propia Espa?a, ya no puede esperar m¨¢s sin que todos los espa?oles nos tengamos que seguir sonrojando por ello.