Votaci¨®n para decidir el futuro de un patrimonio sindical del taxi

La Federaci¨®n de Aut¨®nomos del Taxi y UGT han impugnado la convocatoria del Gobierno Civil de Madrid para una votaci¨®n entre los taxistas que decida el destino del patrimonio sindical, correspondiente al local de la Federaci¨®n de Trabajadores Aut¨®nomos del Taxi, por considerar que es una maniobra para entregar el patrimonio a la CEOE y entender que el Gobierno Civil no puede intervenir en una sociedad privada, informa la agencia Efe. El Sindicato Unitario se sumar¨¢ hoy tambi¨¦n a la impugnaci¨®n.

Las votaciones anunciadas por el Gobierno Civil se realizar¨¢n ma?ana en el Pabell¨®n de Agricultura de la Casa de Campo. De sus resultados depende el futuro de la antigua casa sindical, en cuya sede est¨¢ hoy domiciliada la Asociaci¨®n de Aut¨®nomos e Industriales del Taxi, afiliada a la CEOE.La convocatoria contempla la votaci¨®n de cuatro opciones: Una presentada por un independiente, que pide que la antigua sede verticalista, sita en Garc¨ªa Morato, 84, sea convertida en una residencia de ancianos; otra, propuesta por la Federaci¨®n de Aut¨®nomos del Taxi, que plantea. el disfrute de la sede por todas las agrupaciones de taxistas, de acuerdo con las respectivas cifras de afiliaci¨®n; una tercera, correspondiente a la Asociaci¨®n de Aut¨®nomos e Industriales del Taxi (CEOE), que pretende que se adapten los estatutos de la antigua agrupaci¨®n a la normativa vigente y la realizaci¨®n de elecciones generales, y, finalmente, la propuesta de UGT en el sentido de transferir el citado patrimonio a la cooperativa del taxi.

La Federaci¨®n de Aut¨®nomos del Taxi ha informado que sus afiliados se abstendr¨¢n en la votaci¨®n de ma?ana, ya que se trata de un montaje realizado por el Gobierno Civil y la patronal CEOE para dar a esta ¨²ltima un patrimonio que pertenece a todos los taxistas, y acus¨® la votaci¨®n de antijur¨ªdica.

Por su parte el SU sostiene que la antigua Agrupaci¨®n Sindical del Taxi, aunque estaba representada en el sindicato vertical, era una entidad privada en la que cada socio pose¨ªa una acci¨®n y que, tras la democracia, el Gobierno dio un plazo de seis meses a este tipo de asociaciones para su transformaci¨®n, y ¨¦sta, como consecuencia de sus divisiones internas, dej¨® pasar el plazo.

Fuentes del SU a?adieron que la ¨²nica soluci¨®n, ahora, est¨¢ en que los socios de la agrupaci¨®n se re¨²nan y decidan la venta del patrimonio, que debe repartirse entre todos y los que quieran que aporten su parte a la creaci¨®n de otra asociaci¨®n. Pero en ning¨²n caso -dice el SU- debe intervenir el gobernador civil en un asunto interno de una sociedad privada. Esta central ha convocado a sus afiliados a un boicot activo a las votaciones.