El Gobierno comenzar¨¢ a desarrollar el Plan Energ¨¦tico en septiembre

La autorizaci¨®n definitiva para tres centrales nucleares, una serie de medidas de reordenaci¨®n del sector el¨¦ctrico y un programa de coordinaci¨®n efectiva de las participaciones estatales en el subsector petrol¨ªfero, son las tres v¨ªas de actuaci¨®n esencial que el Gobierno se propone aplicar a partir del pr¨®ximo mes de septiembre, en desarrollo del Plan Energ¨¦tico Nacional, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, seg¨²n han se?alado a EL PAIS fuentes de toda solvencia.

La primera decisi¨®n que el Gobierno adoptar¨¢ probablemente a la vuelta de las vacaciones es autorizar definitivamente tres nuevas centrales nucleares, concretamente los dos grupos de Valdecaballeros (Badajoz) y uno de los proyectados en Trillo (Guadalajara). Estas autorizaciones ser¨ªan probablemente las ¨²ltimas concedidas por el Gobierno, antes de que entre en funcionamiento el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya ley reguladora ser¨¢ debatida probablemente en el Parlamento a principios del pr¨®ximo mes de octubre. Las competencias de este nuevo organismo, incluido en las resoluciones del Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN), sustituir¨¢n a la actual Junta de Energ¨ªa Nuclear, con la novedad de que los componentes del nuevo Consejo ser¨¢n independientes de la Administraci¨®n, aunque nombrados por ¨¦sta, y que el Parlamento podr¨¢ vetar las candidaturas propuestas por el Gobierno.La decisi¨®n de autorizar definitivamente las tres centrales indicadas ha frenado en cierto modo las pugnas en torno a la Administraci¨®n, desarrolladas por las compa?¨ªas con intereses en otras centrales proyectadas, en las que ya se han acometido inversiones cuantiosas, con s¨®lo el tr¨¢mite de autorizaci¨®n previa cumplimentado. Las guerras de influencias se centran ahora en la cuarta central, que el Gobierno podr¨ªa probablemente autorizar en los primeros meses de 1980. La recta final parece estar dominada por las proyectadas en Vandell¨®s (Tarragona); donde ya existe un grupo en funcionamiento, y la de S¨¢yago (Zamora), ambas tambi¨¦n con autorizaci¨®n previa. Para el futuro, quedar¨ªan otros tres grupos que ya han superado ese tr¨¢mite administrativo y est¨¢n en fase de construcci¨®n: Vandell¨®s III (Tarragona), Trillo II (Guadalajara) y Xove (Lugo)

En lo que respecta al sector el¨¦ctrico, el Gobierno contempla con preocupaci¨®n las reticencias de sus actuales dirigentes a acometer un proceso de transformaci¨®n y renovaci¨®n de sus estructuras. En este sentido, el primer paso para. el prop¨®sito del Gobierno fue la aprobaci¨®n de un consejo de control del sector, en el ¨²ltimo Consejo de Ministros, con participaci¨®n de consumidores privados e industriales, productores y Administraci¨®n. Entre las opciones de futuro que actualmente se barajan en medios competentes, pudiera tener car¨¢cter prioritario una norma que limite la edad de los presidentes y altos ejecutivos de las compa?¨ªas el¨¦ctricas,

La tesis del Gobierno en este tema es la de adecuar progresivamente la estructura y los comportamientos del sector el¨¦ctrico a su car¨¢cter de servicio p¨²blico.

Finalmente, en el ¨¢mbito del subsector petrolero, los t¨¦cnicos y altos cargos de la Administraci¨®n muestran viva preocupaci¨®n por las dificultades internas para fortalecer la coordinaci¨®n entre las empresas con participaci¨®n estatal. Uno de los temas en los que se pretende actuar con Cierta urgencia es impedir que se perpet¨²e la actual competencia entre CAMPSA e Hispanoil (Eniepsa) eb la adjudicaci¨®n de los permisos de investigaci¨®n de hidrocarburos. Asimismo, se pretende acenturar la coordinaci¨®n de los planes de inversi¨®n y producci¨®n de las empresas de refino con capital estatal, ya iniciada hace varios meses entre el INI (Enpetrol) y la Direcci¨®n General del Patrimonio (Petroliber).

Un ¨²ltimo tema es objeto de estudio en estos momentos. Se trata de inicar la inmediata liberalizaci¨®n de todos los derivados petrol¨ªferos no energ¨¦ticos (naftas, asfaltos y otros), actualmente sometidos a una f¨¦rrea intervenci¨®n administrativa, tal y como est¨¢ previsto en la correspondiente resoluci¨®n del PEN.