La reforma agraria portuguesa, congelada cuatro a?os despu¨¦s de su comienzo

Continuos enfrentamientos, con heridos, entre fuerzas de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y los campesinos, provocados por la devoluci¨®n de las tierras a los antiguos propietarios est¨¢n marcando en el Alentejo portugu¨¦s el cuarto aniversario del inicio de la reforma agraria. Informa Nicole Guardiola desde Lisboa.

Fen¨®meno pr¨¢cticamente ¨²nico en Europa, desde los tiempos de la revoluci¨®n rusa, de intento de transformaci¨®n revolucionaria de las estructuras agrarias, la reforma portuguesa ha suscitado m¨¢s inter¨¦s fuera que dentro del pa¨ªs. Hoy, el Partido Socialista, autor de la ley en vigor desde 1977, propone una revisi¨®n de la misma. Cuatro a?os despu¨¦s, el Alentejo sigue siendo antes que nada el terreno predilecto de batallas campales ideol¨®gicas y pol¨ªticas, y los trabajadores rurales esperan y desesperan de ver un d¨ªa a los pol¨ªticos de Lisboa ponerse de acuerdo sobre su futuro.Un poco m¨¢s de 1.000.000 de hect¨¢reas de tierras ocupadas en mayo de 1979, contra 1.200.000 en 1976. Alrededor de 85.000 trabajadores agr¨ªcolas afectados. M¨¢s de cuatrocientas UCP (unidades colectivas de producci¨®n en funcionamiento). Estos n¨²meros dan una idea de la amplitud de la lucha que se desarrolla actualmente en el Alentejo, entre un Gobierno que no disimula su intenci¨®n de reducir a la m¨¢s m¨ªnima expresi¨®n, el sector agr¨ªcola colectivizado y las organizaciones de trabajadores agr¨ªcolas, controladas por el Partido Comunista, que resisten esta pol¨ªtica por todos los medios a su alcance: manifestaciones, delegaciones, listas de firmas, guerrillas administrativa y jur¨ªdica.

El Gobierno responde por el recurso sistem¨¢tico a las fuerzas policiales para cubrir la ejecuci¨®n de los, actos de entrega a los antiguos due?os de las tierras restituidas al abrigo del ?derecho de reserva?, que garantiza, en principio, a cada agricultor directo, la posesi¨®n de 75 hect¨¢reas, y ?cada propietario, 35 hect¨¢reas. De cuando en cuando surge el incidente: choques, heridos, arrestos, dando lugar a procesos por ?desobediencia a las fuerzas del orden?. A su vez, las UCP denuncian las supuestas ?legalidades y abusos de que son v¨ªctimas: resultado, varios millares de procesos en espera de juicio. El Gobierno, sin embargo, no detiene su acci¨®n: se propone, al contrario, acelerarlo, para acabar con el problema antes de final del a?o en curso.

La ley, violada

Pero los comunistas ya no son los ¨²ltimos en levantar su voz en defensa de los trabajadores rurales. Del Consejo de la Revoluci¨®n y del Partido Socialista surgen ahora acusaciones contra los responsables de la agricultura. Se citan casos de violaciones de la ley. En unos ha sido atribuida al antiguo latifundista una extensi¨®n mucho mayor que la legal. En otros, varias reservas han sido atribuidas al mismo propietario o a varios miembros de la misma familia. Siempre el Gobierno aplica las disposiciones legales en el sentido m¨¢s favorable al propietario, sin preocuparse por saber si est¨¢ salvaguardada la existencia de la UCP amputada, como lo exige la ley. Como tel¨®n de fondo, graves acusaciones de corrupci¨®n contra funcionarios del Ministerio.Mucho se ha escrito sobre las ?ocupaciones salvajes? de 1975 y los abusos entonces cometidos. No es necesario al p¨²blico espa?ol un gran esfuerzo para comprender la situaci¨®n de los grandes latifundios al sur del Tajo antes de abril de 1974. Estas inmensas propiedades de varias decenas de millares de hect¨¢reas tienen el mismo origen y las mismas caracter¨ªsticas que los latifundios andaluces o extreme?os. Aqu¨ª tambi¨¦n su existencia signific¨®, para los trabajadores agr¨ªcolas, el paro, el hambre, la emigraci¨®n forzosa, la privaci¨®n de todos los derechos. El movimiento iniciado en 1975, con el apoyo reticente primero, luego m¨¢s decidido de los comunistas, s¨®lo por abuso de lenguaje puede ser llamado reforma agraria. Era un movimiento revolucionario destinado a asegurar, en primer lugar, el trabajo y el salario para todos.

El problema de la propiedad de la tierra no est¨¢ profundamente arraigado en un proletariado agr¨ªcola que nunca ha sido due?o de otra cosa que de la fuerza de sus brazos. En cambio, decenas de a?os de resistencia a la represi¨®n contra cualquier intento de resistencia organizada no pod¨ªan dejar de suscitar un cierto revanchismo, que dio lugar a los tan comentados abusos.

La orientaci¨®n del Partido Comunista -implantado en el Alentejo desde los tiempos de la resistencia clandestina-, el instinto de agruparse para mejor defenderse y la necesidad de juntar los parcos recursos t¨¦cnicos y financieros disponibles llev¨® a concentrar las tierras ocupadas en unidades colectivas gigantes, los ?nuevos latifundios?, criticados por los tecn¨®cratas en nombre de la rentabilidad econ¨®mica. Reducir las dimensiones de las unidades colectivas, transformarlas en cooperativas econ¨®micamente rentables y acabar con la mano de obra excedentaria han sido los objetivos confesados del proyecto ?ideal? de reforma agraria, democr¨¢tica y autogestionaria, defendido por el PS.

Como en los dem¨¢s sectores econ¨®micos, los socialistas quer¨ªan implantar en el Alentejo una econom¨ªa agr¨ªcola mixta, donde cooperativas modernas coexistir¨ªan con explotaciones privadas modelos.

Pero confiando en su propia permanencia en el poder, los socialistas dejaron amplios poderes al Gobierno en la interpretaci¨®n y ejecuci¨®n de la ley. Despu¨¦s de la ca¨ªda del segundo Gobierno Soares, estos poderes pasaron a ser utilizados de manera muy diferente de la prevista y los socialistas se quejan ahora de la subversi¨®n de ?su ley? en provecho de una ?recuperaci¨®n capitalista?, carente de toda preocupaci¨®n social. Del largo articulado de la ley, s¨®lo media docena de disposiciones son ahora aplicadas y unilateralmente. No se ha vuelto a expropiar una sola hect¨¢rea de las 600.000 expropiables.

Acusados de ser responsables del descalabro de la reforma agraria, los socialistas ven su base electoral en la regi¨®n reducirse en provecho de los comunistas, erigidos en campeones exclusivos de la reforma.