Juicio contra once mujeres acusadas de practicar o someterse a abortos

El pr¨®ximo d¨ªa 26 de octubre once mujeres van a ser juzgadas en la sala dos de la Audiencia Provincial de Vizcaya, acusadas de haber practicado abortos dos de ellas y de haberse sometido a los mismos las restantes. El juicio, seg¨²n explicaron ayer en conferencia de prensa algunos de los abogados de las procesadas -Antonio Pericas, Mercedes Ag¨²ndez y Ernesto Mart¨ªnez de la Hidalga- va a rebasar los l¨ªmites meramente judiciales para convertirse en una reivindicaci¨®n en favor de la despenalizaci¨®n del aborto, tipificado en la actual legislaci¨®n con penas de seis meses hasta seis a?os de prisi¨®n menor.

Los abogados encargados del caso van a pedir la absoluci¨®n total de sus defendidas en base a tres supuestos que har¨¢n constar ante el juez: el primero de ellos consiste en solicitar la desaparici¨®n del aborto como delito tipificado en el C¨®digo Penal por considerar que el Estado debe garantizar la planificaci¨®n familiar poniendo al alcance de cualquier persona todos los medios cient¨ªficos y t¨¦cnicos con los que se cuenta hoy en d¨ªa, entre ellos la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.La segunda tesis de la defensa interesa directamente a la situaci¨®n personal de las afectadas: ?El ineludible estado de necesidad en que se encontraban y la agresi¨®n de una ley opresiva.? Estas palabras se traducen en una situaci¨®n econ¨®mica casi desesperada, en la escasa salud de algunas de las mujeres y en problemas personales muy delicados, en otros casos. La mayor¨ªa estaban casadas y ten¨ªan varios hijos cuando decidieron abortar. S¨®lo dos permanec¨ªan solteras: una de ellas en ?adulterio obligado?, ante la inexistencia de una ley del divorcio, ya que conviv¨ªa con un hombre casado, y la otra, una menor de edad, con el novio en la mili, que en principio se asust¨® y quiso abortar, pero a ¨²ltima hora se cas¨® y tuvo el ni?o. Sin embargo, a esta mujer le piden la misma pena por la intenci¨®n que si hubiera cometido el delito.

A algunas de ellas les negaron repetidas veces los anticonceptivos y, ya en circunstancias extremas, visitaron a ?esa mujer del barrio que me han dicho que me va a solucionar el problema?. Tres mil pesetas m¨¢s o menos, un par de horas y otra vez a hacer frente a la vida cotidiana: sobrevivir con el salario de sus maridos -obreros todos de la zona Industrial de Basauri-, cuidar a los ni?os y continuar pagando como sea las letras del piso y los muebles.

Un buen d¨ªa, en 1976, tres o cuatro a?os despu¨¦s de que hubiesen abortado, la polic¨ªa se present¨® en sus casas y fueron conducidas a comisar¨ªa. Nadie sabe muy bien, ni siquiera los abogados, c¨®mo consiguieron dar con estas mujeres. Al parecer, alguien denunci¨® a la que practicaba los abortos, ¨¦sta dio el nombre de algunas personas a las que hab¨ªa atendido y de esta manera nueve de ellas fueron encarceladas durante tres d¨ªas. El fiscal pide sesenta a?os de c¨¢rcel para la mujer a la que se le imputa haber realizado las interrupciones del embarazo, y para su hija, una menor de edad que, seg¨²n testimonio de los abogados, no hac¨ªa otra cosa que sostener la palangana y ofrecer leche con aspirinas a las mujeres, solicita 55 a?os de prisi¨®n, aunque uno de ellos es por haber abortado ella misma. Tambi¨¦n comparecer¨¢ ante el juez el d¨ªa 26 un hombre que indujo a una de las mujeres a que abortase y le facilit¨® el dinero,

El ¨²ltimo alegato de la defensa estar¨¢ basado en lo que los abogados califican como ?desigualdad de hecho ante la ley?, pues consideran que el origen social de clase determina el proceso posterior, ya que este mismo hecho, el aborto, lo han practicado en el extranjero numerosas personas mejor dotadas econ¨®micamente, sin que hayan tenido que comparecer ante los tribunales.