Piquetes de autoprotecci¨®n

PR?CTICAMENTE en todo el cintur¨®n de ciudades dormitorio de Madrid (Alcorc¨®n, Legan¨¦s, M¨®stoles, Fuenlabrada, Parla, etc¨¦tera) se est¨¢ produciendo una peligrosa reacci¨®n ciudadana contra el incremento de la delincuencia com¨²n. Hace escasas fechas la polic¨ªa se vio precisada de intervenir en Villaverde Alto para evitar el linchamiento de un presunto delincuente juvenil. Ayer mismo el Ayuntamiento de M¨®stoles hac¨ªa p¨²blico un comunicado pidiendo a sus vecinos que desistieran de tomar la justicia por su man¨®.Un cierto corrimiento de opini¨®n hacia la desconfianza en la capacidad de las Fuerzas de Orden P¨²blico para controlar la delincuencia en zonas superpobladas y un comprensible pero indefendible estado de opini¨®n vindicativo ante casos particularmente desagradables de delincuencia como son las violaciones de menores o el mero asalto de mujeres o personas de edad, ha suscitado el nacimiento de piquetes de protecci¨®n en las barriadas. Una trampa en la que los propios vecinos no deben caer.

La delincuencia, principalmente juvenil, en este tipo de barriadas (que no son privativas de Madrid) ha crecido notablemente desde hace a?os (no desde los a?os de la democracia), por razones estructurales que est¨¢n en los libros de sociolog¨ªa urbana: crecimiento especulativo de las ciudades, ?h¨¢bitat? hostil, falta de lugares de esparcimiento, carencia del primer empleo, baja escolarizaci¨®n, etc¨¦tera. Es cierto que la sociedad democr¨¢tica no ha tenido tiempo -o, si se quiere, no ha sabido- para resolver el problema de los necesarios ?colchones contra la pobreza? y de la rebeld¨ªa juvenil en los n¨²cleos urbanos m¨¢s proclives a este tipo de violencia. No es menos cierto que afortunadas previsiones policiales, como la implantaci¨®n de polic¨ªas de barrio, no han podido desarrollarse en toda su amplitud por falta de medios ante otras urgencias no menos graves de seguridad p¨²blica. Pero la creaci¨®n de piquetes de autoprotecci¨®n resulta indefendible, por mucho que puedan fallar los leg¨ªtimos sistemas de protecci¨®n ciudadana.

A m¨¢s de que los aspectos m¨¢s generosos de las quejas ciudadanas sobre esta delincuencia (que piden fundamentalmente la erradicaci¨®n de las causas sociales que originan este vandalismo urbano) se contradicen de plano con la tendencia a hacer buena la ley del juez Linch. La justicia jam¨¢s es monopolizable (es de la sociedad organizada), y la violencia ni siquiera es, en su estricto sentido, monopolio del Estado; la violencia es monopolio de los violentos, y las instituciones del Estado deben velar por impedirla o reprimirla. Cuando ciudadanos particulares salen a la calle para suplir funciones policiales no s¨®lo no se est¨¢ resolviendo ning¨²n problema de seguridad, sino que se generan otros nuevos y acaso m¨¢s graves. Primero, la temida posibilidad de una muerte, unas lesiones graves, ocasionadas por estos piquetes sobre otros ciudadanos, delincuentes o no; en un segundo plano, la presunci¨®n de que ciertos grupos de delincuentes se amparen en la espontaneidad de estos piquetes para la comisi¨®n de sus delitos. Y siempre, la seguridad de que tales piquetes son en todo momento sujetos de utilizaci¨®n pol¨ªtica subjetiva con fines partidistas de alarmismo y desestabilizaci¨®n social.