El Gobierno quiere recortar la discrecionalidad de los jueces en materia de libertad provisional

La relativa discrecionalidad que la ley de Enjuiciamiento Criminal otorga a los jueces en materia de libertad provisional y de prisi¨®n preventiva de los detenidos puede ser sustancialmente recortada si prospera el proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de los art¨ªculos 503 y 504 de la citada ley, cuyo debate a la totalidad se celebr¨® ayer en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso.

Con esta reforma, el Gobierno pretende hacer frente al aumento de la delincuencia de car¨¢cter com¨²n, que, ?sin ser de extrema gravedad, atenta a la tranquilidad ciudadana?, seg¨²n se afirma en el pre¨¢mbulo del proyecto de ley. Por otra parte, el hecho de que una gran mayor¨ªa de los actuales delincuentes sean j¨®venes no es considerado por el Gobierno impedimento suficiente para un mayor rigor judicial en materia de prisi¨®n preventiva, dadas ?las previsiones contenidas en la nueva ley General Penitenciaria respecto al tratamiento de j¨®venes delincuentes detenidos, presos y penados, con absoluta separaci¨®n de los mayores?.

Seg¨²n el proyecto de ley del Gobiemo, los jueces estar¨¢n obligados a decretar la prisi¨®n preventiva del detenido cuando el delito que se le imputa tenga se?alada pena superior a la del arresto mayor, es decir, a partir de la prisi¨®n menor (seis meses y un d¨ªa a seis a?os). Por otra parte, el juez podr¨¢ decretar la prisi¨®n preventiva, aun en el caso de que la pena que corresponda al delito sea la de arresto mayor, ?teniendo en cuenta la alarma que haya podido producir el hecho, los antecedentes y circunstancias del inculpado o el fundado temor de que no comparezca al llamamiento de la autoridad judicial?.

La oposici¨®n a las pretensiones del Gobierno parti¨® del Grupo Andalucista (PSA), cuyo representante, el diputado Juan Carlos Aguilar, solicit¨® la devoluci¨®n del proyecto de ley, si bien los socialistas declararon estar de acuerdo con los principios expuestos por el diputado andalucista, pero no con la solicitud de devoluci¨®n. ?La v¨ªa a seguir es una regulaci¨®n adecuada del proyecto del Gobierno, pero no su devoluci¨®n, ya que no se puede aplazar la soluci¨®n del problema?, precis¨® a este respecto el diputado socialista F¨¦lix Pons.

Los argumentos alegados por el diputado andalucista se?or Aguilar fueron de dos tipos: unos, sobre la oportunidad pol¨ªtica del proyecto del Gobierno, y otros, sobre la filosof¨ªa y objetivos del mismo. Seg¨²n el diputado andalucista, el proyecto gubernamental no era pol¨ªticamente oportuno, ya que est¨¢ prevista una reforma global de las leyes penales, entre ellas la ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, el proyecto del Gobierno invierte los principios de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisi¨®n y libertad provisionales, seg¨²n los cuales la regla es la libertad del detenido, y la excepci¨®n, la prisi¨®n preventiva del mismo. El se?or Aguilar calific¨® el proyecto gubernamental de ?paso atr¨¢s? y de ?concesi¨®n demag¨®gica del Gobierno a las fuerzas m¨¢s reaccionarias de la sociedad?.

La enmienda de devoluci¨®n del Grupo Andalucista fue expl¨ªcitamente apoyada por el diputado de la Uni¨®n del Pueblo Canario Unido, Fernando Sagaseta, quien aport¨® al debate su visi¨®n pol¨ªtica del problema. Seg¨²n el citado diputado, la ¨²nica soluci¨®n aportada por el Gobierno al problema de la delincuencia era la detenci¨®n y la prisi¨®n, una vez demostrada su incapacidad para erradicar las causas profundas que est¨¢n en la base de la delincuencia: el paro y la insatisfacci¨®n de la juventud.

Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico, por boca del diputado Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Albert, rechaz¨® con fuerza que el proyecto del Gobierno respondiera a ?intereses reaccionarios?, sino que tend¨ªa a satisfacer una demanda social cada vez m¨¢s clamorosa de seguridad personal y ciudadana. El se?or Gil-Albert a?adi¨® que la libertad personal, si bien es un derecho fundamental, debe ceder al principio superior del inter¨¦s general de la sociedad. Desde el punto de vista t¨¦cnico-jur¨ªdico, el diputado centrista justific¨® la nueva regulaci¨®n propuesta por el Gobierno en el tema de la libertad provisional en el fracaso de la instituci¨®n de la fianza, que no cumple actualmente los fines para los que fue creada. La enmienda a la totalidad del Grupo Andalucista fue rechazada con los votos en contra de UCD y de Coalici¨®n Democr¨¢tica y la abstenci¨®n de los grupos Socialista, Comunista y del PNV.

Con anterioridad al citado debate, el ministro de Justicia, I?igo Cavero, respondi¨® a dos preguntas formuladas por el diputado del Grupo Socialistas de Catalu?a, Rodolfo Guerra; una, sobre la situaci¨®n en que se encuentran los sumarios sobre el incendio del local Scala, de Barcelona, y sobre los asesinatos del industrial catal¨¢n Bult¨® y del matrimonio Viola, y otra, sobre las demoras que se est¨¢n produciendo en las extradiciones de ciudadanos extranjeros. Respecto a la primera pregunta, el se?or Cavero declar¨® que no pod¨ªa dar una respuesta concreta, pues todav¨ªa no le hab¨ªa sido enviada la informaci¨®n solicitada al respecto a la Fiscal¨ªa General del Estado. En cuanto a la segunda, afirm¨® que el tema era dif¨ªcil y complejo, aunque, a nivel legal, esperaba que se solucionase mediante la ley de extranjeria, cuyo anteproyecto est¨¢ siendo elaborado actualmente.