Guatemala: muertes sin rostro

Diputado de UCD por Palencia y ex presidente del Congreso

Amnesty International acaba de hacer p¨²blico el memorando presentado al Gobierno del general Lucas Garc¨ªa, como resultado de la visita que realiz¨® a la rep¨²blica de Centroam¨¦rica, del 10 al 15 de agosto pasado, una misi¨®n informativa sobre la violaci¨®n de los derechos humanos en aquellas entra?ables tierras de la antigua Capitan¨ªa General de Guatemala.

Al formar parte de esta misi¨®n, en compa?¨ªa de Dan Gallin, secretario general de la Uni¨®n Internacional de Trabajadores de la Alimentaci¨®n, y Tracy Ullveit-Moe, representante del Secretariado Internacional de Al, pude vivir una de esas experiencias inolvidables, que dejan huella profunda y duradera.

Ciertamente no llev¨¢bamos prevenci¨®n alguna hacia nadie, ni pretend¨ªamos en tiempo tan breve dogmatizar sobre la situaci¨®n pol¨ªtica o social de una compleja comunidad de seis millones de habitantes, en la que el 60% hablan espa?ol y sienten nuestra cultura, y el 40% se entienden en sus distintos dialectos, costumbres y creencias pomo descendientes de los antiguos mayas; nuestro objetivo estaba directamente relacionado con las constantes denuncias que reflejan una situaci¨®n alarmante entre Idesapariciones? y probables ejecuciones extrajudiciales. Las cifras son escalofriantes. Desde 1966 a 1976, 20.000 fallecidos en ?extraflas? circunstancias; a partir del 29 de mayo de 1978, AI ha podido contrastar en una variada fuente informativa -incluyendo la prensa guatemalteca e internacional- que los secuestros, desapariciones y asesinatos pol¨ªticos han costado la vida a m¨¢s de 2.000 personas en los ¨²ltimos dieciocho meses, y esa situaci¨®n contin¨²a sin que el Gobierno pueda controlarla.

La misi¨®n de AI pudo discutir con el vicepresidente de la rep¨²blica, se?or Villagran Kramer; con el ministro del Interior, Donaldo Alvarez Ruiz, y con el ministro de Trabajo, Carlos Alarc¨®n Monsanto. Por mi parte, visit¨¦ al presidente del Congreso de Guatemala, con el que mantuve una amistosa conversaci¨®n.

Tambi¨¦n pudimos entrevistarnos -en alg¨²n caso en situaciones un tanto rocambolescas- con representantes de los sectores amenazados, tales como sindicalistas, campesinos, pol¨ªticos y empresarios. Especial significado tuvieron los contactos con las autoridades acad¨¦micas de la Universidad de San Carlos, que resisten complacidos la acusaci¨®n de marxistas, y alguna comunidad religiosa del interior, regida por sacerdotes espa?oles, con los que compartimos la emoci¨®n del recuerdo de esta Espa?a transitiva, recibiendo el aliento de quienes siguen atenta mente nuestro proceso democr¨¢ti co y hacen de su fe cristiana la raz¨®n de su vida. El elogio a nues tros l¨ªderes democr¨¢ticos Adolfo Su¨¢rez y Felipe Gonz¨¢lez, recogido de labios de un redivido padre Casas, en la parroquia de Chichi castenango, que cadajueves y do mingo recibe una extra?a mezcla de ni?os para cristianar, junto a quienes practican en la misma iglesia sus invocaciones y ritos de antiguas religiones, llega a lo hondo y aprieta el coraz¨®n cuando conoces que tienen su vida amenaza da por esos modernos inquisidores que se titulan Frente Unido Anticomunista.

Es dif¨ªcil trasladar a estas fr¨ªas letras impresas la sensaci¨®n de solidaridad del frente sindicalista, cuyos l¨ªderes aparecen incluidos en las listas del autodenominado Ej¨¦rcito Secreto Anticomunista (ESA), ?enjuiciados y sentenciados a muerte?. Desde la publicaci¨®n de estas listas, algunas de las personas incluidas han aparecido asesinadas y los cuerpos de las v¨ªctimas son a menudo encontrados lejos del lugar del rapto y mutilados para hacer imposible la identificaci¨®n.

El ministro de Trabajo nos pudo inf¨®rmar de su intenci¨®n de pre,sentar un nuevo C¨®digo Laboral; pero ya en el c¨®digo vigente se conceden, te¨®ricamente, muchos .de los derechos, que en la pr¨¢ctica no se respetan. A pesar de las medidas constitucionales que protegen la libertad de asociaci¨®n y que declaran que el sistema de trabajo del pa¨ªs debe de estar oganizado de acuerdo con la justicia social, el hecho de ser hoy l¨ªder sindical o miembro activo de un sindicato en Guatemala significa poner en riesgo la propia vida. En el per¨ªodo durante el cual el presente Gobierno ha ocupado el poder, doce sindicalistas han sido asesinados y nueve secuestrados. Al comentar con el ministro Alarc¨®n Monsanto la especial situaci¨®n de la empresa Coca-Cola guatemalteca, dirigida por un ciudadano norteamericano que ha implantado el sistema del terror como medio de lucha contra las reivindicaciones sindicales, reconoci¨® que si se produc¨ªa un nuevo atentado sindical en aquella planta no tendr¨ªa el Gobierno m¨¢s remedio que expulsar del pa¨ªs como persona no grata a quien dirig¨ªa en Guatemala esta multinacional.

El art¨ªculo 1 de la Constituci¨®n reconoce que Guatemala es una naci¨®n libre, soberana e independiente, establecida con el fin de garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, seguridad y justicia, y que su sistema de Gobierno es republicano, democr¨¢tico y representativo; pero de hecho han sido numerosas y persistentes las denuncias de que los h¨¢bitos democr¨¢ticos han sido ignorados en los ¨²ltimos procesos electorales y que, se ha obstaculizado el camino de los grupos de oposici¨®n que intentaron comparecer en las elecciones de 1978.

El l¨ªder dem¨®cratacristiano Ren¨¦ de Le¨®n Schlotter sobrevivi¨® a un intento de asesinato, en el que muri¨® su ch¨®fer, el 12 de octubre de 1978; el 25 de enero de 1979 muri¨® asesinado el l¨ªder socialdem¨®crata Alberto Fuentes Mohr, cuando sal¨ªa del Congreso, y horas antes de que su partido pol¨ªtico presentara la petici¨®n de registro legal; el 22 de mayo de 1979 el l¨ªder del Frente Unido de la. Revoluci¨®n (FUR), Manuel Colom Argueta, mor¨ªa asesinado en plena v¨ªa p¨²blica cuando su grupo pol¨ªtico obten¨ªa el reconocimiento jur¨ªdico.

Pero lo grave de la situaci¨®n no son tanto los asesinatos en s¨ª como la pasividad o impotencia del Gobiemo, que ha sido denunciada -enti¨¦ndale bien- por el propio vicepresidente de la Rep¨²blica en sendas cartas dirigidas al procurador general y reconocida por el voto un¨¢nime de los parlamentarios -incluida la representaci¨®n guatemalteca-, reunidos en la 66.? Conferencia de la Uni¨®n Interpar¨ªamentaria, celebrada en Caracas del 13 al 21 de septiembre.

Nadie podr¨¢ acusar a la organizaci¨®n Amnesty International de parcialidad, despu¨¦s de los testimonios constantes de objetividad y neutralismo. Bien reciente est¨¢ la protesta dirigida contra la represi¨®n de los disidentes en la URSS, que ha provocado las iras de Mosc¨², calificando a Amnesty International como agente de la CIA; o el mensaje dirigido a ETA pol¨ªtico-militar, contra el secuestro de Javier Rup¨¦rez.

Por eso, Amnesty International no pretende que estas violaciones constantes de los derechos humanos en Guatemala procedan de un s¨®lo sector, pero s¨ª ha querido recomendar al Gobierno, ante esta aterradora situaci¨®n, como asunto urgente:

1. Que haga todo lo posible, dentro de su alcance, para asegurar que la tensi¨®n que da como resultado conflictos y violencia sea aliviada y asegurar que los organismos administrativos que tienen a su cargo el reconocimiento de los partidos pol¨ªticos, la adjudicaci¨®n de las disputas laborales y las decisiones que conciernen a la adjudicaci¨®n de la propiedad de la tierra act¨²en de acuerdo con los art¨ªculos 111, 113, 114, 126 y 151 de la Constituci¨®n guatemalteca.

2. Actuar de acuerdo a la sugerencia hecha por el vicepresidente Villagr¨¢n Kramer, en el sentido de que las autoridades no simplemente rechacen las acusaciones de abusos de derechos humanos, sino que se hagan cargo de investigarlas completa y honestamente. En el memor¨¢ndum y anexo que lo acompa?a se citan algunos de tales abusos que deber¨ªan ser exhaustiva y p¨²blicamente examinados, si es que el presente Gobierno tiene la intenci¨®n de restaurar la fe de sus propios ciudadanos y de la opini¨®n p¨²blica internacional en su capacidad para hacer cumplir la ley de manera justa y cabal.

3. Que las decisiones tomadas por el Gobierno para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, de acuerdo con las garant¨ªas constitucionales y los compromisos internacionales, sean dadas a conocer ampliamente.

4. Que se invite a la Organizaci¨®n de los Estados Americanos a visitar el pa¨ªs, con el fin de investigar las recientes acusaciones de que las autoridades no desean -o no son capaces- de poner fin a la presente situaci¨®n de violencia incontrolada.

No se trata de inmiscuirse en asuntos de pol¨ªtica interna, porque en la defensa de los derechos humanos no deben existir fronteras y la solidaridad internacional debe ser un principio vigente por encima de las conveniencias partidistas o nacionalistas.

Se trata de hacer un llamamiento a todos los hombres de buena Voluntad para que se evite esta situaci¨®n dram¨¢tica de Guatemala, en que la muerte y la violencia no tienen rostro.