Restringida la actividad de las centrales sindicales brit¨¢nicas

En una de las medidas m¨¢s audaces desde su victoria electoral el pasado mayo, el Gobierno conservador de Margaret Thatcher ha anunciado un paquete de medidas legislativas destinadas a restringir las actividades de los sindicatos brit¨¢nicos.Aunque las intenciones del Gobierno eran conocidas de antemano, los sindicatos han reaccionado vivamente y han manifestado que ?el Gobierno pretende convertir la industria brit¨¢nica en un campo de batalla?.

El proyecto de ley, as¨¦pticamente titulado ?ley sobre el empleo?, para evitar cualquier referencia directa a la ley de Relaciones Industriales, cuya puesta en vigor produjo la ca¨ªda del Gobierno Heate, en 1974, fue presentado ayer por el secretario de Empleo, James Prior, con la finalidad de ?introducir un cierto sentido com¨²n en nuestras relaciones laborales?.

La ley puede marcar un hito en la historia de las relaciones laborales en el Reino Unido y su discusi¨®n, el pr¨®ximo d¨ªa 17 de diciembre en la C¨¢mara de los Comunes, producir¨¢, sin duda, uno de los debates m¨¢s apasionantes de la actual legislatura.

Desde el punto de vista de pol¨ªtica interna, la nueva ?ley sobre el empleo? puede considerarse como la pieza legislativa m¨¢s importante presentada ante el Parlamento en la actual legislatura.

El Gobierno tory no hace a este respecto m¨¢s que cumplir uno de los puntos clave de su manifiesto electoral, en el que promet¨ªa poner coto a lo que calificaba de ?excesos sindicales?, como consecuencia de las huelgas registradas el pasado invierno, que consiguieron paralizar el pa¨ªs.

Los tres aspectos m¨¢s importantes de la nueva ley se refieren a los piquetes secundarios, a la sindicaci¨®n obligatoria y a las votaciones para decidir futuras acciones industriales.

Si el Gobierno saca adelante este proyecto de ley, cosa que nadie duda, dada su mayor¨ªa en la C¨¢mara de los Comunes, los sindicatos perder¨¢n importantes parcelas de poder en su papel negociador. La nueva legislaci¨®n convierte en un delito la organizaci¨®n de piquetes en otros lugares que no sean los habituales de trabajo de los huelguistas. El tema es capital, ya que hasta ahora, por ejemplo, el sindicato de camioneros pod¨ªa organizar piquetes en los muelles y en las estaciones de ferrocarriles, que consegu¨ªan una paralizaci¨®n total en la entrega de mercanc¨ªa.

Por otra parte, para que los trabajadores de una f¨¢brica puedan obligar a sus compa?eros a afiliarse obligatoriamente en una organizaci¨®n sindical determinada ser¨¢ preciso que por lo menos el 80% de la fuerza laboral de esa f¨¢brica est¨¦ de acuerdo con el principio de sindicaci¨®n obligatoria.

El tercer lado del tri¨¢ngulo, menos importante en Inglaterra que en otros pa¨ªses europeos, como por ejemplo Espa?a, hace referencia al sistema de votaci¨®n para que una industria determinada se declare en huelga. En este pa¨ªs, el sistema preferido hasta este momento era el de votaci¨®n a mano alzada. El Gobierno alude que este sistema no es democr¨¢tico y pide a los sindicatos que se realice una votaci¨®n secreta entre sus bases antes de decidir una huelga. Los sindicatos alegaban que no ten¨ªan los fondos suficientes para llevar a cabo ese tipo de votaciones secretas. Pues no se preocupen, dice el Gobierno, la Administraci¨®n correr¨¢ con los gastos que puedan ocasionar esas votaciones secretas y por correo.

Dos hechos importantes han decidido al Gobierno a presentar ante la C¨¢mara de los Comunes este controvertido proyecto de ley. La primera, la votaci¨®n de los trabajadores de la Leyland el pasado octubre, que demostr¨® que la fuerza laboral de la primera industria automovil¨ªstica brit¨¢nica apoyaba mayoritariamente los planes de reestructuraci¨®n de la empresa, en contra de los consejos de sus enlaces sindicales. La segunda, la decisi¨®n de los mineros brit¨¢nicos esta semana de aceptar las ofertas salariales de la Junta Nacional del Carb¨®n y pronunciarse en votaci¨®n democr¨¢tica contra la recomendaci¨®n de su ejecutiva nacional, que patrocinaba abiertamente la huelga.

Nadie duda, como antes se apuntaba, del resultado de la votaci¨®n en los Coraunes. Lo importante es saber qu¨¦ acciones extraparlamentarias tienen en cartera los sindicatos para luchar contra los planes del Gobierno.

Para el secretario general del Consejo Sindical Brit¨¢nico, Len Murray, el Gobierno ha declarado la guerra a los sindicatos. ?El Gobierno?, manifest¨®, ?pretende convertir a la industria en un campo de batalla.?

Sin embargo, se advierte una cierta inseguridad por parte de los sindicatos, en la que juega una baza importante el hecho de que m¨¢s de la mitad de la fuerza laboral brit¨¢nica votase por los conservadores en las elecciones del pasado mayo.