El Congreso de los Diputados convalid¨®, por un solo voto, el decreto-ley antiterrorista

El Congreso de los Diputados convalid¨® ayer el decreto-ley que prorroga la ley Antiterrorista y amplia las competencias de la Audiencia Nacional, atribuy¨¦ndole la facultad de entender en delitos tales como el esc¨¢ndalo p¨²blico a trav¨¦s de la medios de comunicaci¨®n. La apretada votaci¨®n se resolvi¨® a la tercera vez, mediante voto secreto por papeletas, por 147 votos a favor, 146 en contra y una abstenci¨®n, despu¨¦s que la primera votaci¨®n diera un resultado contrario al decreto-ley y en la segunda favorable.

Seg¨²n pudo saber EL PA?S, la raz¨®n de la primera votaci¨®n contraria al decreto se debe a que varios diputados centristas estaban dispuestos a romper la disciplina de voto de su partido. El PSOE pidi¨® votaci¨®n secreta, es decir, sin hacer listado de votantes, aunque por el procedimiento electr¨®nico. En el primer escrutinio, con 296 votantes, 146 se pronunciaron a favor de la convalidaci¨®n, 148 en contra y hubo dos abstenciones. Al producirse este resultado la oposici¨®n estall¨® en aplausos, mientras UCD protestaba.El presidente de la C¨¢mara decidi¨® que se contasen los presentes, y al comprobarse que s¨®lo hab¨ªa 294 orden¨® repetir la votaci¨®n. En esta segunda aparecieron 293 presentes, 150 de ellos a favor, 142 en contra y una abstenci¨®n. Inmediatamente el presidente dijo que el decreto quedaba convalidado, pero el portavoz socialista pidi¨® que se repitiese la votaci¨®n por papeletas. Se cerraron las puertas y se comenz¨® a llamar diputado por diputado, para que entregase su voto al presidente, que lo introduc¨ªa en la urna. Lleg¨® a haber protestas

porque parec¨ªa que entraban nuevos diputados, ante lo cual Landelino Lavilla tuvo que advertir que se trataba de personal de la C¨¢mara.

El escrutinio fue seguido con gran emoci¨®n por el Gobierno pr¨¢cticamente en Pleno y numerosos diputados, que al final iban cantando los votos que separaban cada opci¨®n.

Se opusieron al decreto los grupos Socialista, vasco, catal¨¢n, andalucista y Comunista, mientras apoyaban la convalidaci¨®n UCD y Coalici¨®n Democr¨¢tica, aunque el portavoz de este ¨²ltimo grupo, Manuel Fraga, expres¨® serias reservas sobre la constitucionalidad del decreto-ley.

Antonio Jim¨¦nez Blanco, por UCD, comenz¨® el debate afirmando que la ley cuya vigencia prorroga el decreto se aprob¨® con la Constituci¨®n ya a punto de ser sometida a refer¨¦ndum y todos los grupos reconocieron su conveniencia. A este respecto cit¨® palabras de los portavoces socialista y comunista recogidas en los diarios de sesiones correspondientes.

Sobre la ampliaci¨®n de competencias de la Audiencia Nacional, Jim¨¦nez Blanco arguy¨® que hab¨ªa motivos de urgencia, debido al aumento de los delitos y al retraso de la tramitaci¨®n de las causas, por lo que pod¨ªa apelarse al art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n, que faculta al Gobierno para dictar decretos-ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

En cuanto a la pr¨®rroga de la ley Antiterrorista afirm¨® que nadie puede negar que es necesaria y que el plazo de un a?o que se contemplaba en la misma ley -y que hubiera expirado el 3 de diciembre- no era m¨¢s que una previsi¨®n A?adi¨® que su grupo no hubiera deseado la pr¨®rroga, pero que sin este incremento ser¨ªa muy dif¨ªcil proseguir la lucha contra el terrorismo, mientras hay profundos ataques contra la sociedad democr¨¢tica.

Un recuerdo al TOP

Gregorio Peces-Barba, por los socialistas, intervino para decir que el portavoz de UCD hab¨ªa utilizado, para justificar la ampliaci¨®n de competencias de la Audiencia Nacional, los mismos argumentos que se dieron en el franquismo para crear el Tribunal de Orden P¨²blico. A?adi¨® que se hac¨ªa una flaca lucha contra el terrorismo si no se respeta el Estado de derecho, y que este decreto-ley se ha utilizado para cubrir la imprevisi¨®n del Gobierno.

El portavoz socialista dej¨® bien claro que su grupo consideraba inconstitucional el procedimiento, aunque no el fondo de la ley prorrogada, ya que el articulo 86 de la Constituci¨®n impide hacer uso del decreto-ley cuando se afecta a derechos fundamentales de las personas, como es el derecho al juez natural recogido en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, y cuando se trate de instituciones fundamentales del Estado, como el poder judicial. El mismo argumento utiliz¨® para oponerse a Ia pr¨®rroga por decreto-ley de la legislaci¨®n antiterrorista, ya que tambi¨¦n se trata de derechos fundamentales, como la intimidad de las comunicaciones, el tiempo de detenci¨®n, el derecho a la asistencia de abogado, etc¨¦tera.

Afirm¨® Peces-Barba que no se trata de debilitar la lucha contra el terrorismo, sino de salvaguardar la Constituci¨®n, porque no se puede cometerla iniquidad de justificar el fin a trav¨¦s de los medios.

El resto de los portavoces se adhirieron en general a la posici¨®n socialista. Alejandro Rojas Marcos, del PSA, dijo que el mismo Gobierno reconoce que la ley Antiterrorista no es efectiva puesto que en el pre¨¢mbulo del decreto-ley en cuesti¨®n se afirma que subsisten sus causas, y agreg¨® que no se combate el terrorismo endureciendo las leyes, sino combati¨¦ndolo con los instrumentos adecuados y de manera igualitaria.

Marcos Vizcaya, del Grupo Vasco, agreg¨®, por su parte, que su grupo teme que la ley se siga aplicando de forma indiscriminada, para a su amparo hacer detenciones en masa, incluso de militantes de partidos parlamentarios. Miguel Roca, del grupo catal¨¢n, indic¨® que la lucha contra el terrorismo s¨®lo ser¨¢ efectiva dentro de la constitucionalidad, y que la democracia tambi¨¦n tiene su esencia en el respeto de las formas.

Mientras Fernando Sagaseta insist¨ªa en que el decreto-ley en realidad crear¨ªa terrorismo, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s se centr¨® en que la ley Antiterrorista concede diez d¨ªas de detenci¨®n gubernativa y afirm¨® que esos d¨ªas pueden usarse para utilizar medios prohibidos por el C¨®digo Penal.

Manuel Fraga sostuvo que el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n es claro y que en un sistema constitucional, el principio de que es ley lo que le place al pr¨ªncipe ya no sirve. No obstante, para evitar el vac¨ªo legal que se producir¨ªa, propuso convalidar el decreto-ley y tramitarlo como proyecto de ley. Sol¨¦ Tura, por los comunistas, incidi¨® en los mismos argumentos y afirm¨® que se trata de una negligencia del Gobierno.