La negociaci¨®n de precios agrarios afecta al 75% de la producci¨®n total del pa¨ªs

Cada a?o, el Gobierno fija, previa discusi¨®n con las organizaciones representativas del campesinado, los precios de diecinueve productos agrarios. Se trata de establecer la percepci¨®n m¨ªnima para el agricultor por sus productos, con el compromiso de que la Administraci¨®n los adquirir¨¢ por ese precio si el mercado no los absorbiera. Este a?o, la negociaci¨®n para determinar los precios agrarios no se ha iniciado, pero ha sido ya motivo de enfrentamiento entre el ministro de Agricultura, Jaime Lamo, y el vicepresidente econ¨®mico, Fernando Abril, por el empe?o de ¨¦ste en contener a toda costa los incrementos de los precios al consumo. Precios que en los productos agrarios difieren espectacularmente de los percibidos en origen por el agricultor.

Diecinueve productos agrarios aproximadamente el 75% del total de la producci¨®n agr¨ªcola del pa¨ªs, se encuentran sometidos al r¨¦gimen de regulaci¨®n de campa?a que, en la pr¨¢ctica, supone la fijaci¨®n por parte de la Administraci¨®n de un precio m¨ªnimo de garant¨ªa, a percibir por el agricultor en origen.Este precio, normalmente inferior al que en realidad se abona por las producciones, constituye un tope m¨ªnimo indicativo y al mismo tiempo entra?a el compromiso de la Administraci¨®n de adquirir, a trav¨¦s de sus organismos aut¨®nomos competentes aquellas producciones que no sean absorbidas por el mercado, abonando precisamente el precio se?alado.

La fijaci¨®n de los respectivos precios de garant¨ªa suele realizarse con anterioridad al inicio de cada una de las campa?as estacionales, ya que su vigencia se inicia precisamente a partir del momento en que se efect¨²a la recolecci¨®n. En la fijaci¨®n de los precios intervienen obviamente numerosos factores y confluyen multitud de intereses, lo que hace que la negociaci¨®n sea habitualmente tensa y d ificil en dos vertientes: primero, entre los distintos estamentos de la Administraci¨®n que intervienen, pero tambi¨¦n cuando lo que se opone sobre la mesa son las propuestas oficiales y las demandas del sector.

Las negociaciones para la fijaci¨®n de los precios agrarios de campa?a se desarrollaron tradicionalmente en el seno del FORPA (Fondo de Ordenaci¨®n y Regulaci¨®n de Productos y Precios Agrarios), un organismo aut¨®nomo dependiente del Ministerio de Agricultura, en el que estaban supuestamente representados los intereses del sector. Desde la firma de los pactos de la Moncloa -en el oto?o de 1977- son las distintas organizaciones campesinas las que incorporan las posiciones de los agricultores a la mesa negociadora. Frente a ellas. la postura de la Administraci¨®n se ha pretendido vaya evolucionando hacia planteamientos unitarios directamente propiciados por la tutela directa del actual vicepresidente econ¨®mico, Fernando Abril, cuya primera actuaci¨®n al frente del equipo econ¨®mico -puesto que asumi¨® en febrero de 1978- fue precisamente teledirigir la primera negociaci¨®n de precios agrarios con presencia campesina, confusamente iniciada pocas semanas antes de la dimisi¨®n de Enrique Fuentes.

La cuant¨ªa determinada para los precios de los productos agrarios regulados tiene especial importancia por m¨²ltiples conceptos. La fijaci¨®n de precios constituye un elemento de primera magnitud para propiciar una ordenaci¨®n de las producciones, por v¨ªa de incentivar o desincentivar los cultivos. La falta de previsi¨®n y planificaci¨®n en los cultivos ha determinado la existencia de situaciones de escasez en los suministros, que han debido resolverse por lo general mediante la realizaci¨®n de importaciones. por supuesto a un coste m¨¢s elevado que el de las producciones nacionales y con el consiguiente dispendio de divisas. Las cifras de superficie cultivada de algunos productos (v¨¦ase cuadro adjunto) guardan una estrecha relaci¨®n con la evoluci¨®n de sus precios. El agricultor precisa conocerel precio de garant¨ªa fijado para la campa?a antes de iniciar la siembra. en aras de poder calcularla rentabilidad posible de su explotaci¨®n y decidir la permanencia

es m¨¢s perceptible en determina dos cultivos y zonas, ya que intervienen, adem¨¢s del precio, la versatilidad del terreno y las posibilidades de mecanizaci¨®n o utilizaci¨®n de mano de obra.

Uno de los cultivos m¨¢s sensibles a la evoluci¨®n del precio es el de la remolacha azucarera, una de cuyas particularidades es la de ser, con el algod¨®n, uno de los que mayor componente de mano de obra absorbe en el sector agrario espa?ol. La remolacha ha sido este a?o el primer producto presuntamente sometido a discusi¨®n, ya que para debatir su precio hab¨ªan sido convocadas las organizaciones campesinas el pasado mi¨¦rcoles. Sin embargo, las tensiones existentes en el seno del equipo econ¨®mico, concretamente entre vicepresidente y ministro de Agricultura (v¨¦ase EL PAIS de ayer), determinaron la suspensi¨®n de la convoca -toria hasta nueva orden y por decisi¨®n expresa de Fernando Abril. Las cifras incluidas en el cuadro adjunto muestran la importante reducci¨®n de la superficie destinada al cultivo de la remolacha entre los a?os 1978 y 1979, concidente con un incremento de precios de s¨®lo el 6,2%, tras varios a?os de aumentos igualmente reducidos. El proceso guarda especial similitud con el desarrollo en torno a 1973, conocido como el a?o de mayorescasez en el mercado azucarero mundial. Actualmente, las expectativas del mercado son cuando menos delicadas, a la vista del progresivo y continuado incremento registrado en los precios del mercado de futuros de Nueva York y de la reducci¨®n de la producci¨®n cubana, principal abastecedor de az¨²car a nivel mundial.

Frente a estos planteamientos sectoriales, otros estamentos de la Administraci¨®n, concretados en estos tiempos por la vicepresidencia econ¨®mica y el Ministerio de Econom¨ªa, sustentan la tesis de que los precios de los productos agrarios

para evitar repercusiones excesivas en el componente alimentaci¨®n del ¨ªndice de precios al consumo, del que supone aproximadamente un 40% en materia de ponderaci¨®n. Sin embargo, lo que repercute directamente en el IPC no son los precios pagados en origen al agricultor, sino los satisfechos por los consumidores; es decir, los que se determ inan por los costes de la adquisicion en origen y los de las sucesivas fases de comercializaci¨®n y distribuci¨®n. Este es precisamente uno de los tradicionales puntos de fricci¨®n entre los Ministerios de Agricultura y Comercio, ¨²ltimamente interferidos por la acci¨®n de la vicepresidencia econ¨®mica, dr¨¢s.ticamente empe?ada en controlar la inflaci¨®n por la v¨ªa de incidir en el sector primario y controlar los aumentos salariales casi exclusivamente.

Durante los ¨²ltimos a?os, justamente aquellos en los que la inflaci¨®n ha podido ser controlada regularmente, se observa una r¨¢pida desaceleraci¨®n de los incrementos de precios del componente alimentaci¨®n del IPC, mientras los restantes han experimentado alzas superiores a la media anual registrada. No obstante, los aumentos en los precios de los productos alimenticios contin¨²an manteni¨¦ndose muy por encima de las cifras se?aladas para la evoluci¨®nde los precios en origen. En 1979, con un IPC para el conjunto del a?o del 15,6%, el grupo alimentaci¨®n creci¨® el 8,4%, y el indicador de los precios reales en origen fue negativo, seg¨²n los avances calculados por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. El aumento de precios m¨ªnimos pactado el pasado a?o entre la Administraci¨®n y las organizaciones campesinas para los diecinueve productos fue, en promedio, del 12,5 1 %. Acuerdo complementado con el compromiso de la Administraci¨®n de contener el ento de los distintos inputs (costes directos) de la producci¨®n del sector en torno al 10%. Sin embargo, s¨®lo los incrementos de los precios de los combustibles y los fertilizantes registrados el pasado a?o han rebasado ya el porcentaje.

Reducci¨®n de renta

Todas estas circunstancias determinan, en opini¨®n de los representantes del sector y de expertos, una progresiva reducci¨®n de las rentas del sector agrario y una cada vez m¨¢s profunda diferenciaci¨®n entre la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los medios urbano y rural. Este punto es tambi¨¦n objeto de controversia entre especialistas y te¨®ricos econ¨®micos de diverso signo. Unos estiman que las necesidades del habitante rural son mucho m¨¢s reducidas, ya que se encuentra inmerso en una econom¨ªa de estricta subsistencia y que no es v¨¢lido el paralelismo entre las rentas de los dos colectivos. Otros aducen que el porcentaje de poblaci¨®n activa concentrado todav¨ªa en el sector agrario es excesivo (20%) y que por v¨ªa de rentas es viable realizar un -reajuste. Otra postura se centra, finalmente, en la necesidad de recomponer el sector agrario, dotando el medio rural del oportuno equipamiento y garantizando la rentabilidad de las explotaciones, como ¨²nico medio de evitar la progresiva desertizaci¨®n del.pa¨ªs.La utilizaci¨®n de la pol¨ªtica de precios como medio de liberar recursos (incluidos los humanos) del sector agrario para fomentar el crecimiento de otros sectores ha sido, y en cierto modo sigue siendo, una realidad en este pa¨ªs. Durante el per¨ªodo dorado del desarrollismo tutelado por el equipo L¨®pez Rod¨®, los precios de los productos agr¨ªcolas se mantuvieron pr¨¢cticamente congelados, lo que da pie a considerar que el despegue industrial de este pa¨ªs fue financiado con cargo al sector agrario. Hecho este que podr¨ªa dar pie a un estudio sociol¨®gico en profundidad de las mutaciones sociales espa?olas de la segunda parte del siglo.

El sector agrario espa?ol adolece ciertamente de importantes deficiencias estructurales, algunas de las cuales son imputables a la peculiar distribuci¨®n de la propiedad de la tierra y a las posibilidades productivas de algunas regiones espa?olas. Suele manejarse el dato de que el porcentaje de poblaci¨®n activa dedicado a la agricultura es excesivo si lo comparamos con las cifras de varios pa¨ªses europeos. Pero tambi¨¦n es cierto que los rendimientos por hect¨¢rea de los cultivos espa?oles son notablemente inferiores a los obtenidos por esos pa¨ªses con los que se establece la comparaci¨®n. Estas peculiaridades estructurales inciden tambi¨¦n de modo decisivo en la confusa situaci¨®n que a nivel representativo presenta el campo espa?ol.

Las distintas organizaciones campesinas son, en realidad, m¨¢s patronales que otra cosa, puesto que en ellas se agrupan preferentemente peque?os y medianos prop¨ªetarios, aunque la m¨¢s importante, la Coordinadora Estatal, est¨¦ en cierto modo controlada por un partido de izquierdas como el Comunista (PCE). Esta particularidad de las organizaciones campesinas invalida en cierto modo la calificaci¨®n de sindicato que casi todas ellas se atribuyen y, al mismo tiempo, condiciona decisivamente el desarrollo de las sucesivas negociaciones de precios en cada una de las campa?as agr¨ªcolas.

En las negociaciones de precios agrarios confluyen, en fin, multitud de factores por ambas partes, cuya agrupaci¨®n final resulta de dif¨ªcil conciliaci¨®n. Ah¨ª est¨¢n, como ejemplos, las tensiones internas del equipo econ¨®mico y los intentos de dos agrupaciones campesinas -Frente Sindical y Coordinadora- para negociar por separado los precios de la pr¨®xima campa?a.

Y no son pocos los que comienzan a dudar de la conveniencia de mantener estas negociaciones de precios. El incremento registrado durante el pasado a?o en los productos regulados fue superior al de los no regulados, y el crecimiento de todo el conjunto apenas alcanz¨® el 6,5%. Frente a este dato, los costes productivos crecieron una media del 15% para los agricultores, y descontando las alzas directas de los combustibles, ese aumento de costes hubiera sido s¨®lo del 8,5%.