Multa de cincuenta millones de pesetas a la promotora de Nueva Alcal¨¢

La Delegaci¨®n Provincial de la Vivienda est¨¢ a punto de acabar el expediente de imposici¨®n de tres multas, que en total suponen 50.500.000 pesetas, a la inmobiliaria Segunda Alvega, por presuntas infracciones cometidas en la urbanizaci¨®n Nueva Alcal¨¢, grupo de 2.400 viviendas ubicado en el t¨¦rmino municipal de Alcal¨¢ de Henares. Los expedientes se relacionan con irregularidades en la construcci¨®n y cobro de cantidades superiores a las legales en viviendas de protecci¨®n oficial.

La inmobiliaria Segunda Alvega fue constituida en el a?o 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Catalu?a. Su objeto comercial era el de promover viviendas de protecci¨®n oficial. Para ello, compr¨® unos terrenos, calificados como r¨²sticos, en Alcal¨¢ de Henares, en los que promovi¨® la construcci¨®n de 2.400 viviendas, catalogadas por el ya desaparecido Ministerio de la Vivienda en el subgrupo segundo de protecci¨®n oficial.En ese momento, la inmobiliaria entr¨® en contacto con la cooperativa La Familia Espa?ola, a la que propuso entrar en el negocio de promoci¨®n de viviendas, como si la promotora de los pisos fuera la cooperativa y no la inmobiliaria.

La maniobra fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la cooperativa y dos de sus vocales. Sin embargo, la denuncia no surti¨® otro efecto que el que esas tres personas fueran apartadas de sus cargos.

Los cargos del vicepresidente y los dos vocales fueron ocupados inmediatamente por tres personas representantes de la inmobiliaria Segunda Alvega, esto es, del propio Banco Industrial de Catalu?a.

Las primeras denuncias presentadas, que lo fueron en enero del a?o pasado, se refer¨ªan a la percepci¨®n por parte de la inmobiliaria de un sobreprecio de 300.000 pesetas por vivienda, con respecto al valor oficial de aquel momento; esto supone la percepci¨®n global de unos setecientos millones de pesetas adicionales. Adem¨¢s, las denuncias fueron formuladas por supuesta falsedad de los contratos y vulneraci¨®n de las leyes en vigor sobre la percepci¨®n y garant¨ªa de cantidades a cuenta.

La situaci¨®n viene a resolverse por lo menos en v¨ªa administrativa, gracias a la posible resoluci¨®n sancionadora del delegado provincial de la Vivienda, Jos¨¦ Luis Mas.

Como m¨¢s directamente implicados en el tema, aunque haya sido como simples representantes de la inmobiliaria o del banco, aparecen cinco personas que en la actualidad no ostentan ya cargo de responsabilidad en ninguna de las entidades citadas. Se trata de Pablo de la Torrente, vicesecretario de la cooperativa y presidente de la inmobiliaria; Jos¨¦ Boronat, vicepresidente de la cooperativa, secretario de la inmobiliaria y adjunto a la direcci¨®n del banco; Luis Flaquer, consejero de la inmobiliaria y alto funcionario del banco; Antonio Barba, director de relaciones p¨²blicas de la inmobiliaria, apoderado de la misma y vocal de la cooperativa, y V¨ªctor Crespo, apoderado del banco en su delegaci¨®n en Madrid y consejero de la inmobiliaria. El Banco Industrial de Catalu?a forma parte del grupo de Banca Catalana, entidad que recientemente ha aumentado su participaci¨®n hasta un 51%. A su vez la Caja de Pensiones de Catalu?a y Baleares participa con un 7% en la Banca Catalana.