Campa?a represiva contra la oposici¨®n pol¨ªtica salvadore?a

Los hechos ocurridos en los ¨²ltimos d¨ªas en El Salvador parecen dar la raz¨®n a quienes mantienen la tesis de que el Gobierno de ese pa¨ªs se ha propuesto combatir a ultranza a las organizaciones populares. Este sistematizado plan se cumple adem¨¢s con el apoyo, o al menos el silencio, de Estados Unidos, que sigue considerando a la actual f¨®rmula de Gobierno como la ¨²nica capaz de evitar el acceso al poder en El Salvador a grupos de izquierda.

El Gobierno no ha utilizado el estado de sitio implantado en el pa¨ªs para defender, tal como se?al¨®, la reforma agraria y la nacionalizaci¨®n de la banca, sino para desatar una ola de represi¨®n, que ha cobrado en los doce d¨ªas del presente mes m¨¢s de 150 muertos. La violencia del Estado se ejerce de manera selectiva, dirigida espec¨ªficamente contra los dirigentes de partidos y organizaciones izquierdistas, en un claro intento de dejarlas sin l¨ªderes.Al amparo de las medidas de excepci¨®n, los cuerpos de seguridad ya no respetan lugares que anteriormente hab¨ªan escapado a las acciones policiales. El Ej¨¦rcito y la Guardia Nacional han roto tres veces en los ¨²ltimos d¨ªas el fuero universitario para detener a dirigentes pol¨ªticos y clausurar reuniones.

Aunque los avances noticiosos afirmaban que Alberto Ramos, secretario general del FAPU, hab¨ªa aparecido muerto (noticia facilitada por la gente de esta organizaci¨®n aqu¨ª), en San Salvador han desmentido la noticia ayer por la ma?ana y han asegurado que est¨¢ vivo y fuera del pa¨ªs.

P¨¦rdida de credibilidad

En este contexto, las reformas anunciadas por la Junta de Gobierno salvadore?a (completa desde ayer con la prevista incorporaci¨®n de Jos¨¦ Napole¨®n Duarte, sustituto de H¨¦ctor Dada) no obtienen ninguna credibilidad. Ni siquiera la incipiente clase media del pa¨ªs, tradicionalmente tibia, desde el punto de vista pol¨ªtico, y dispuesta siempre a seguir a los Gobiernos de turno, parece aprobar la situaci¨®n imperante en el pa¨ªs. Muchas de estas familias est¨¢n ya afectadas por la represi¨®n estatal. Poco a poco se produce en El Salvador un fen¨®meno similar al que sucedi¨® en Nicaragua, y que en buena parte contribuy¨® a la ca¨ªda de Anastasio Somoza: apenas quedan familias salvadore?as que no lamenten un muerto, un desaparecido o un preso en su seno.En el horizonte de ese atribulado pa¨ªs centroamericano no aparecen indicios de que tal estado de cosas vaya a cambiar. Ante la evidencia de torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones a la vista del p¨²blico, las autoridades evitan no ya el anuncio de investigaciones o castigos contra los culpables, sino el m¨¢s m¨ªnimo pronunciamiento, la m¨¢s leve explicaci¨®n. Los dirigentes de los grupos paramilitares, que tienen sobre sus espaldas buena parte de la responsabilidad de la ola represiva, son perfectamente conocidos. Sin embargo, ni uno solo de ellos ha sido detenido hasta ahora.

En opini¨®n de los observadores, est¨¢n pr¨¢cticamente perdidas las esperanzas de paz social en El Salvador. Paralelamente, son cada d¨ªa m¨¢s claras las perspectivas de una guerra civil abierta en el pa¨ªs, que parece ser el objetivo b¨¢sico de la ultraderecha salvadore?a.